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Las negociaciones que se desarrollan en esa otra «troika» que componen el Consejo, la Eurocámara y la Comisión Europea han entrado en su última fase desatando todas las alarmas en el campo, la ganadería y la industria agroalimentaria de nuestro país y especialmente en Andalucía, por la ruina que puede traer de confirmarse la propuesta de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2014-2020.
La Comisión quiere introducir cambios significativos. En primer lugar la llamada “tasa plana”, que consiste en asignar una cantidad fija por hectárea a nivel nacional y regional independientemente de la producción. Se incluirían más de cinco millones de hectáreas de superficie no productiva y las ayudas dejarían de estar ligadas a la producción, produciéndose un trasvase de fondos de la agricultura productiva –“que genera empleo y fija la población al medio rural”- a tierras baldías, cotos de caza y pastos. «El 1,5% de latifundistas y monopolios del campo se llevan el 29% de las ayudas» Debido a la diversidad productiva española, esta tasa llevará la ruina a las explotaciones más productivas y reguladas por la UE como el olivar, el viñedo, el algodón, el tabaco o los frutales, pero también a los regadíos y la ganadería.Otro punto nefasto para las características de nuestra agricultura -muchas pequeñas y medianas explotaciones-, es la definición de “agricultor activo” que quiere introducir Bruselas y que sería el que reciba ayudas de la PAC menores del 5% del total de ingresos. Con esta regla quedarían excluidas el 80% de las explotaciones, pero casualmente esta característica la cumplirían los latifundistas y grandes propietarios de tierras, los que las organizaciones del campo acertadamente han definido como “agricultores de sofá”, y que de mantenerse, excluiría a miles de agricultores, para que entidades como Zumavesa, Pastas Gallo, Casa de Alba, Nestlé y Mercadona sigan cobrando subvenciones por importes de 10; 7,4; 3; 2,7 y 2,6 millones de euros respectivamente, sin ser la agricultura su actividad principal.Desde la COAG se denuncia que “sería inaceptable un reparto de ayudas indiscriminado que supusiera el trasvase de fondos de los profesionales agrarios a los propietarios de la tierra ajenos al sector”.Más subvenciones para latifundios y monopoliosY en tercer lugar, para culminar este despropósito se proponen subir de los 200.000 euros actuales a 300.000 el tope máximo por explotación, mientras que las organizaciones agrarias exigen que se rebaje el tope y no supere los 100.000 euros por explotación para que las ayudas vayan a los agricultores realmente en activo y no a los grandes propietarios, esos “agricultores de sofá” grandes perceptores de subvenciones. Con la subida del tope lo único que se garantiza es que continúe el reparto actual: el 1,5% de latifundistas y monopolios del campo se llevan el 29% de las ayudas, frente al 98,5% que se han de repartir el 71%; 11.212 subvencionados se llevan 1.110 millones de euros mientras que el 46% cobran menos de 1.250 euros.La intervención de Bruselas, imponiendo cuotas y condiciones, ha convertido nuestro campo en dependiente de las ayudas de la PAC y cualquier cambio como el que se propone ahora sólo puede traer más ruina. Mientras en el año 1985, un año antes de nuestro ingreso en la UE, las subvenciones sólo representaban el 4,6% de la renta agraria, hoy esas “ayudas” significan el 30% de la renta agraria.Andalucía –receptora de casi la mitad de las subvenciones- es especialmente sensible. En Jaén, con el 10% de las ayudas (420 millones de euros anuales) esta nueva PAC puede significar un duro golpe al olivar tradicional.Defender nuestra agricultura y ganadería y el empleo en el campo exige, en lo inmediato, frenar esta reforma, pero a largo plazo crear las condiciones para acabar con la intervención de Bruselas y la dependencia de las subvenciones, para que éstas no decidan la rentabilidad de nuestros campos.