Cargando...En España se está produciendo un resurgimiento de las infecciones por COVID-19, con algunas de las peores cifras de Europa. En agosto de 2020, instamos al Gobierno central español y a los gobiernos autonómicos a que evaluaran de forma independiente su respuesta a la COVID-19 para identificar las áreas en las que es necesario mejorar la salud pública y el sistema de atención sanitaria y social.
Aunque recibimos un amplio apoyo de más de 50 sociedades científicas y asociaciones que representan a las comunidades profesionales de la salud pública, la medicina y la enfermería; ahora es necesario definir dicha evaluación en términos de su oportunidad, alcance y liderazgo. Aquí sugerimos tres requisitos principales y cuatro principios rectores, adaptados de La investigación pública sobre la respuesta del Reino Unido a la COVID-19 de McKee y colaboradores, que creemos que garantizarían el éxito de una evaluación independiente.
El primer requisito es la urgencia; la evaluación debe comenzar inmediatamente e informar periódicamente hasta el final de la pandemia. En un país en el que las tensiones políticas son elevadas, el segundo requisito es el apoyo generalizado de los partidos políticos, las asociaciones científicas, los profesionales de la salud, los pacientes y los cuidadores, la sociedad civil y la sociedad en su conjunto. La reacción a nuestra primera carta fue positiva entre todas las partes interesadas, y los gobiernos deben aprovechar ese consenso. El tercer requisito es un compromiso firme del gobierno central y los gobiernos autonómicos de escuchar las recomendaciones propuestas en la evaluación y actuar en consecuencia.
Una vez acordados los requisitos, sugerimos cuatro principios rectores para garantizar el éxito del proceso. El primero, y más importante, es la independencia de los miembros del comité de evaluación. Las personas que seleccionan a los miembros del equipo de evaluación, y los propios miembros, deben ser independientes del Gobierno, no haber trabajado en el gobierno, y no tener intereses contrapuestos. En el comité de selección y en el equipo de evaluación podrían participar académicos españoles independientes, que trabajen tanto en España como en el extranjero, y expertos internacionales. En segundo lugar, se necesita una cultura de no culpabilidad, centrada en proporcionar recomendaciones que puedan mejorar la situación sin repartir culpas. En tercer lugar, el equipo de evaluación debe ser equilibrado en cuanto al género y multidisciplinario para promover una evaluación crítica más amplia. Cuarto, la evaluación debe tener un alcance amplio, analizando los efectos sanitarios, económicos y sociales con aportaciones tanto del Gobierno central como de las comunidades autónomas, dado el alto nivel de competencias descentralizadas.
La organización de la evaluación puede elegirse a partir de modelos existentes, como la evaluación propuesta por la OMS, el modelo de Grupo Parlamentario de Todos los Partidos utilizado en Reino Unido, o la investigación realizada en el estado de Victoria (Australia). Los grupos de trabajo y la solicitud de pruebas también podrían complementar ese proceso, haciendo participar a las sociedades científicas pertinentes que representan a los profesionales de la atención de la salud y otros profesionales, las organizaciones de pacientes y la sociedad civil en el suministro de pruebas y conocimientos especializados.
Seguimos alentando al Gobierno central español y a los gobiernos regionales a llevar adelante esta evaluación, que podría convertirse en un ejemplo para que otros países la reproduzcan. Seguiremos ofreciendo propuestas más detalladas. Esta evaluación, basada en la evidencia científica, es ahora urgentemente necesaria para orientar la política de salud pública y contribuir a la superación de la pandemia de COVID-19.
Declaramos que no hay intereses encontrados.
Firmada por Alberto García-Basteiro, Carlos Álvarez-Dardet, Alex Arenas, Rafael Bengoa, Carme Borrell, Margarita Del Val, Manuel Franco, Montse Gea-Sánchez, Juan Jesús Gestal Otero, Beatriz González López Valcárcel, Ildefonso Hernández, Joan Carles March, José M. Martín-Moreno, Clara Menéndez, Sergio Minué, Carles Muntaner, Miquel Porta, Daniel Prieto-Alhambra, Carmen Vives-Cases y Helena Legido-Quigley.