Cargando...
Los precios de los antitumorales son abusivos, pero el filtro de los recortes más
En España, en dos años, el tiempo que pasa entre la aparición de nuevos antitumorales y la autorización para su uso clínico ha pasado de 9 meses a 18. En algunas ocasiones se posterga su entrada al SNS a dos años.
Las negociaciones entre gobierno y multinacionales farmacéuticas impide la rápida incorporación de estas nuevas especialidades, con lo que los pacientes están en una especie de “corredor de la muerte burocrático”. Entre la espada del combate al déficit público para salvar la banca y la pared de los beneficios empresariales de las grandes farmacéuticas.
Una vez autorizado el uso del medicamento, tal como denuncian oncólogos y asociaciones de pacientes, entramos en las reevaluaciones que llevan a cabo las comunidades autónomas y las limitaciones que introducen algunos hospitales. Estas pueden retrasar o llanamente impedir su uso, con lo que acaban accediendo los pacientes de unas Comunidades Autónomas y no los de otras, los de un Hospital pero no los de otro.
Los fármacos antitumorales, o antineoplásicos, son uno (junto a las terapias del SIDA) de los pilares presupuestarios de los grandes hospitales españoles hacia los grandes laboratorios.
Los precios son considerados por los propios oncólogos como “demasiado elevados”, “insostenibles”, por lo que, ponen por sí mismos en riesgo el acceso a los fármacos por parte de pacientes que los necesitan. Ya sea porque se lo tienen que costear directamente, a través de seguros privados o a través de sistemas sanitarios públicos, como el nuestro, que se están viendo degradados.«No se negocia a la baja los precios por la sumisión»
Precios en espiral
La espiral de precios afecta, especialmente, a las nuevas moléculas que salen al mercado.
Los especialistas advierten que el coste de los medicamentos prácticamente se ha duplicado en la última década y cómo de los 12 compuestos contra el cáncer aprobados el año pasado por la FDA estadounidense, 11 tienen un coste superior a 77.000 euros anuales por paciente. En diez años hemos pasado de un gasto medio de 3.800 € mensuales por enfermo a más de 10.000. Dos de estos antitumorales fueron rechazados el pasado año por el Ministerio de Sanidad, por su alto precio.
El argumento de los laboratorios es cansino: desarrollar un nuevo fármaco ronda los 1.000 millones de euros y el 40% del aumento de la esperanza de vida entre 1986 y 2000 se debe a los nuevos medicamentos aparecidos en este periodo. Pero los hechos hablan de otra cosa.
Un reciente artículo que recoge el sentir de 120 oncólogos de todo el mundo especializados en la leucemia mieloide crónica en la revista Blood, de la Sociedad Americana de Hematología (entre ellos oncólogos del prestigioso MD Anderson Cancer Center de Houston (EE UU) o de la Clínica de Navarra), repasa la evolución en el tratamiento de un tipo de leucemia que hasta hace 12 años era mortal, la mieloide crónica. La aparición del imatinib (Glivec por su nombre comercial, desarrollado por Novartis) revolucionó el tratamiento como pocas veces sucede en el complejo mundo de la lucha contra el cáncer. De una esperanza de vida de cuatro años se pasó a controlar (cronificar) la enfermedad en más del 90% de los casos.
Cuando el producto se aprobó en los Estados Unidos, en 2001, el coste anual era de 30.000 dólares (23.000 euros) por paciente. La cifra se ha disparado a 90.000 dólares (69.000 euros). Los ingresos de Novartis —que recientemente ha perdido la batalla que mantenía con India por la patente de este fármaco— ligados a Glivec asciendieron en 2012 a 4.700 millones de dólares (3.600 millones de euros).
En España, el tratamiento con Glivec es de algo más de 30.000 euros al año —que asume la sanidad pública— frente a los 69.000 euros en EE UU.
En EEUU el enfermo con bajo poder adquisitivo tiene directamente una barrera a seguir viviendo; gobierno, aseguradoras y farmacéuticas forman una tríada que imponen al ciudadano un saqueo mortal, “tanto tienes, tanto vives”.
¿Sistemas públicos?
Y aunque aquí haya sistemas públicos no estamos fuera del problema, al revés. Nos están obligando a reconvertir nuestra sanidad para que pueda haber un trasvase efectivo de riqueza hacia sus fondos de inversión sanitarios, grandes aseguradoras y empresas proveedoras de servicios sanitarios. «Maneras de ahorrar para ellos, de morir para nosotros»
El proyecto de degradar política y económicamente España se traduce en hechos como este. En cinco años, España ha pasado de estar en cabeza en la incorporación de fármacos oncológicos, junto a Austria, a situarse a la cola, junto a Portugal o Grecia.
Por eso el gobierno no destina fondos a ampliar la sanidad pública y universal. No porque no los haya, sino porque tienen que ser trasvasados al otro lado del Atlántico.
En los últimos tres años, el gasto en sanidad en España ha caído un 10,6%, lo que equivale a 6.700 millones de euros menos en los presupuestos destinados a salud, mientras que en ese espacio de tiempo hemos pagado más de 100.000 millones de euros sólo en intereses de una deuda pública que ha sufrido la arbitrariedad de las agencias de calificación de riesgo norteamericanas.
No se negocia a la baja los precios de los medicamentos por la sumisión y el apego al poder de los grandes laboratorios. Apego que se traduce en compensaciones crematísticas a diferentes niveles por parte de éstos a los partidos en el gobierno de turno.
Se sabe, por ejemplo, que la patente del Glivec caduca en tres años. Saldrán genéricos y su precio rondará el 10% del actual. ¡El 10%! Y, aún así, ¡ganarán dinero! ¿Hay algún argumento más sólido para imponer una rebaja drástica de precios?
Maneras de morir
Un ejemplo de esta dilación es el caso de everolimus (Afinitor en su nombre comercial, del laboratorio Novartis) para sus indicaciones en cáncer de pecho en determinadas pacientes (aquellas con sobreexpresión del gen HER2 y sensibles a la terapia hormonal). La Comisión Europea (CE) aprobó su uso en julio de 2012 y aún no se ha incorporado a la lista de fármacos subvencionados por red pública para tratar tumores de mama (ya está para renales). Bastante más tiempo lleva esperando la eribulina (Halaven, laboratorios Eisai), aceptada en Europa en marzo de 2011 para tumores de mama mestastásico tratados ya con dos terapias previas.
Más de dos años después, sigue a la espera de acuerdo. En situación similar está el vemurafenib (Zelboraf, Roche) autorizado por la CE en febrero 2012 para el melanoma metastásico en pacientes que expresan una mutación específica (la V600E, presente en el 60% de los melanomas) en el gen BRAF. El ipilimumab (Yervoy, BMS), para melanoma avanzado, tuvo que aguardar desde julio de 2011 hasta octubre 2012. El precio en el SNS por tratamiento es de 57.000 euros.
La Fundación para la Excelencia y la Calidad de la Oncología, en la que se encuentran 27 jefes de servicio de hospitales españoles, advirtió recientemente de que seguir existiendo tardanza en la incorporación de nuevos fármacos y diferencias territoriales en el acceso a un mismo medicamento “lo conseguido hasta ahora en oncología en términos de supervivencia y calidad de vida en España puede sufrir un retroceso importante”. También el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (Gepac) ha trasladado sus quejas. “Cuanto más tiempo tarda en incorporarse a la sanidad pública, menos gasta la Administración al no administrar estos fármacos, es una cuestión de ahorro”, plantea la presidenta de la entidad, Begoña Barragán. Maneras de ahorrar para ellos, sí. Maneras de morir, para nosotros.