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Las revelaciones del medio de investigación The Intercept Brasil -decenas de conversaciones prevaricadoras del entonces juez instructor Sergio Moro, hoy ministro de Justicia de Bolsonaro, con el fiscal del caso Lava Jato- han provocado un escándalo mundial y un giro radical en el caso que mantiene encarcelado al expresidente Lula. Mientras que los abogados del líder del PT insisten en que fue víctima de una persecución política y judicial, y exigen al Supremo Tribunal Federal (STF) su inmediata liberación, Bolsonaro defiende a capa a y espada a su ministro de justicia, cada vez más acorralado por las informaciones.
The Intercept Brasil y su primera espada -el Premio Pulitzer Glenn Greenwald, un periodista norteamericano que reside en Brasil junto a su marido, David Miranda, diputado por Río de Janeiro del izquierdista PSOL- se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para el ultraderechista gobierno de Bolsonaro. Durante años, y por parte de toda la jauría mediática oligárquica y anti-petista, el juez Sergio Moro ha sido presentado como un insobornable magistrado, un honesto, «apolítico» e implacable martillo contra la «corrupción de los poderosos».
Esa imagen empezó a caer cuando Moro aceptó inmediatamente ser Ministro de Justicia del gobierno ultraderechista. Pero ahora las evidencias ponen a Sergio Moro contra la pared: hasta buena parte de los medios que lo encumbraron reniegan de él y piden su cese. Cosa que no hace el presidente Bolsonaro, que se empeña en defender a su ministro. «Lo que hizo Moro no tiene precio. Realmente destapó, mostró las vísceras del poder y la promiscuidad del poder en lo relacionado a la corrupción. No le quitarán el lugar que tiene en la historia de Brasil», dice el ultraderechista.
Pero la montaña de evidencias no se puede esconder. The Intercept revela años de conversaciones, audios y videos, que muestran hasta qué punto el juez Moro y el fiscal Deltan Dallagnol se coordinaron durante la investigación contra Lula para afinar una estrategia común, algo prohibido por la Constitución y el Código Penal brasileño. Las publicaciones dejan ver a un Sergio Moro que actuaba en privado como el jefe de los fiscales, dinamitando cualquier ilusión de imparcialidad entre defensa y acusación.
El objetivo de la farsa jurídica contra Lula -por la que el exmandatario lleva en la cárcel más de un año, sin una sola prueba sólida que demuestre los delitos de corrupción que se le imputan que no sean «delaciones premiadas»: confesiones de otros encausados del Lava Jato que conseguían mejoras en sus condenas a cambio de cambiar sus declaraciones contra Lula- queda ahora al descubierto, si es que alguna vez no fue evidente: impedir la continuidad en Brasil de los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT).
Primero se destituyó a Dilma Rousseff mediante un impeachment golpista y fraudulento, y luego se encarceló a Lula en abril de 2018 para que no pudiera utilizar su enorme tirón electoral como candidato presidencial. Incluso en la reciente campaña electoral brasileña, las revelaciones de Greenwald dejan ver cómo Moro y los fiscales conspiraron para intentar impedir que Lula concediera entrevistas desde prisión o se pudiera entrevistar con su lugarteniente y candidato del PT, Fernando Haddad.
Sin embargo, las valiosas revelaciones de The Intercept no son sino la superficie de una trama mucho más profunda. No han sido solo ni principalmente jueces prevaricadores como Sergio Moro, ni tampoco medios oligárquicos hostiles al PT (O Globo, Folha de Sao Paulo, O Estado de Sao Paulo, Veja…), ni siquiera la ultraderecha de Bolsonaro o tramas paramilitares en el Ejército o la policía los que han diseñado ni dirigido la trama golpista dirigida a derribar los gobiernos izquierdistas en Brasil y cambiar la alineación internacional del gigante económico y demográfico de América Latina.
No, los máximos urdidores de esta trama están más arriba y más lejos. A los guionistas y directores de esta farsa hay que buscarlos en la embajada norteamericana en Brasilia o directamente en Langley o en Washington. El proceso golpista en Brasil forma parte de una ofensiva de la superpotencia para recuperar en América Latina el terreno que la lucha de los pueblos le arrebató.