«Cruzando el dato del IPC con el de los salarios, se concluye una pérdida de poder adquisitivo de seis décimas para los trabajadores. Pero ese deterioro no refleja, en modo alguno, la situación económica global. La capacidad adquisitiva de las familias está fuertemente marcada por la evolución del mercado laboral. Pese a que su deterioro muestra una senda de moderación, la economía española todavía destruyó casi medio millón de empleos entre el primer trimestre de 2009 y el del año en curso»
Las cuentas son sencillas: la érdida de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo fue del 2,5% en el último año, lo que, sumado a la caída de seis décimas en los salarios reales, lleva a una disminución global del poder de compra de los consumidores del 3,1%. La renta real de los trabajadores supone un termómetro altamente ajustado del ciclo económico en el que se encuentra un país. El deterioro observado hasta junio se suma a las caídas del año pasado (4,1%) y 2008 (1%) (CINCO DÍAS) EL ECONOMISTA.- La CEOE defiende que se limite la prórroga de los convenios colectivos (conocida como ultraactividad) y que haya más materias pactadas que los empresarios puedan dejar de aplicar (el denominado descuelgue). Estos son los dos principales asuntos cuya negociación con los sindicatos es "imprescindible", según explica la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en una nota divulgada hoy. EL MUNDO.- La política penitenciaria ha sido utilizada por todos los gobiernos como un instrumento en la lucha antiterrorista (dispersión o reagrupamiento en cárceles del País Vasco son las dos caras de la misma moneda). Por ello, basta con constatar los hechos para afirmar que sí está pasando algo. El Gobierno, naturalmente, sabe lo que está pasando porque está siendo protagonista del nuevo escenario. Los movimientos en las cárceles y otro tipo de gestos amables se enmarcan en la política de división dirigida por el Ministerio del Interior, que se basa en un esquema muy simple: tratar bien a los «buenos» de ese mundo y acorralar a los «malos». Informe. Cinco Días La renta real cae un 3,1% y mantiene su sombra sobre el consumo privado Marcos Ezquerra El conjunto de las familias españolas sufrió en los últimos doce meses una caída de su renta real del 3,1%, un punto menos que la registrada a lo largo de 2009. Con todo, esa evolución condiciona la esperada recuperación del consumo, y más en un entorno de subida del IVA. La economía española sufre para abandonar la espiral negativa. La caída de la actividad se ha cebado de forma dramática con el empleo, reduciendo el poder de compra de las familias y, por lo tanto, afectando a las ventas de las empresas. Un círculo vicioso que, según los datos más recientes, tiene hoy menos diámetro que hace un año, pero sigue siendo preocupante. Si se toma como referencia a los trabajadores que conservan su empleo, el aumento salarial pactado hasta junio en los convenios colectivos se situó en el 1,3%, la mitad que hace un año. Una cifra condicionada por la débil coyuntura económica, porque, en el último decenio, la subida media en convenios alcanzó el 3,5% anual. Las previsiones de evolución de los precios de consumo afectan a las negociaciones citadas: pese al repunte de cuatro décimas respecto al mes anterior, la inflación todavía se situó en julio en el 1,9%, un nivel muy bajo para los estándares españoles. Cruzando el dato del IPC con el de los salarios, se concluye una pérdida de poder adquisitivo de seis décimas para los trabajadores. Pero ese deterioro no refleja, en modo alguno, la situación económica global. La capacidad adquisitiva de las familias está fuertemente marcada por la evolución del mercado laboral. Pese a que su deterioro muestra una senda de moderación, la economía española todavía destruyó casi medio millón de empleos entre el primer trimestre de 2009 y el del año en curso. Las cuentas son sencillas: la pérdida de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo fue del 2,5% en el último año, lo que, sumado a la caída de seis décimas en los salarios reales, lleva a una disminución global del poder de compra de los consumidores del 3,1%. Ello implica que el consumo de las familias, que aporta prácticamente dos tercios del producto interior bruto de España, tardará todavía en recuperar su velocidad de crucero. Habrá que esperar a que el INE publique los datos correspondientes al segundo trimestre, pero, al menos hasta el primero, el consumo privado todavía se redujo en seis décimas en tasa interanual. Con una caída de la renta real superior al 3%, es difícil esperar a corto plazo números negros de cierta importancia. Y más en un entorno que, desde el 1 de julio, está marcado por la subida del IVA (dos puntos en el tipo general y un punto en el reducido). Periodo recesivo Al margen de la incidencia que tienen la evolución de los beneficios y los impuestos indirectos sobre el reparto de la producción (reflejando, en cierta medida, la mayor o menor equidad en la distribución de esta), la renta real de los trabajadores supone un termómetro altamente ajustado del ciclo económico en el que se encuentra un país. El deterioro observado hasta junio se suma a las caídas del año pasado (4,1%) y 2008 (1%), que pusieron fin a 13 ejercicios consecutivos de ganancias. Hay que remontarse a la anterior recesión sufrida por la economía española para encontrar valores negativos, entre 1992 y 1994. Con una diferencia: al igual que sucede con la pérdida acumulada de PIB, el descenso de la renta laboral de los trabajadores es ahora más acusado que entonces. CINCO DÍAS. 3-8-2010 Agencias. El Economista La patronal pide que se limite la prórroga de los convenios colectivos La CEOE defiende que se limite la prórroga de los convenios colectivos (conocida como ultraactividad) y que haya más materias pactadas que los empresarios puedan dejar de aplicar (el denominado descuelgue). Estos son los dos principales asuntos cuya negociación con los sindicatos es "imprescindible", según explica la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en una nota divulgada hoy. La reforma de la negociación colectiva El pasado 28 de julio, las patronales CEOE y CEPYME se reunieron con los sindicatos CCOO y UGT para iniciar las negociaciones que permitan reformar la negociación colectiva. Quedaron en que la CEOE les enviaría su propuesta de reforma, algo que todavía no ha hecho y de lo que depende que se fije un calendario de trabajo para agosto y septiembre. En la nota de hoy la patronal dice que la ultraactividad debe ser limitada en el tiempo y que es necesario articular su alcance por "contenidos, ámbitos temporales y personales, entre otros". Sin profundizar en detalles, la nota añade que la "supresión" de la ultraactividad debe ser compatible con "los tiempos de negociación y con la aplicación de determinadas materias". Respecto del "descuelgue" en los convenios, se destaca que debe existir la posibilidad de que sea "general" y que no se limite "sólo" a la cuestión salarial. Comisiones Paritarias o resolución de conflictos son otros de los asuntos que la CEOE propone que se negocien con los sindicatos. Tipos de convenios Según informa la patronal en una nota, la negociación colectiva en España está estructurada así: el 29% de los trabajadores tienen convenios nacionales, el 6% autonómicos o interprovinciales, el 54% provinciales y el 11% de empresa. Hay unos 5.000 convenios, la mayoría de carácter normativo, que afectan a más de 10 millones de trabajadores. EL ECONOMISTA. 3-8-2010 Opinión. El Mundo Fin de la estrategia político-militar Casimiro García Abadillo ¿Qué está pasando en el País Vasco? ¿Se mueve algo en realidad o estamos ante la repetición de una estrategia que consiste en obtener compensaciones políticas y carcelarias a cambio de la promesa, siempre incumplida, de poner fin a la violencia? El Gobierno niega rotundamente que existan conversaciones con ETA o la izquierda abertzale. Pero el caso es que se están produciendo traslados de presos al País Vasco (la última en llegar a Nanclares de Oca ha sido Idoia López Riaño, conocida como La Tigresa, con 23 asesinatos a sus espaldas) y se están aplicando excarcelaciones con reclusos que han renunciado a seguir las consignas de la banda terrorista. Ese gesto parece suficiente para el Gobierno. Hasta el punto de que el ministro Rubalcaba ha llegado a afirmar que en la prisión alavesa de Nanclares «no hay ningún preso de ETA». La política penitenciaria ha sido utilizada por todos los gobiernos como un instrumento en la lucha antiterrorista (dispersión o reagrupamiento en cárceles del País Vasco son las dos caras de la misma moneda). Por ello, basta con constatar los hechos para afirmar que sí está pasando algo. El Gobierno, naturalmente, sabe lo que está pasando porque está siendo protagonista del nuevo escenario. Los movimientos en las cárceles y otro tipo de gestos amables se enmarcan en la política de división dirigida por el Ministerio del Interior, que se basa en un esquema muy simple: tratar bien a los «buenos» de ese mundo y acorralar a los «malos». Algo ocurre, porque el presidente del Gobierno, en declaraciones publicadas por El País el pasado 25 de julio, se arriesgó a resaltar como uno de los dos grandes aciertos de su gestión el llamado proceso de paz. «Tengo la convicción de que ahí se sembró una solución definitiva. Tengo esa confianza», afirmó. El problema es que, hasta ahora, los malos (el ala más dura de ETA) siempre se han impuesto, y los buenos han seguido de forma borreguil los dictados de los que tienen en sus manos las pistolas y las bombas. De ahí el escepticismo, el recelo de amplios sectores de la sociedad y, sobre todo, de las víctimas, que no están dispuestas a que el Gobierno ofrezca una vez más concesiones a cambio de la mera expectativa de que no haya más muertos. Es verdad que ETA lleva casi un año sin cometer atentados en España. Eso se puede deber a dos cosas: o bien a su debilidad extrema o bien a una decisión pactada con la izquierda abertzale para facilitar su legalización. O bien, a las dos. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo en el seno de la propia izquierda abertzale? Las fuentes consultadas apuntan a la existencia de un «proceso genuino», «autónomo de ETA» y «unilateral», que consiste en la renuncia definitiva a la violencia. Como lo expresa uno de sus dirigentes: «La estrategia político-militar se ha acabado». La conocida como declaración de Alsasua, hecha pública en noviembre de 2009, sería el sustento ideológico de esa nueva línea, en cuya definición habrían participado unas 7.000 personas pertenecientes a la base militante de la izquierda abertzale. Si eso es cierto, estaríamos ante un hecho sin precedentes. ETA, hasta ahora, siempre ha pilotado, dirigido o reconducido los procesos de debate interno dentro de ese conglomerado al que podemos identificar como Batasuna. Esta vez, según insisten las fuentes, el proceso ha sido completamente autónomo, al margen de ETA y no tiene vuelta atrás. Haga lo que haga ETA, Batasuna (con el nombre que sea) está dispuesta a jugar en política y sólo en política. Ahora bien, ¿qué hará ETA? En el seno de la izquierda abertzale se tiene la convicción de que la banda estaría dispuesta a ofrecer un alto el fuego «permanente y verificable». Que ésa sería su aportación al giro histórico protagonizado por Batasuna. Las dudas ante ese planteamiento son tan justificadas como dramáticas. ¿Qué haría la izquierda abertzale si ETA cometiera un nuevo atentado? La fuentes contestan: «Habría una respuesta». «Contundente», añaden. «Se produciría una ruptura», concluyen. Esas opiniones son conocidas por el Gobierno. Aunque niegue negociaciones, es evidente que existe un contacto muy directo con ese mundo. «El Gobierno conoce lo que estamos haciendo, sabe lo que ocurre en cada momento», confiesan las fuentes. Batasuna cree que su paso adelante en lo que califica como «proceso democrático» o, lo que sería para el común de los mortales, hacer política renunciando y condenando la violencia, ha sido fundamental para desencadenar en el interior de la propia ETA una dinámica encaminada al abandono de las armas. La forma más clara en la que se visualiza esa discusión es la fractura producida en el frente carcelario, en el que decenas de miembros de ETA han empezado a decir públicamente que la opción armada es un error y que hay que abandonarla de una vez para siempre. El caso es que todos tenemos tantos deseos de que ETA deje de matar que siempre pensamos que esta vez sí es la definitiva. Pero ahora hay condiciones que nunca se habían dado. En primer lugar, la extrema debilidad de ETA. Su falta de infraestructura, su ahogo financiero, la pérdida de apoyos internacionales, el aislamiento social incluso dentro del País Vasco. ETA no tiene ningún futuro y eso lo saben bien sus militantes y los que apoyan sus actos de barbarie. Por otro lado, los dirigentes de Batasuna saben que la clandestinidad la condena a perpetuarse como una fuerza política residual, irrelevante. Saben que una Batasuna sin lazos con ETA podría disputarle el liderazgo político en el campo del independentismo a un PNV anquilosado tras tres decenios en el poder y tocado por la corrupción. El Estado de derecho es ahora más fuerte que nunca. Y eso no se debe olvidar en esta tesitura. La paz, deseada por todos, no tiene que tener contraprestaciones políticas. Batasuna sabe lo que debe hacer si quiere ser legal y presentarse a las próximas elecciones. Su ruptura con ETA debe ser meridiana. Para la banda, ninguna medida de gracia debería ser puesta en marcha hasta que entregue las armas. Es decir, hasta que se produzca su rendición incondicional. Por último, en esta fase final del terrorismo, el PSOE no debe caer en la tentación de apuntarse un tanto que es de toda la sociedad. EL MUNDO. 2-8-2010