Hay quien dice que lo único más veloz que la luz es su precio. Y tiene un cierto sentido. Desde el 2007, el último año de bonanza económica y previo al estallido de la crisis, la factura eléctrica se ha encarecido más del 56% de media para la familia-tipo (una potencia contratada de 5,75 kilowatos y un consumo anual de 3.487 kilowatios por hora al año, según el perfil que recoge el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía), frente al 12,3% del salario medio y el 15,4% del índice de precios de consumo (IPC) durante el mismo periodo.
Los incrementos varían en función de la potencia contratada y el consumo, pero son elevados y han situado las tarifas españolas en los niveles más altos de la Unión Europea (UE), como refleja Eurostat. Y una de las consecuencias es que la factura eléctrica ha pasado de suponer para el caso elegido una media 2,6 de cada 100 euros de los ingresos a 3,58.
Jorge Morales de Labra, uno de los mayores expertos del sector, director general de GeoAtlanter, y miembro entre otras entidades de la junta directiva de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, destaca que si el esfuerzo medio para pagar el recibo de la luz ha aumentado casi el 40%, significa que hay mucha gente para la que supone mucho más. Y recuerda que el Consejo Social Europeo considera que un hogar se encuentra en situación de pobreza energética cuando ha de destinar a esos servicios más del 10% de sus ingresos.
MÁS PARADOS Y MENOS OCUPADOS / Otro de los problemas es que en el 2007 había más gente en el mercado laboral español (20,3 millones de ocupados) y menos parados (1,8 millones), mientras que en la actualidad los ocupados son 17,5 millones, casi tres millones menos; y los parados son 5,5 millones, 3,7 millones más. Y estos últimos tienen que hacer frente a las facturas de servicios esenciales, que son mucho más caras que antes de que estallara la crisis.
Y es que la luz no es el único servicio básico que ha subido mucho más que el conjunto de los precios y que el salario medio. También el gas y el agua se han encarecido muy por encima, con alzas acumuladas de casi el 30% y el 46% para los perfiles de consumo elegidos.
Para estimar el alza del gas se emplea el hogar-tipo que utiliza la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC): una familia en zona mediterránea con tarifa 3.2, la más habitual, y un consumo anual de unos 6.000 kwh al año. Los precios de referencia son los que recoge Eurostat y, según el sector, no respondían a la realidad hasta el 2012 por discrepancias metodológicas con el Gobierno y al aumento afirman que es del 10%. Para el agua, la referencia es una vivienda tipo B en Barcelona, con tres personas y un consumo de nueve metros cúbicos. El mayor gasto de gas se concentra en invierno y en la zonas más frías, la factura puede duplicarse con respecto a la tomada como referencia.
En el caso del agua en el área metropolitana de Barcelona, una parte de la subida se debió al encarecimiento del precio que las suministradoras deben pagar a la mayorista, en este caso, Aigües Ter Llobregat (ATLL), primero gestionada por la Generalitat y, desde el 2013, por un consorcio encabezado por Acciona. Esta variable acumuló un alza del 150% durante el mismo periodo y se acabó repercutiendo en el recibo. A su vez, los consumidores también pagan a través de este recibo el canon que la Generalitat destina a inversiones a saneamiento e infraestructuras, que se ha encarecido en este periodo casi el 40%. También se incluye la tasa de residuos del área metropolitana, que desde el 2007 acumula un alza de casi el 30%.
Suponiendo que los casos empleados para analizar la evolución de los precios fueran para la misma familia, la suma del gasto anual por estos servicios se habría encarecido casi el 50%, el cuádruple que los salarios y el triple que la inflación.
Si se comparan estos costes de luz, gas y agua con el salario medio, estos recibos han pasado de suponer 5,4 de cada 100 euros de los ingresos totales del hogar estudiado a casi siete (6,97). Esto supone un incremento de casi el 30% en lo que respecta al esfuerzo destinado a pagar servicios básicos.