Los «salvajes» contra los sátrapas civilizados

El gobierno de Alan Garcí­a sufrió su primera baja polí­tica luego del trágico saldo de muertes que dejó la violenta represión policial del viernes último contra una protesta indí­gena que busca derogar una serie de leyes que promueven la entrega a las multinacionales de amplias extensiones de la Amazoní­a. Según las cifras que se conocen hasta el momento, hay más de cincuenta muertos, veinticinco de ellos policí­as, aunque los nativos aseguran que las bajas de su lado serí­an mayores. La ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Carmen Vildoso, dimitió de su cargo, expresando su discrepancia por la forma como el gobierno ha manejado «esta situación que ha dejado tantas muertes».

Esta renuncia se roduce en momentos en que se multiplican las criticas contra el gobierno por la matanza de los indí­genas y cuando en la Amazoní­a, declarada en estado de emergencia y militarizada, la situación se mantiene tensa, con varias carreteras y rí­os bloqueados por los nativos, quienes han asegurado que, a pesar de la dura represión y la persecución desatada contra sus lí­deres, se mantendrán en pie de lucha contra el gobierno mientras no se deroguen las leyes que amenazan sus tierras. El principal lí­der de la rebelión indí­gena, Alberto Pizango, logró eludir a la policí­a y el lunes ingresó a la Embajada de Nicaragua en Lima, paí­s que ayer decidió otorgarle asilo polí­tico por considerarlo un «perseguido polí­tico». Otros seis dirigentes indí­genas también están con orden de captura.Organizaciones indí­genas y fuentes médicas informaron el deceso de por lo menos 40 indí­genas a manos de las fuerzas represivas y extraoficialmente ayer lunes se hablaba de más de 100 indí­genas asesinados. La que la cifra de los desaparecidos es enorme, entre 200 a 400. Los heridos también son incontables, al igual que los refugiados en las iglesias y los que son perseguidos como perros, en la zona norte del Perú donde ahora impera el toque de queda, la militarización y la muerte súbita. La desinformación en torno a los hechos acontecidos en la Amazoní­a peruana es espeluznante. Los partes gubernamentales establecen, sin embargo, como saldo oficial de la violencia desatada el viernes y sábado, a 23 policí­as, nueve indí­genas y cuatro pobladores muertos, como si los indí­genas fueran una fuerza de elite militar para infringir semejantes bajas a un cuerpo policial armado hasta los dientes y con helicópteros artillados. Dirigentes indí­genas, denunciaron que debido a la suspensión de las garantí­as constitucionales y a las dificultades para comunicarse con la provincia de Bagua (epicentro de los enfrentamientos, a unos mil kilómetros al norte de Lima) es difí­cil determinar la cifra definitiva de personas fallecidas. La enviada especial de la agencia española EFE (que no se caracteriza precisamente por de izquierdas) remite desde el lugar de los hechos que «la ciudad es un hervidero de rumores: hay quienes afirman que la Policí­a ha hecho desaparecer varios cadáveres de indí­genas arrojándolos al rí­o, algo que el Gobierno niega, y que está irrumpiendo en los hospitales para detener a los heridos.»Muchos medios internacionales -en consonancia con los peruanos- intentaban difundir este lunes una irresponsable atmósfera de normalidad en torno a la situación de los indí­genas de la Amazoní­a, pero hurgando un poco en las informaciones pude leer que «Una sede de la Iglesia Católica en Bagua Grande se ha convertido en un gran campo de refugiados de centenares de indí­genas que se sienten amenazados por la represión desatada por el Gobierno peruano.» «Los pobladores entran y salen por decenas en busca de protección o para intentar retornar a sus comunidades por diversos medios. Otros lí­deres de las protestas buscados por la Policí­a están siendo ocultados por la población local.»Las organizaciones indí­genas aceptaron ayer desbloquear por cuatro horas la carretera que comunica las ciudades de Yurimaguas y Tarapoto para permitir el pase de camiones que transportan alimentos. Esta decisión bajó en algo la tensión, pero la situación sigue siendo explosiva. La protesta indí­gena ha ganado apoyo en otros sectores y desde mañana se inicia una huelga indefinida en la Amazoní­a, la que tiene el respaldo de las organizaciones sociales y laborales. Para mañana también se han convocado marchas «por la vida y la soberaní­a» en las principales ciudades del paí­s para expresar el rechazo a la represión gubernamental, solidaridad con los grupos nativos de la Amazonia y en apoyo a las exigencias de anular las leyes cuestionadas por los indí­genas.El primer ministro, Yehude Simon, aseguró la ministra Carmen Vildoso, quien no es miembro del gobernante partido aprista, renunció por su discrepancia con un spot publicitario emitido por el gobierno, en el cual, con el fondo de fotos de los policí­as muertos y de indí­genas portando lanzas y flechas que se iban intercalando, se presenta a los nativos amazónicos como «salvajes», «asesinos feroces» y «extremistas» que siguen «consignas internacionales» para «detener el desarrollo del Perú» e impedir que el paí­s «disfrute de su petróleo». El aviso publicitario asegura que no hubo represión policial ni enfrentamiento, sino un «asesinato salvaje de policí­as humildes».La renuncia de Vildoso ha sido un gesto solitario de autocrí­tica en el gobierno frente a la matanza de los indí­genas. La tónica oficial ha sido, por el contrario, un discurso fascista que acusa a los indí­genas de «ignorantes» por oponerse al ingreso de las petroleras y otras multinacionales a sus tierras que el gobierno promueve, y que ha explicado la protesta de los nativos culpando a la oposición y a «intereses extranjeros» de manipularlos. La denuncia del gobierno peruano, que mantiene un agrio enfrentamiento ideológico con Hugo Chávez y Evo Morales, de una supuesta intervención extranjera apunta contra los gobiernos de Bolivia y Venezuela. El vicepresidente boliviano, Alvaro Garcí­a, respondió que su gobierno no aceptará «la injuria, ni la calumnia, ni la infamia». El gobierno venezolano también rechazó la acusación. El gobierno de Alan Garcí­a no ha podido presentar un solo elemento que sustente su denuncia de una intervención extranjera en la protesta indí­gena. Ayer, en una sesión extraordinaria de la OEA para ver el caso de la matanza de los indí­genas peruanos, el gobierno peruano volvió a justificar la represión argumentando que enfrenta una «conspiración internacional». Pero, una vez más, no sustentó esa afirmación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condenó «enérgicamente» la represión de los indí­genas.La caza de brujas instaurada por el gobierno sátrapa de Alan Garcí­a, ha empezado por criminalizar a los dirigentes indí­genas, muchos de ellos detenidos y en paradero desconocido. Las nuevas leyes penales implantadas por el gobierno, sobre todo en lo que compete a la posibilidad de la detención ciudadana es el caldo de cultivo de la aparición de grupos paramilitares que a las órdenes de terratenientes y multinacionales podrán detener y hacer desaparecer legalmente a cuanto indí­gena proteste. Acompañado de la instauración de la ley marcial y el toque de queda en la región amazónica, con la consiguiente derogación de cualquier garantí­a constitucional, permitirán al ejército interrogar, amedrentar, criminalizar y hacer desaparecer a cualquier indí­gena que levante la voz.Instaurar un estado de terror fascista, para llevar sus planes de parcelar y vender la amazoní­a peruana entregando los recursos naturales de esa nación por exigencias de el tratado de» libre comercio» con EE UU es el objetivo de el actual gobierno peruano. Las recientes muertes de militares en la ceja de selva bastión de narcotraficantes y militares corruptos hacen que el gobierno, se saquen de la chistera, los remanentes de Sendero Luminoso y la guerra antisubversiva contra los fantasmas guerrilleros. Una escalada en nuevos planes contrainsurgentes, financiación, medios y la presencia de asesores y tropas norteamericanas en la zona con la escusa del narcotráfico hace suponer a muchos por donde irí­an los planes del imperio sobre Perú y la importancia para ciertos sectores de Washington, tiene que Perú firme el tratado de «libre comerció» y se convierta en su nuevo pivote estratégico en la zona. Las similitudes de cómo han transcurrido las cosas en Colombia y de cómo estos planes antinarcóticos y la lucha contra insurgente han tenido el oscuro objetivo de acabar con los movimientos sociales, sindicalistas e indí­genas hacen que a muchos se le pongan los pelos de punta solo, con el horror que un reputado genocida como Alan Garcí­a, provocarí­a si Washington le financiara un nuevo plan Perú.