Los que mandan, de verdad, en España

La sentencia del Tribunal Supremo, que apenas 24 horas después de emitir un dictamen que obligaba a los bancos a pagar los impuestos de las hipotecas, suspendió su propia decisión en función de la enorme repercusión que ello iba a tener sobre el sistema financiero, ha escandalizado y sorprendido a muchos.

Entre ellos al prestigioso y veterano periodista Fenando Onega, que en una columna en la Vanguardia titulada “Quién manda de verdad en España”, decía: “Hasta ayer tenía varias creencias. Creía que los jueces mandan mucho, porque son capaces de asestarle un golpe a la poderosísima banca. Creía que la justicia es la única que puede corregir la mala praxis de las entidades financieras, como se demostró en las preferentes o las cláusulas suelo. Creía que existe un efectivo gobierno de jueces y no me molestaba porque eso es una de las esencias del Estado de derecho. Y creía que, por decisiones como las del impuesto de hipotecas, los tribunales son grandes instrumentos de justicia social. Ahora cambio esas convicciones por una pregunta: ¿quién manda en el Estado de derecho, la justicia o los mercados? Si la sala del Supremo está tan insegura que quiere someter lo que dictaminó al pleno de la sala, es que vio las cotizaciones de los bancos, se asustó ante los miles de millones perdidos en un día (…) ¡Qué tremenda lección! El poder real está muy repartido. La independencia de la justicia existe, pero llega a donde empiezan otros intereses”.

Una voz honrada, que reconoce “quien manda de verdad en España” y que caminos -abiertos o encubiertos, subrepticios o impúdicos, según exijan las condiciones- utiliza la clase dominante española, la oligarquía financiera, para imponer a toda la sociedad sus intereses.

Sorprende que un escándalo de tal magnitud, que pulveriza el papanatismo de que “la justicia es igual para todos”, no haya ocupado durante semanas las portadas de todos los periódicos ni encabezado machaconamente los telediarios, como lo han hecho otras veces los casos de corrupción. Por el contrario los grandes medios lo han tratado sin aspavientos, y luego lo han relegado cuidadosamente. Algo tendrá que ver que sean los bancos los principales accionistas de estos periódicos, radios o televisiones.

No es la primera vez -ni será la última- que los intereses de la gran banca (el sancta santorum de la clase dominante española) fuerzan la maquinaria del poder judicial. Solo hay que recordar como se gestó la «Doctrina Botín», una jurisprudencia creada ‘ad hoc’ para proteger al gran capo de los banqueros españoles.

Lo han hecho y lo volverán a hacer por que esa maquinaria -junto con el resto de los «poderes del Estado», (incluído el “cuarto”, la prensa)- es suya. El Estado Español, como todos los Estados, tiene propietarios, y ese aparato defiende los inteses de sus dueños. Sobran ejemplos: desde el rescate de la banca, de las eléctricas o las autopistas a garantizar el pago de la deuda pública, mantener los fustes de la reforma laboral o el encuadramiento internacional de España en la órbita de Washington o Bruselas.

Cuando algo o alguien sobrepasa las «lineas rojas» y toca los intereses fundamentales de los dueños del Estado -la oligarquía y los centros de poder mundial- se ponen en marcha los resortes -como en el caso de la «rectificación» de la sentencia del Tribunal Supremo- a la velocidad del rayo.