Los papeles de Panamá en España

En España las consecuencias polí­ticas de los “papeles de Panamá” se han cobrado ya una pieza de caza mayor: la dimisión del ministro de Industria José Manuel Soria pocos dí­as después de que no haya podido justificar su implicación en empresas opacas en las Bahamas y Jersey.

En los “papeles de Panamá” difundidos en España han aparecido, como piezas fundamentales implicadas en las cuentas “offsore” -oscuras- en paraísos fiscales, personas vinculadas con algunas de las familias oligárquicas del país como Los Albertos -Alberto Cortina y Alberto Alcocer- unos de los principales accionistas de ACS, la mayor constructora española y de la papelera Ence; Demetrio Carceller, uno de los principales accionistas de la cervecera Damm y la petrolera Disa; la familia Tyssen vinculada entre otras empresas con el mercado del arte; o la familia Escarrer, principales accionistas de la cadena de hoteles Sol Meliá. La corrupción en las élites es un canal abierto a la intervención extranjera

También aparecen personas relevantes de la política española: como Rodrigo Rato, exministro de Economía y ex presidente del FMI; Miguel Blesa, ex presidente de Caja Madrid; Arias Cañete ex ministro de Agricultura y actual comisario de Energía en Bruselas; o la familia del ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Y personas relacionados con los principales aparatos de Estado, como la Monarquía, a través de la infanta Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos I y tía del actual jefe del Estado Felipe VI.

También conocidos personajes del mundo artístico y cultural o del deporte, que van desde Carles Vilarrubí, vicepresidente del FC Barcelona, y Leo Messi a Pedro Almodóvar, la familia Picasso o el cantante y empresario Bertín Osborne.

Consecuencias políticas y económicas

Simultáneamente a la aparición de los “papeles de Panamá”, el Departamento de Estado norteamericano ha publicado su informe oficial anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo correspondiente a 2015.

En la parte destinada a España, resulta cuanto menos sorprendente que sitúe la corrupción política como “el problema más significativo”, junto a las devoluciones de inmigrantes a Marruecos y la violencia machista, como otros problemas graves.

A la vista de las consecuencias que la corrupción, acelerada ahora por los “papeles de Panamá, está teniendo en nuestro país, como en el resto del mundo. Y del interés mostrado por organismos como el Departamento de Estado norteamericano, la afirmación de que la corrupción es traición cobra todo su sentido.

Sabemos que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, está financiado por grandes fundaciones norteamericanas y en relación estrecha con los servicios de inteligencia norteamericanos.

En el mundo hemos visto cómo los jefes de Estado y primeros ministros de los países más enfrentados a EEUU (Putin de Rusia o el de China Xi Jinping) ocupan el centro de las noticias internacionales, y la dimisión del primer ministro de Islandia.

En España, más allá de las consecuencias individuales para los “ricos y famosos” implicados, la dimisión del ministro Soria supone un duro golpe para el gobierno de Rajoy, para el PP y su “renovación” pendiente y, sobre todo, para el propio Rajoy. Un golpe que podría ser definitivo para “removerle” de la presidencia.

Consecuencias también político económicas, en tanto que el gobierno y los principales líderes políticos se han mostrado favorables a apoyar las medidas que la UE quiere aplicar sobre los paraísos fiscales.

Acuerdo evidentemente no firmados por EEUU que, como decía el diario El País en febrero de este año, están “convirtiendo a Estados Unidos en el paraíso fiscal favorito de las grandes fortunas”. Los Estados de Nevada, Dakota del Sur, Wyoming y Delaware son la “nueva Suiza” que atrae cada vez más dinero “offshore” libre de cargas fiscales y a cubierto de los gobiernos de origen.

La corrupción es traición

También estamos viendo como la corrupción es uno de los instrumentos que el hegemonismo norteamericano está utilizando en su nueva estrategia de “golpes blandos” en Iberoamércia, desde Brasil a Venezuela. Y cómo ha sido una constante en las “primaveras árabes”.

En unos casos se corrompe para intervenir, y en otros se instrumentaliza con el mismo objetivo: intervenir la política y social o la economía de un país. Y en todos los casos la corrupción es traición.

La corrupción en las élites políticas, las instituciones, los partidos o los sindicatos son un canal abierto a la intervención extranjera, especialmente del hegemonismo norteamericano, siempre dispuesto a utilizarla al servicio de sus intereses: para remover políticos, forzar procesos o reconducir situaciones no favorables a sus proyectos.

La corrupción de esas élites vinculadas o cercanas al poder político, de las grande fortunas y grandes monopolios que evaden impuestos y ocultan su dinero y su patrimonio en los paraísos fiscales, y de la oligarquía bancaria que ampara las operaciones oscuras de sus clientes más ricos, son una doble traición al país.

Son un canal de intervención al hegemonismo y además un expolio de las riquezas nacionales, bien ocultándolas en los paraísos oscuros al servicio de grandes potencias extranjeras, o bien entregando sectores importantes de la economía a precio de saldo.

Doble traición que hoy está al servicio del proyecto de saqueo y expolio de las rentas del 90% de la población y la riqueza nacional, base de todos los recortes.

Como al crimen organizado

Una traición de tan graves consecuencias para los ciudadanos y el país sólo se puede tratar como a las peores mafias del crimen organizado. Impulsando una reforma del Codigo Penal que dé ese tratamiento y permita perseguir por igual tanto a los políticos corruptos como a los bancos que ayudan a ocultar el dinero o evadir impuestos y las grandes empresas y multinacionales que finacian y se benefician de la corrupción.

Para anular la prescripción de los delitos económicos y fiscales, así como las amnistías fiscales que son, de hecho, auténticos agujeros negros de impunidad por la que los corruptos y evasores legalizan los frutos de sus fechorías..

Y estableciendo mecanismos que permitan retornar al país los recursos expoliados y que tanto “corruptos” como “corruptores” estén obligados a devolver el dinero robado.

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