Los nativos contra la modernidad de los Monopolios

Los pueblos nativos amazónicos, históricamente ignorados por el Perú oficial y occidental, en la última semana saltaron dramáticamente al centro del escenario polí­tico, luego de la violenta represión que sufrieron por oponerse a una serie de leyes impuestas por el gobierno de Alan Garcí­a, que amenaza quitarles sus tierras para entregárselas a las transnacionales. El enfrentamiento entre policí­as e indí­genas se concentró en el territorio habitado por los aguarunas y los huambisas, como se conoce a las etnias awajún y wampis, que pertenecen a la familia etnolingüí­stica de los jí­baros. Con aproximadamente 60 mil miembros, la de los jí­baros es la más numerosa de las trece familias etnolingüí­sticas de la Amazoní­a peruana, que en total agrupan a unos 300 mil nativos. Entre los jí­baros, los aguarunas son la mayorí­a. Población originaria de la Amazoní­a, habitan ancestralmente la zona selvática de la cuenca del rí­o Amazonas que está entre Perú y Ecuador. Famosos por su práctica de reducir las cabezas de sus enemigos vencidos para conservarlas como trofeos de guerra, los aguarunas y los huambisas son guerreros duros, defensores tenaces de sus territorios.

Viven de una agricultura ara la subsistencia, de la caza, la pesca y la recolección. Su actividad comercial es mí­nima. Son un pueblo guerrero, que a lo largo de la historia ha resistido numerosos intentos de invasión. «En la Amazoní­a todas las tribus son guerreras, pero entre todas ellas los guerreros más duros son los aguarunas y los huambisas. Ellos son implacables cuando se trata de defender su territorio», asegura Róger Rumrrill, escritor e investigador de la Amazoní­a. Y ahora están defendiendo su territorio frente a la amenaza del ingreso de las empresas transnacionales al amparo de las leyes que el presidente Garcí­a quiere imponer, como a lo largo de su historia lo han hecho de otros enemigos.La orden del sátrapa Alan Garcí­a y su partido es clara, acabar de la forma que sea con el movimiento indí­gena. El presidente peruano y su partido tienen un largo historial como genocidas en la defensa de los intereses del imperialismo y sus monopolios. En la memoria de los peruanos está la matanza de los penales de Lima o el infame comando «Rodrigo Franco», un escuadrón de la muerte formado por el gobierno de Alan Garcí­a en su anterior gobierno, que utilizo la escusa de la guerra antisubversiva, para hacer desaparecer a dirigentes sindicales, estudiantiles en la década de los ochenta. Fujimori no es el único genocida que queda por juzgar en Perú. A la hora de defender los derechos de los monopolios y la oligarquí­a vendepatrias de Perú, Alan Garcí­a Pérez y su partido el APRA, desvelan su autentica cara genocida y fascista.La magnitud de la masacre del 5 de junio, a la que se suma la vendetta policial, que para saciar su sed de venganza sacó heridos de los hospitales para matarlos, arrojando sus cuerpos al rí­o o cremándolos, tal como dan cuenta diversos medios alternativos, no sólo muestra la fibra genocida del gobierno aprista sino también el carácter mismo del Estado peruano, efectivamente fallido, roto, que sólo existe para los pueblos indí­genas cuando se trata de expoliarlos y que descarga sus ráfagas asesinas cuando esas «minorí­as» se rebelan a sus atropellos. Se acusa a esta «minorí­a» nada menos que de «egoí­smo» por defender sus territorios ancestrales y los recursos naturales existentes en el subsuelo. Se ha pretendido una ridí­cula ingenierí­a social para «acomodar» a las poblaciones nativas con el fin de que los pulpos multinacionales de hidrocarburos puedan hacer lo suyo, destruyendo la naturaleza y la vida. Pero es evidente que los poderosos, masacre de por medio, agitando además una supuesta «conspiración internacional» contraria al «desarrollo» del Perú, no han logrado imponerse.La estrategia de los sátrapas del Apra, criminalizando a los indí­genas, llamándolos asesinos de policí­as, persiguiendo a sus lideres como a Alberto Pizango asilado en la embajada de Nicaragua al cual acusan de sedición e instar a la violencia. Los «bufalos» apristas descargan todo su arsenal mediático y judicial contra los indí­genas, prometen mano dura si esto vuelve a suceder. Si lo que ha ocurrido es el aspecto mas «blando» de la respuesta hitleriana del Apra, a mucho se les ponen los pelos de punta, solo pensando en que tipo de holocausto tendrán en mente cuando hablan de mano «dura «Pero toda esta diatriba con el objetivo de dividir al pueblo peruano no a funcionado. Al contrario, al intentarlo han desatado una nueva crisis polí­tica cuya dinámica es por ahora imprevisible, más aún cuando no ya tal o cual «minorí­a» sino la inmensa mayorí­a del pueblo trabajador, en uno u otro lugar del paí­s, se está movilizando en repudio al gobierno. La solidaridad con los pueblos amazónicos se expresó el jueves 11 de junio en una jornada nacional de protesta convocada por diversas organizaciones obreras, campesinas, estudiantiles, barriales y culturales. Los pueblos originarios, de norte a sur, en los Andes y en la Amazoní­a, nuevamente responderán al mandamás de turno, a su TLC y a sus crí­menes. El Frente Nacional por la Vida y la Soberaní­a anunció ayer la radicalización de las medidas de fuerza en respaldo de la protesta de los indí­genas de la Amazoní­a con la realización del Paro Nacional los dí­as 7, 8 y 9 de julio próximo y el compromiso de impulsar un juicio en tribunales internacionales contra el presidente Alan Garcí­a por genocidio y violación de tratados internacionales de derechos humanos.El secretario general de la Confederación General de Trabajadores de Perú, una de las organizaciones integrantes del frente, Mario Huamán, llamó a todas las organizaciones que el jueves participaron en la jornada nacional a demostrar nuevamente su rechazo a «la prepotencia y soberbia del gobierno que incluso ha llegado a excluir a Aidesep del diálogo, exigir la renuncia del Gabinete Ministerial ilegí­timo y la derogación de los decretos legislativos inconstitucionales».Dijo que el pueblo se ha pronunciado multitudinariamente contra la muerte de policí­as y nativos en Bagua, la suspensión de los decretos legislativos. «Demandamos la dimisión inmediata del premier Yehude Simon y la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, quienes están descalificados moralmente para reanudar algún diálogo», sostuvo.Después de la masacre de los indí­genas ocurrida hace una semana y la respuesta del gobierno, que ha pretendido negar los hechos, cada vez con más claridad se borra el maquillaje democrático del APRA para dejarnos ver en toda su crudeza su esencia prohegemonista y fascista. En el ambiente polí­tico comienza a imponerse la sensación de un peligroso deterioro de la democracia. El gobierno está más debilitado que nunca y ha perdido legitimidad. Ya ha demostrado de lo que es capaz, ahora esta como una alimaña herida y se vuelve más peligroso por momentos.