La lucha indí­gena en Perú

Los indí­genas contra la privatización de la selva

El Presidente Garcí­a Pérez ha puesto en subasta casi todas las tierras y aguas productivas del Perú, la selva es la más preciada. Voraces trasnacionales y terratenientes peruanos se están apropiando de las tierras pertenecientes a las comunidades campesinas y nativas, expulsándolos de sus parcelas y sus fuentes acuí­feras, y arrojándolos al desamparo total y absoluta pobreza.

El Gobierno de Perú roclamó este sábado el estado de excepción durante 60 dí­as en varios departamentos del paí­s, a raí­z de las intensas protestas que lideran los grupos indí­genas de esas regiones desde el pasado 9 de abril.Un decreto publicado este sábado en el diario oficial El Peruano detalló que la decisión suspende los derechos constitucionales referidos a la libertad de reunión y tránsito e inviolabilidad de domicilio.La medida fue aplicada en los estados selváticos norteños de Loreto y Amazonas, y los centrales Ucayali y Cuzco. Frente a la medida, el presidente de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, declaró, que la medida asumida por el gobierno no es más que “una clara provocación y una alta agresión por parte de las empresas transnacionales que obedece el Gobierno peruano”.”Con ello, está matando a los pueblos legí­timamente que reclaman sus derechos. Aquí­ ya se vive un clima de que ésta es la respuesta que tienen los pueblos antes que la solución a sus problemas, siendo la agresión y la muerte”, consideró el lí­der indí­gena, al tiempo que añadió que esta es la manera como los han venido tratando, de manera incivilizada, por más de 150 años.Según el gobierno, la medida busca restablecer el orden público ante las manifestaciones que demandan la anulación de una serie de decretos y leyes que según los nativos apuntan a privatizar la región selvática.Además, detallan que las protestas han puesto en riesgo la producción, transporte y distribución de gas natural e hidrocarburos en el paí­s.El estado de Emergencia, que coincide con el plazo dado por Aidesep para que el primer ministro peruano, Yehude Simon, instalara una mesa de diálogo con las organizaciones abí­genes, tiene por objetivo “la ejecución de acciones inmediatas destinadas a la reducción y eliminación de los riesgos existentes”, explicó el decreto.La solicitud de la etnia fue apoyada el pasado viernes por un grupo de obispos de la Amazoní­a peruana, cuando nueve prelados precisaron que las polémicas normas “no aportan al desarrollo integral de la población amazónica” y que “por el contrario, surgen serias amenazas de mayor pobreza en la región”.Así­, los religiosos solicitaron al Gobierno y al Congreso peruano que dialoguen y busquen soluciones justas y pací­ficas en favor de un desarrollo integral de la región, así­ como “la derogatoria de dichos dispositivos legales y contribuyan a la formulación de nuevas normas con la participación de las poblaciones amazónicas”.En la protesta se pide la derogación de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley de Recursos Hí­dricos, que se considera que vulnera los derechos a la propiedad y el control de los recursos naturales de los indí­genas.Tal como explicó Alberto Pizango, los cuerpos indí­genas rechazan el paquete de leyes porque no fueron consultados tal como lo establece el convenio 169 “que estipula en su artí­culo 6 de que cualesquiera actividades o medidas legislativas que se tengan que dar para el territorio o pueblos indí­genas, tienen que ser consultados a saber de sus organizaciones representativas”, explicó.”El gobierno, lejos de consultar a los pueblos indigenas, ha sacado todo un paquete de ley de 104 decretos legislativos, que atentan contra el paí­s. De esos 104 decretos, 11 han sido muy lesivos para la Amazoní­a (…) y a partir del dí­a 9 de agosto (2008), el levantamiento de los pueblos ha derogado 2 decretos legislativos, quedando otros 9 para que se conformara una comisión multipartidaria para que llegue a evaluar y dar una solución de derogatoria”, continuó Pizango.No obstante, “a pesar que esa comisión multipartidaria habrí­a dado su informe el 13 de septiembre del 2008, desde esa fecha hasta la actualidad los pueblos esperaron””Y como no habí­a ninguna respuesta, ni voluntad polí­tica por parte del Congreso de la República, los pueblos decidieron movilizarse (desde el pasado 9 de abril) para exigir que estos 9 decretos legislativos sean derogados y de esta manera, solucionar los grandes problemas”, concluyó el lí­der indí­gena. Los pueblos nativos del Perú no tienen voz, nadie les hace caso. Es por eso que se rebelan y muchos de esos jóvenes nativos se enrolan en las filas del Partido Comunista del Perú levantado en armas. ¿Que más podrí­an hacer si la otra alternativa es convertirse en mochileros, paqueteros y enganchadores del narcotráfico o servir de parapetos de la represión?. Si a los pueblos del Cusco de donde sacan el gas de Camisea, se les paga un tributo (el fidecomiso)¿Por qué a las comunidades nativas dueñas de las tierras de donde se llevan las riquezas energéticas y la madera del Perú no se les da ni un centavo?La rebelión de los pueblos amazónicos es justa. El combativo paro indefinido de mas de 1350 comunidades nativas se inicio el 9 de abril en demanda del cumplimiento de sus justas reivindicaciones, el respeto a los tratados internacionales que protegen sus tierras y a ser consultados por el gobierno, y como medida concreta la inmediata derogatoria de los decretos de ley impuestos al caballazo por la dictadura de Garcí­a Pérez y la inmediata libertad de todos los pobladores arrestados.Como ha anunciado la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), “la lucha de los pueblos amazónicos, es la lucha de todos los peruanos que nos oponemos al remate del patrimonio nacional.” Apoyemos la lucha de los pueblos amazónicos

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