Cargando...Los cambios introducidos por José Manuel Soria en el real decreto de renovables no sólo alargan la incertidumbre sobre el futuro de los huertos solares, sino que les cierran puertas para acabar el partido con dignidad. No en vano, el nuevo documento remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tras las sugerencias de la antigua CNE elimina la creación de una suerte de banco malo fotovoltaico para quienes no puedan cumplir con las entidades financieras y prefieran bajar la persiana. Una situación que los aboca a soluciones desesperadas, entre ellas los fondos buitre.
Como publicó El Confidencial, la puesta en marcha de un remedo de Sareb para absorber activos renovables tóxicos estaba en los planes del Ministerio desde que la llegada de Alberto Nadal planteó una segunda vuelta de reformas. Una pretensión que cuajó algo tamizada en la primera versión de real decreto, que incluía un ‘incentivo al cierre’ definitivo de determinadas instalaciones primadas dentro del denominado régimen especial. Industria permitía acogerse a esta opción cuando la retribución de tales tecnologías fuera “excesiva” en relación con los ingresos para el sistema en un contexto de estancamiento económico, un traje hecho medida para la fotovoltaica.
El nuevo escenario sin esa alternativa abona la hoja de ruta en que ya trabajan muchos proyectos fotovoltaicos, a la espera de que la orden ministerial que fijará la retribución real de las iniciativas antes de final de año certifique su defunción. “Con la nueva retribución habrá que revisar el valor de los activos a la baja, dotar las correspondientes provisiones y, a partir de ahí, muchos parques entrarán irremisiblemente en causa de disolución. Como nadie va a aportar nuevos fondos en el plazo establecido para equilibrar la situación patrimonial, los bancos están abocados a quedarse con los activos”, explican fuentes del sector.
Y es ahí donde fondos oportunistas pueden encontrar un nicho de negocio. “Sí puede haber una oportunidad. Es evidente que el equity vale cero. Se pueden comprar las instalaciones por un euro y ver cómo se puede reestructurar la deuda”, añaden estas fuentes. “No es nuevo. Desde los primeros ajustes hemos recibido propuestas de fondos buitre para hacerse con nuestros activos –se explica desde una asociación fotovoltaica–. Eso sí, a precio de derribo. En algunos casos hasta asumiendo nosotros parte de la deuda. Hasta ahora para muchos de nosotros ha sido una idea que ni nos planteábamos, pero a medida que te aprietan las tuercas y hay más ansiedad…”.
Impacto en la seguridad jurídica
El sector, que cuenta con unos 55.000 propietarios individuales, sacó adelante los proyectos con apalancamientos medios superiores el 80%. Las tasas de retorno que se estiman a partir de 2014 harán inviables muchas de esas plantas, sin contar con la complicación que supondrá refinanciarlas con el nivel de incertidumbre que introduce la nueva normativa. No en vano, el Gobierno se faculta para cambiar de forma discrecional el concepto de rentabilidad razonable en las instalaciones en funcionamiento cada seis años, pudiendo modificar la retribución cada tres, un marco que dificulta cualquier apuesta a medio plazo.
“Las diferentes normativas retroactivas han situado a la mayoría del sector al borde de lo que, técnicamente, se conoce como default. Es decir, que los proyectos no generan suficiente tesorería como para satisfacer el servicio de la deuda. El hecho de no poder refinanciar esa deuda supondrá la quiebra de estas empresas”, zanjaba la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) tras analizar el nuevo real decreto. Fuentes empresariales explican la modificación del texto legal apenas tres meses después del primer borrador como una vía de reforzar su armazón jurídico, ante una casi segura oleada de pleitos y una judicialización del sector.
El envite también ha puesto de manifiesto la debilidad del ministro de Industria ante las necesidades presupuestarias de Cristóbal Montoro. Y es que, en paralelo a la remisión del real decreto, el Ministerio de Hacienda frenaba créditos y medidas impositivas por valor de 3.600 millones de euros para atajar el déficit de tarifa. Una disposición que provoca un agujero que, en este caso, no tendrá aval del Estado y que tendrán que asumir en su mayor parte Endesa, Iberdrola y, como siguiente eslabón en la cadena, el consumidor en su recibo de la luz. Brillante aportación del Gobierno a la seguridad jurídica para reforzar con inversión extranjera los brotes verdes de los que tanto presume.