Los fondos buitre sobrevuelan las renovables para exprimir 45.000 millones

La industria de las energías renovables española ha puesto el grito en el cielo con la nueva regulación anunciada por el Gobierno. El cambio en el cálculo de las primas y el nuevo concepto de «rentabilidad razonable», amenaza con la quiebra a muchos inversores. Pero lo que ellos anuncian como la bancarrota, se ha percibido como una nueva oportunidad de negocio en España para los fondos de inversión internacionales, desde los denominados buitre hasta otros más prudentes especializados en infraestructuras y energía.

Según los cálculos que manejan los fondos internacionales, el riesgo de deuda que podría tener problemas de pago por parte de los productores de renovables sería de entre 40.000 o 45.000 millones de euros ( algo menos que los 60.000 millones de euros de ayudas directas que ya ha recibido el sector financiero). Básicamente, esto coincide con todo el crédito que la banca tiene concedido a estos productores según datos que publicó Vozpópuli. De ellos, en situación crítica, y que con casi toda seguridad acabará en impago, unos 2.000 o 3.000 millones. Sólo en este pequeño paquete podrían esperar entrar los buitre para conseguir altos descuentos y el 20% de rentabilidades que suelen exigir a sus inversiones. «En el resto habrá que ir viendo cada caso, porque a diferencia de lo que ocurría en el ladrillo, aquí nos enfrentamos a empresas que con una adecuada gestión puede ser un buen negocio en el futuro. Po eso, no podemos ser tan agresivos exigiendo descuentos», reconocen desde uno de estos fondos.

Los más agresivos, aquellos que ya hicieron un suculento negocio el año pasado con la deuda del sector financiero e inmobiliario, ya están haciendo cuentas de lo que pueden rascar a este nuevo nicho de problemas. Así lo anunciaron representantes de HIG, Carlton Group, Toro Capital entre otros, en un encuentro que el sector celebró en Madrid hace unas semanas. «Hay muchas oportunidades distress (así se denomina los que tienen máximo riesgo) en España, incluido el sector de las energías renovables», comentaban. Otros, algo menos agresivos, como la división de infraestructuras de KKR, Morgan Stanley Infrastructure, HG Capital, o el gigante canadiense Brookfield también están tanteando la situación en la que quedarán las empresas de energía españolas tras la reforma.

Ninguno lo tiene fácil, porque los números no están claros. La ley definitiva todavía no está aprobada, de hecho está en una sospechosa parálisis a falta de que el consejo de ministros de el visto bueno al decreto ley que finiquite el sector, y este tipo de industria no está tan hundido como el inmobiliario. Las empresas de renovables son sostenibles en el largo plazo. El problema de sus dueños actuales es que pidieron una financiación e hicieron unas cuentas con unos umbrales de rentabilidad que el Ejecutivo se quiere cargar ahora y que la banca no quiere refinanciarr. Pero para un inversor que entre desde cero con otro plan de negocio, la compra puede ser de lo más rentable.

Teniendo en cuenta lo que se conoce hasta ahora de la nueva legislación, los fondos buitre ya hacen sus componendas. Volumen de deuda en relación con los ingresos y el tiempo de explotación que le queda a la compañía. Si la deuda supera los ingresos esperados -una vez aplicadas las nuevas primas- es momento de lanzarse al ataque. Si no, habrá que planear y negociar con más tiento. Y, por supuesto, son conscientes de que no pueden esperar los pingües beneficios que les ha reportado el ladrillo español. «Conseguir retornos del 20% como en inmobiliario es muy difícil en un sector que está regulado y que, con lo que sabemos ahora, ha fijado unas primas del 7,5%», advierte Manuel Santillana, socio de Corporate Finance responsable de Utilities de KPMG en España.

Su esperanza, está en el lado de la banca. Y es que, consideran que la probabilidad de que la banca tenga provisionada alguna pérdida por esos créditos es muy escasa, habida cuenta de que hasta ahora la deuda estaba soportada por el BOE, es decir, que tenía la garantía del Estado, y por ello puede estar tentada a venderlos lo antes posible para sacarlos de sus balances. «Detestan que ocurra un efecto similar al del ladrillo y tener que quedarse con centenares de campos de paneles solares, por ejemplo, con los que no sabrían ni qué hacer», aseguran estos expertos.

Pero, en la banca no se lo van a poner tan fácil. Vender deuda con pérdidas no es una práctica que guste a ningún banco español. Los extranjeros están más predispuesto a hacerlo. Rebajar mucho el precio, tampoco está entre sus objetivos. «Quienes compren esto saben que tienen unos ingresos seguros por las primas estatales. Por eso, no se pueden esperar que les vayamos a dar esto con descuentos del 80% y 90%, como se han llevado algunas deudas del inmobiliario», comentan desde una entidad financiera española.

Además, la reforma de la Ley Concursal concede a la banca una baza de ventaja. Según explica Gonzalo Montes, socio de Restructuring de KPMG en España, la nueva legislación podría frenar a esos fondos más agresivos que buscan comprar deuda con mucho descuento a los bancos para forzar, por no querer llegar a acuerdos, una situación crítica en las finanzas de las compañías.

La nueva ley y el mejor tratamiento para la entrada de «dinero nuevo» en las compañías con problemas se ve también con muy buenos ojos entre los fondos internacionales especializados en infraestructuras de energía, porque el precio de las acciones sí que va a quedar por los suelos. «Entrar en el capital de empresas con negocios a largo plazo es una buena oportunidad. A lo mejor las que ya han estado, preferirán no volver a hacer negocios en España. Pero hay otras muchas que pueden hacer sus cuentas con las nuevas primas y encontrar rentabilidades atractivas de cara a los próximos años», aseguran desde otro de los fondos interesados.

Esta segunda línea de negocio no es para los buitre. En este caso, quienes están haciendo prospecciones en el mercado son los las divisiones especializadas en infraestructuras de fondos como KKR, RREEF del Deutsche Bank o el canadiense Brookfield, entre otros. «Su perfil es mucho más conservador. No buscan riesgo, sino invertir en compañías con flujos de caja estables». Y eso no se volverá a ver en España hasta que la nueva legislación de renovables demuestre que es capaz de controlar el déficit de tarifa. «Habrá que esperar, al menos, dos años y que el resultado del cambio sea efectivo para que estos estén interesados en entrar de nuevo en renovables españolas», asegura Santillana.