Cargando...Miquel Nadal, consejero de Turismo de Baleares y líder de Unió Mallorquina (UM), tras declarar como imputado por supuesta corrupción en la venta de un solar del Consell de Mallorca en 2005 anunció a los cuatro vientos: «a todos mis amigos, familiares y conocidos: la declaración ha ido muy bien». No era Al Capone en Chicago. Era Nadal, vicepresidente del ente insular, que negó la información de que vaya a dimitir del Gobierno autonómico balear. La juez no pudo tomar medidas cautelares contra él, ya que sólo puede ser incriminado por el Tribunal Superior de Baleares. Quizá no quiera dimitir por eso. Pero lo que hace falta es sancionar económicamente y castigar con penas de cárcel los casos de corrupción. En una situación de crisis aguda, se deben elevar las penas de cárcel y las sanciones económicas a quien malverse o robe el dinero público. Si el Tribunal Supremo ha elevado las penas a pederastas y terroristas, ¿por qué no ser más contundentes también con el que roba el pan de todos?
La Fiscalía Anticorrución pidió a la juez la declaración de Nadal para indagar sobre hechos e indicios que aluden a posibles delitos de malversación de fondos, revelación de secretos oficiales y prevaricación en la adjudicación de unos terrenos de Palma para construir 600 viviendas. El Consell, en ese periodo político, premió la oferta de 30 millones de las firmas Sacresa y Ferrá-Tur con un proyecto del arquitecto Jean Nouvel. Nadal se habría reunido antes de convocar el concurso con el ex consejero de la Generalitat Joan Maria Pujals (CIU), que representaba a Sacresa. La empresa Núñez y Navarro, que ofreció 60 millones al Consell, se querelló contra los políticos de la antigua mayoría de UM y PP que votaron la decisión. UM son nacionalistas que no tienen reparo en unirse al PSOE o al PP alternativamente siempre que se aseguren los beneficios económicos de esa burguesía local que representan y encarnan.El trato a la corrupción por parte de la justicia hace ya tiempo que se parece a un queso agujereado. Hay tantas infiltraciones, tanto control que sólo se actúa cuando interesa políticamente. El problema es que demasiadas plusvalías se levantan sobre la corrupción para que sean hechos aislados. Más bien es un aceite que engrasa una poderosa política de estado. Ante la crisis, el Gobierno debería fijar un drástico plan de ahorro nacional que empiece por el mismo Estado, desde la Administración central a las Comunidades Autonómicas y los Municipios, que se han convertido en un agujero negro de corrupción y clientelismo político.