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No han pasado ni tres meses desde que el ultraderechista Jose Antonio Kast ganara las elecciones en Chile, y ya se ha levantado una fuerte marejada de protestas y movilizaciones populares, que hacen pensar que hay por delante una legislatura tan caliente y agitada como la que en 2019 acabó agrietando el modelo neoliberal vigente en el país desde el fin de la dictadura de Pinochet.
Primero de junio. Mientras el presidente ultra ofrece su primer discurso sobre el Estado del país, anunciando un plan de draconianos recortes y ajustes contra las clases populares, al mismo tiempo que aprueba una sustancial rebaja de impuestos para grandes fortunas y corporaciones, miles de chilenos han llenado las calles de Santiago, de Valparaíso o de Viña del Mar, en Chile.
«Esta movilización es contra las políticas de desmantelamiento de la salud pública, la educación y todos los derechos sociales», declaraba la portavoz la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud de Valparaíso, a 120 kilómetros de Santiago.
Organizaciones sindicales, partidos de izquierdas y agrupaciones estudiantiles han marchado contra la «motosierra» de Kast y han marchado hacia el Parlamento mientras el mandatario daba su discurso, en una marcha pacífica pero que acabó siendo reprimida con chorros de agua y gases lacrimógenos por los carabineros.
Kast ha anunciado un recorte de 6.000 millones de dólares en 18 meses, así como un ajuste del 3% en todos los ministerios, para atajar lo que calificó como «déficit estructural» en las cuentas públicas, aunque al mismo tiempo ha reducido los impuestos a las grandes empresas o a las rentas más altas. Las organizaciones de izquierdas han denunciado que estos ajustes suponen un hachazo de 413.000 millones de pesos (483 millones de dólares) en el presupuesto de la salud pública, afectando la atención hospitalaria, además de advertir que la reducción de impuestos a los más ricos mermará la financiación de los derechos sociales básicos y precarizará aún más la economía familiar.
Además, Kast impulsa medidas para multar y amordazar a los que se atrevan a protestar. El ultraderechista, admirador de Trump, anunció la creación del Registro de Vándalos e Incivilidades para suprimir beneficios sociales estatales, como la gratuidad universitaria y la Pensión Garantizada Universal, a quienes se considere que cometan «infracciones graves»… como participar en protestas. Y siguiendo las políticas de la Casa Blanca, Kast anunció la creación de una valla fronteriza en el norte y la expulsión de 330.000 inmigrantes indocumentados.
Las organizaciones sociales y sindicales ya han convocado una huelga general y una gran marcha hacia Santiago de Chile ante estas ultrareaccionarias políticas. Apenas unos meses después de asumir su cargo, todas las encuestas demoscópias dan una abrupta caída en la valoración de Kast.