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Cerramos un mes de junio fatídico, con nueve mujeres y un menor asesinados en crímenes de violencia machista.
Ante esta realidad nos preguntamos: ¿Cómo acabar con este horror? Para encontrar respuestas entrevistamos a Francisca Granados, Directora del Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Maracena (Granada), con una larga trayectoria de más de 30 años asesorando jurídicamente a mujeres víctimas de violencia de género.
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Nuria Suárez- Nueve mujeres y un menor asesinados… ¿Por qué? ¿Se cometen un mayor número de crímenes machistas en períodos festivos?
Francisca Granados – No ocurre nada especial en lo que hace referencia a la violencia machista. Cuando en una relación impera el maltrato, cualquier situación estresante lo agudiza. En vacaciones la vida familiar se hace más compleja, salimos de la rutina de la escuela…, por eso siempre en verano hay un repunte, que terriblemente, en algunos casos, acaba en asesinato. Cuando ocurre esto se nos enciende una alarma porque tenemos en parte normalizado que a lo largo del año se asesine a una mujer cada semana. Es un problema estructural y hay que pensarlo y abordarlo en términos globales; la alarma tendría que ser permanente, no sólo cuando se produce un repunte, como suele ocurrir en verano.
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¿Para acabar con la violencia machista es necesario mejorar la ley?
Llevo años diciendo en todos los foros que pedimos algo tan revolucionario como que se apliquen las leyes. Cuando se habla de la violencia machista en los medios, se habla normalmente de los asesinatos, pero eso es sólo la punta del iceberg.
En España el marco legal ha evolucionado mucho con respecto a otros países, tenemos el sistema más avanzado del mundo. Pero en nuestro país hace sólo 50 años había una dictadura, que delimitaba totalmente el papel de la mujer; todo eso está ahí y es donde tenemos que trabajar. Es un error plantear la violencia de género como una cuestión aislada de la realidad social.
Avanzar en materia de igualdad es inseparable del avance en la erradicación de la cara opuesta de la moneda, que es la violencia de género, como expresión más extrema de la discriminación/subordinación de las mujeres. Plantear que el problema está fundamentalmente en la ley, es un error de diagnóstico.
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¿Entonces qué hay que hacer para que esa ley se aplique?
Cuando nos hacen una ecografía, nosotros sólo vemos manchas más o menos oscuras, pero el doctor o doctora ve perfectamente la imagen que le permiten hacer un diagnóstico. Si extrapolamos esta idea al plano social, observamos que muchos profesionales carecen de formación específica o la tienen muy limitada para poder entender e intervenir en los casos de violencia machista. La aplicación de la perspectiva de género, que es una metodología científica, no es algo voluntarista, sino una exigencia legal expresa, imprescindible para alcanzar la igualdad real.
Pedimos algo tan revolucionario como que se apliquen las leyes
No estoy culpabilizando a los y las profesionales; lo que ocurre es que se nos ha dado un marco jurídico, pero no se nos ha formado o no suficientemente para poder aplicarlo adecuadamente.
Tampoco podemos ignorar que hay sectores, que no son mayoritarios, pero que de manera expresa y consciente están desobedeciendo al ordenamiento jurídico de acuerdo a una determinada ideología.
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¿Puedes explicarlo un poco más?
Te voy a poner un ejemplo. Pensemos en una de las reformas introducidas por la Ley Orgánica de Protección a la Infancia frente a la violencia. Así, desde septiembre de 2021, a tenor de lo expresamente recogido en nuestro Código Civil, el juez o jueza no podrá establecer, o de existir lo tendrá que suspender, el régimen de visitas, comunicación o estancia de un padre sobre sus hijos o hijas, cuando se haya iniciado un procedimiento por maltrato a su madre. Pues bien, pese al carácter imperativo de la norma (art.94 CC), en la práctica, la regla general se convierte en excepción. Según datos del propio Consejo General del Poder Judicial, no llegan a un 14% los casos en los que tal ausencia de régimen de visitas o comunicación se produce.
Y es que, pese a que desde el año 2015 se reconoce que los niños y niñas que viven con una madre que es víctima de violencia de género, ellos y ellas también lo son, sin embargo, se va a caer en la incongruencia de establecer legalmente que el juez o jueza pueda, en base al interés superior del menor, imponer la obligación de que dicho menor tenga que seguir manteniendo visitas, comunicación y estancia con su padre, “presunto” maltratador o maltratador condenado.
¿Hasta qué punto el modelo patriarcal, basado en la figura central del “pater familias”, sigue condicionando nuestra visión del mundo y, en particular, de las relaciones familiares?
Es absolutamente inaceptable pensar que el interés de una víctima sea convivir con su agresor o presunto agresor. Esto, que en el caso de personas adultas sería impensable, sin embargo, desde una concepción carente de perspectiva de género y de infancia y alejada del marco de los derechos humanos, se va a imponer a las niñas, niños y adolescentes, siendo una clara expresión de violencia institucional y uno de los agujeros por los que se potencia la violencia vicaria.
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¿Hay problemas de recursos económicos para poder aplicar la ley?
Evidentemente, si estamos diciendo que, entre otras muchas cosas, hace falta formación, la formación necesita recursos. Y faltan recursos lógicamente para la protección y especialmente para la reparación.
La violencia de género es el reverso de la igualdad
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A veces se pone el hincapié en que la clave es que la víctima denuncie. ¿Estás de acuerdo?
La denuncia es un instrumento y evidentemente cuando se produce una situación de riesgo, la mejor manera de estar protegida es denunciar. Pero no creo que haya que denunciar sin más, hay que delimitar las circunstancias. No vale decir denuncia y apañátelas tú sola, esto puede aumentar incluso la peligrosidad. Cuando hablamos de ley integral, por eso es fundamental una Ley Integral.
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¿Quieres añadir algo más en la entrevista?
Una reflexión. La violencia vicaria es uno de los grandísimos problemas que tenemos. Violencia vicaria ha existido siempre, pero como fenómeno social de largo alcance es relativamente moderno. En los últimos años se está convirtiendo en el gran agujero negro de la violencia de género en nuestro país.
Las mujeres han avanzado en su lucha y el machismo busca las maneras de seguir perpetuándose. En este contexto se están utilizando de forma perversa los avances en materia de corresponsabilidad para, en una disfuncional combinación con la figura antes dicha del “pater familias”, seguir ejerciendo control y violencia sobre las mujeres a través de sus criaturas.
Es necesario un Plan Integral contra la violencia machista.
Nos encontramos multitud de casos en los que un niño o niña dice que no quiere estar con su padre, y no se les escucha, ni atiende a sus necesidades, sino que, haciendo uso del falso síndrome de alienación parental (o figuras similares), se va a determinar que la madre es la culpable por inculcarle ideas al niño o niña contra su padre. Nos encontramos cientos de madres que se les ha arrebatado la posibilidad de proteger a sus hijas e hijos frente a la violencia de un padre agresor.
Por eso, es muy importante tener claro que en la violencia de género en el ámbito familiar, no hay una sola víctima y, tristemente, en demasiadas ocasiones, tampoco un solo agresor: junto al padre agresor, también las instituciones van a ejercer violencia de género institucional, una de las más crueles, pues como dice la magistrada Gloria Poyatos “La violencia de género institucional es una de las más perversas formas de agresión, porque quien la ejerce lo hace bajo el amparo legítimo del Estado de Derecho”.