Lo que no contemplan estos presupuestos

Lo que necesitamos es redistribuir la riqueza

Una cosa es que la propuesta de presupuestos acordada por PSOE y Unidos-Podemos sea un paso positivo, que se traducirá en mejoras que debemos celebrar. Y otra que sean la alternativa que necesitamos para revertir los recortes.

Aunque muchas de las medidas que plantea deben apoyarse, no se corresponde con la línea de redistribución de la riqueza que hemos defendido desde estas páginas. Que no puede limitarse a un aumento en algunos capítulos de los gastos sociales. Sino que debemos poder disponer de los enormes recursos del país, ahora monopolizados por una ínfima minoría.

Esto se traduce en una reforma fiscal donde, por ejemplo, se imponga a grandes bancos y monopolios que paguen, en el impuesto de sociedades, un 50% de sus multimillonarios beneficios.

El acuerdo firmado por PSOE y Unidos-Podemos se limitan a fijar un mínimo del 15% para las grandes empresas, que sigue estando por debajo del tipo oficial del 25% e incluso del 17% que pagan las pymes. De hecho, el aumento de la carga fiscal a bancos y monopolios ha quedado “recortada”. La propuesta inicial del PSOE, que suponía 4.000 millones más a pagar para las grandes empresas, ha quedado reducida a 1.800.“Aunque positivos, esta propuesta de presupuestos está todavía lejos de la alternativa de redistribución de la riqueza que necesitamo”

Una política realmente redistributiva exige recuperar el dinero entregado a la gran banca con el rescate. La propuesta del “impuesto a la banca” de Podemos solo contemplaba impuestos adicionales de 1.000 millones anuales durante cinco años. En total, 5.000 millones. Una mínima cantidad de los 130.000 millones de dinero público empleado en rescatar a los bancos.

Revertir los recortes requiere también enfrentarse a los dictados exteriores, que tanto Sánchez como Iglesias aceptan. Los compromisos con la Comisión Europea obligan a una draconiana reducción del déficit, desde el 2,7% actual al 0,4% en 2021. Y obligan a seguir reduciendo el porcentaje del PIB destinado a sanidad, educación o gastos sociales.

Aunque sea un paso positivo, este acuerdo presupuestario está todavía muy lejos de la política económica que realmente necesitamos.

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