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El Congreso ha aprobado la ley reguladora de hipotecas con la que se pretende poner fin a las cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios. ¿Son un mero parche para camuflar un sistema crediticio al servicio de la banca? ¿O la demostración, una vez más, de la fuerza de la presión popular contra los desmanes de los bancos, que llega hasta el Parlamento?
¿En qué consiste la nueva ley? El objetivo explícito de la nueva legislación, tal y como la defienden todos los partidos que la han apoyado, es la de aumentar la transparencia para que el consumidor sea más consciente de las condiciones en las que contrae la hipoteca y acabar con algunos elementos que otorgaban una ventaja injusta a los bancos con respecto al solicitante del crédito.
Entre las medidas adoptabas, bancos y clientes pasarán a repartirse los gastos de suscripción de la hipoteca de manera un poco más “equitativa”. Ahora los bancos tendrán que pagar no solo el famoso impuesto de Actos Jurídicos Documentos (AJD), por el que el Tribunal Supremo dio aquel sonado golpe el año pasado, sino las primeras copias de notario, los gastos de registro y de la propia gestoría, además de la inscripción en el registro de propiedad. El cliente solo se tendrá que hacer cargo de las segundas copias y de la tasación del edificio titular. Antes de esta ley, el cliente tenía que hacerse cargo… de todo.
Las comisiones de apertura solo se podrán aplicar en servicios prestados que se puedan justificar, y con conocimiento y aceptación previa del cliente, que solo tendrá que abonarlo en un único pago. Mientras, las comisiones de amortización anticipada (el pago de la hipoteca de una sola vez) se reducen a la mitad en el caso de las hipotecas a tipo fijo. Y en el caso de las hipotecas con tipo variable, el cliente podrá elegir el tipo de amortización a tres o cinco años.
Y se cierra el paso de manera explícita a la cláusula suelo, cláusula que permitió a los bancos estafar 4.000 millones de euros a más de 3,5 millones de familias españolas. Ya fue declarada ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ahora se imposibilita por completo su posible regreso con la nueva ley.
El único partido que no ha votado a favor, considerando insuficiente las medidas, ha sido Unidos Podemos. Ciertamente, esta nueva legislación se aprueba por un mandato de Bruselas, que lleva exigiendo que los créditos hipotecarios se adapten a la normativa europea en un plazo donde España lleva ya tres años de retraso y pesaba la amenaza de una severa multa millonaria por ello.
Pero esta ley no es resultado de ningún “favor” por parte de las instituciones europeas. Es producto directo de las continuas movilizaciones de asociaciones como ADICAE y ciudadanos a título individual, cuya lucha de años no solo ha sacudido el mercado hipotecario en España, sino que ha llegado y con fuerza a las instituciones europeas. Han logrado prohibir la cláusula suelo. Han logrado acabar con que los clientes paguen el impuesto AJD. Esta ley es otro paso más.
Es importante tener esto en cuenta. Pese a la caída de los presupuestos de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones, todavía existe un importante géiser de presión popular que arranca victorias en todos los niveles y que sigue arrastrando al Parlamento. Esta nueva ley es una más. Y así debe considerarse.