La reforma del Pacto de Toledo

Las pensiones en la mira telescópica

La correlación de fuerzas impone cautela al PP. Si por un lado el ejecutivo parece buscar un consenso que “garantice la sostenibilidad de las pensiones” y que calme el ruido social, por el otro los intereses monopolistas buscan incansablemente crear las condiciones para que pueda despegar el gigantesco negocio de los fondos privados de pensiones, cosa que sólo puede ocurrir si previamente se degradan las pensiones públicas.

Después de llevar años deliberadamente pospuesto, se ha abierto el debate para negociar un nuevo Pacto de Toledo que, según Fátima Bañez, debe conducir a garantizar la sostenibilidad y el futuro del sistema público de pensiones, “el corazón del Estado del Bienestar junto con la asistencia sanitaria”. El ejecutivo ha propuesto que una parte del sistema de pensiones se puedan financiar vía impuestos, y estudia subir el techo de cotización de los salarios más altos. Medidas en sí mismas positivas y que han suscitado un receloso acuerdo.

Todos los agentes sociales y políticos, sindicatos y patronales, izquierda y derecha, reconocen que ha llegado la hora de hablar en serio de las pensiones, y que su reforma no puede postergarse más. Y todos hablan en nombre de la “sostenibilidad”. Es preciso partir de quién lo dice, cuándo lo dice, y -sobretodo- para qué lo dice. En el tema de las pensiones no puede haber consensos: es un terreno en el que se libra una batalla entre poderosos y antagónicos intereses.

Hace poco más de un mes, en un acto titulado ‘La hora de la verdad para las pensiones. Hacia un nuevo Pacto de Toledo’, ejecutivos de los grandes bancos españoles, junto a representantes de Inverco y Unespa, (las patronales de los fondos de pensiones y las aseguradoras, respectivamente) y altos cargos ministeriales, coincidían plenamente en la necesidad de reformar el sistema público de pensiones debido al “problema estructural del envejecimiento de la población”. La solución, según los expertos allí reunidos, debía ser potenciar los planes de pensiones privados, extendido en otros países.

Para ello hay una traba que necesariamente deben derribar. Mientras haya en España un sistema sostenible, universal y digno de pensiones públicas, no podrá despegar un sistema privado que pueda gestionar y apropiarse de los 118.000 millones de euros que mueven cada año las pensiones. Buscan instaurar un proyecto mixto, público-privado, donde las grandes capitales puedan sacar tajada; pero para ello necesitan degradar el sistema público de pensiones, reduciéndolo paulatinamente a un sistema asistencial. ¿Pensiones para todos los cotizantes? Sí, pero de cuantía tan escasa que muchos -los que puedan costeárselo- buscarán complementarla con un plan de pensiones para tener una jubilación digna.

Es cierto que en lo inmediato no van a producirse ataques ni recortes draconianos contra los pensionistas. Pero no importa lo “dialogante” o consensuador que parezca este nuevo gobierno en lo tocante a las pensiones, o que la actual coyuntura política le imponga actuar con cautela, tacto o sigilo. Los intereses monopolistas que defiende el PP son antagónicos con la sostenibilidad de un sistema público de pensiones, universal y sobretodo de calidad.

La prueba patente de ello no sólo es la pérdida de un 5% de poder adquisitivo medio de los pensionistas desde 2011, según UGT, sino la nueva retirada de 9.500 millones de euros del Fondo de Reserva de la SS, que sumados a los 8.700 millones sacados en julio, dejan a la hucha de las pensiones con unos exiguos depósitos de 15.900 millones, lo necesario para respaldar dos pagas. Van a utilizar la falta de ese colchón de seguridad, para justificar “por la fuerza de las circunstancias” la reforma -quizá lenta y paulatina, pero inexorable- del sistema público de pensiones hacia el modelo buscado por los monopolios.

Josep María Alvarez, secretario general de UGT, ha recalcado la necesidad de “blindar las pensiones”, garantizando la financiación del sistema “de forma que los futuros Gobiernos no puedan con sus políticas, llevarlo al borde del abismo”. La Mesa Estatal Pro-Referéndum de las Pensiones (MERP), una plataforma que integra a más de un centenar de organizaciones políticas y sociales, va más lejos y promueve el blindaje constitucional de las pensiones.

La MERP promueve “mediante un referéndum de carácter vinculante, la inclusión en la Constitución del derecho de todos los españoles a recibir una pensión digna después de toda una vida de esfuerzos y trabajo duro (…). Un artículo que recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de los pensionistas, y por tanto la imposibilidad de que ningún tipo de medida, ya sean recortes, subidas de impuestos, copagos, aumento de las tarifas de los servicios básicos o cualquier otra pueda afectar a los pensionistas, excepto aquellas que sean favorables para ellos”.

Una campaña por el blindaje constitucional de las pensiones que va encontrando eco por todos los rincones del país. El Ayuntamiento de San Sebastían de los Reyes (Madrid), siguiendo la senda de Ibros (Jaén), llevará a pleno una moción para exigir el referéndum, y la MERP trabaja para que una veintena de consistorios se unan a esa iniciativa.

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