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Entre todas las medidas que exige Bruselas, las pensiones ocupan un lugar central.
El informe de la Comisión que recomienda la salida del” brazo correctivo”, dedica una atención especial a las pensiones. Reconoce que “durante la crisis, el sistema de pensiones español desempeñó un papel importante al garantizar el nivel de las personas mayores y su menor riesgo de pobreza”, para a renglón seguido exigir “medidas compensatorias” para contrarrestar el aumento de los gastos en pensiones por seguir ligándolas a la inflación, en contra del criterio de la Comisión Europea, y el retraso hasta 2023 en la aplicación del “factor de sostenibilidad” por el que la reforma de 2013 vinculaba el cálculo de las pensiones a la esperanza de vida.
Una vez más insiste en defender que se mantengan las reformas de 2011 y 2013 que “han contribuido a garantizar la sostenibilidad y la adecuación relativa de las pensiones a largo plazo”.
En el informe se fija también otra condición que tiene que ver con la “regla de gasto” y que implica a las pensiones. A partir de ahora en el llamado gasto primario se incluyen las pensiones y se fija que no podrá subir del 0,9% en 2020. Otro límite. ¡Un palo más en la rueda de las pensiones!
El nuevo régimen de vigilancia de la UE quizás no “ahogue” pero aprieta. Bajo la “flexibilidad” el yugo sigue funcionando.