Cargando...El gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, que entró en la administración pública apadrinado por Miguel Boyer en los primeros gobiernos de Felipe González, ha asumido el papel de «policía malo», lanzando como amenazadores «globos sonda» los recortes sociales con que esperan que los trabajadores paguemos la factura de la crisis. Su referencia a la «inviabilidad del sistema de pensiones» ha sido el tema central al que se han referido todos los periódicos.
La reforma de las ensiones, clave y necesaria La comparecencia parlamentaria parlamentaria de ayer del gobernador del Banco de España supone un duro golpe al discurso tranquilizador del Gobierno sobre las pensiones y, más concretamente, sobre las tesis que ha venido sosteniendo Zapatero, que, en febrero pasado, le recomendaba «encarecidamente y en el mejor tono posible» a Rajoy que dejara fuera del debate político las cuentas de la Seguridad Social. Miguel Angel Fernández Ordóñez afirmó ante la comisión del Pacto de Toledo que es muy posible que la Seguridad Social cierre este ejercicio con números rojos y recomendó una serie de reformas tras afirmar que «es absurdo negar que tenemos un problema de sostenibilidad» del actual sistema, en flagrante contradicción con lo que mantiene el Gobierno. La primera de las medidas que hay que abordar, según sugirió ayer el gobernador, es el alargamiento de la vida laboral, lo que supone retrasar la edad de jubilación. Fernández Ordóñez puso el ejemplo de Alemania, donde se ha retrasado de los 65 a los 67 años. También abogó por introducir mayores estímulos fiscales a las personas que voluntariamente decidan seguir trabajando tras cumplir la edad de jubilarse. Desde luego, resulta muy difícil de sostener la inmutabilidad de la jubilación a los 65 años cuando las expectativas de vida de las personas se han alargado notablemente en las últimas décadas. Más injustificables son las prejubilaciones, que suponen una forma disfrazada de transferir costes de la banca y las grandes compañías al Estado. Deberían estar prohibidas por ley salvo en casos excepcionales. La segunda iniciativa que planteó Fernández Ordóñez es la modificación de la base reguladora a partir de la que se calcula la cuantía de la pensión, que es ahora de los últimos 15 años de vida laboral. Puso el ejemplo de Francia que la ha elevado de 15 a 25. (…) Tarde o temprano, el Gobierno tendrá que abordar este grave problema y no parece haber otro remedio que ir en la dirección que propuso ayer el gobernador, siguiendo las reformas que han hecho países como Francia, Alemania y Suecia. Estas iniciativas han sido muy impopulares y todas han tenido un importante coste político para los gobernantes que las llevaron a cabo. Pero también todas se han revelado efectivas y han tenido como consecuencia restablecer el equilibrio de las cuentas del Estado, que, como dijo ayer el gobernador, no pueden soportar un déficit indefinido. Urge una nueva convocatoria del Pacto de Toledo para debatir esa necesaria reforma de las pensiones, que requiere el máximo consenso entre partidos y agentes sociales y clave para la recuperación. (El Mundo. Editorial. 17-4-09) Pensiones en el alero Mira por dónde, parece que con quien peligran las pensiones es con Zapatero. Aquel mantra político que González utilizó en los noventa para resistir el asalto de Aznar sembrando el miedo entre los jubilados ha rebotado al cabo del tiempo sobre la cabeza del nuevo adalid de la socialdemocracia subsidiada. (…) Y por más que el ministro de Trabajo y la UGT -ésta en su clásico papel de correa de transmisión- se hayan apresurado a enfriar la alarma, el severo análisis de Fernández Ordóñez ha dejado en el aire una pavorosa interrogante de futuro, verosímil en la medida en que tiene que ver con la frivolidad económica y presupuestaria del zapaterismo. (…) El problema es que el gobernador Ordóñez ya sabía eso cuando dijo lo que dijo. Y lo dijo porque, según sus datos, que alguno debe de tener en el sitio en que está, al ritmo del desempleo y del alegre endeudamiento que el presidente ha impuesto para amortiguar sus efectos es posible que este año la Seguridad Social entre en déficit y pronto se vea abocada, si no se aplican nuevas reformas del sistema, a empezar a echar mano del depósito de emergencia. Lo que comprometería en serio no las pensiones actuales e inmediatas, sino las de dentro de unos años, ese plazo medio o largo que ha desaparecido del concepto ferozmente presentista de nuestra política. Lo que viene a señalar la sensata denuncia del regulador financiero es el peligroso rumbo de irresponsabilidad que ha tomado el Gobierno al afrontar la recesión desde un punto de vista de mera inmediatez clientelar, sufragando con cargo a la deuda pública las medidas paliativas y anestésicas con que trata de compensar la ausencia de reformas estructurales. (…) Quizá la gente no entienda lo que significa el déficit, pero la economía sí lo sabe. Y pasará las facturas que ahora se están dejando pendientes. (ABC. Ignacio Camacho. 17-4-09) El Banco de España advierte que ya no hay margen de maniobra con el déficit “El Banco de España lanzó una dura advertencia el miércoles al gobierno del país al manifestar que ya no hay manera de incentivar la economía con nuevos gastos. En una entrevista, el Director General de Estudios de la mencionada entidad, José Luis Malo de Molina, también previno de que cualquier estímulo fiscal adicional tendría escaso efecto en la economía y requeriría grandes recortes de gastos que harían retroceder el camino de la recuperación de las finanzas del país”. “Las palabras de Malo de Molina contrastan con los recientes comentarios realizados por el Presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien manifestó que el gobierno podría poner en práctica nuevos estímulos fiscales que impulsaran la renqueante economía española. Es frecuente que Zapatero aluda al relativamente bajo nivel de deuda pública. Pero el Banco de España prevé que el nivel de deuda pública suba abruptamente del 39% del PIB de 2008, hasta el 60% en 2010, límite de la Unión Europea. España ya ha aplicado uno de los paquetes de estímulo fiscal más importantes de Europa en relación con el tamaño de su economía, sumergiendo sus cuentas en los números rojos. El gobierno entró en la crisis económica mundial con un superávit presupuestario igual al 2,2% del PIB en 2007, que cayó el año pasado en un déficit del 3,8%”. “La popularidad de Zapatero está cayendo en España a medida que la economía se sumerge en una profunda depresión subsecuente al colapso de una década de ‘boom’ inmobiliario. El paro se duplicado con creces en un año, llegando al 15%, la tasa más alta de los 27 países de la UE. El Banco de España espera que el año que viene, el porcentaje suba al 19%. El miércoles, la entidad bancaria reiteró que el país necesita revisar su rígido mercado laboral”. (The Wall Street Journal. Thomas Catan y Jonathan House. 17-4-09) La cuadratura del círculo audiovisual Cuestión de planificación. O mejor, de su ausencia. El Gobierno está encontrando serios problemas para encajar las piezas del difícil puzzle en que ha convertido el sector audiovisual español con sus últimas decisiones. El compromiso del presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, de reducir "drásticamente" la publicidad en la televisión pública, para aliviar así las cuentas de las cadenas privadas, pero sin poner en peligro la viabilidad del sistema audiovisual estatal, puede terminar por convertirse en un bucle sin fin para las televisiones. El problema está en cómo pagar una televisión pública estatal del tamaño actual, con posibilidades de liderar la audiencia, sin recurrir al mercado publicitario. Es decir, en diseñar un nuevo modelo de financiación para TVE y, más difícil aún, para las televisiones autonómicas, una tarea que han intentado afrontar, sin éxito, gobiernos de distinto signo político en la última década. Descartada la posibilidad del canon por televisor, por impopular, asunto especialmente espinoso a menos de dos meses de las elecciones europeas; y feo y complicado plantear un mayor acceso a los Presupuestos Generales del Estado, cuando el gobernador del Banco de España advierte de que la Seguridad Social está al borde del déficit, al Gobierno de Zapatero se le acaban, según parece, las ideas. No se entiende de otra forma, sino, que el Gobierno haya tenido que importar el modelo de televisión pública francés, burlas o no del presidente Sarkozy al margen. Desde el Ejecutivo se han empezado a lanzar mensajes sobre la posibilidad de que el Gobierno compensa la eventual pérdida de facturación vía publicidad de TVE con una tasa sobre los ingresos que perciben las cadenas privadas, beneficiadas por la hipotética retirada del mercado de la televisión pública. (…) Sobre la reducción de publicidad en TVE, el consejero delegado de Antena 3, Silvio González, pidió ayer al Ejecutivo que concrete cuanto antes el alcance de la medida y si afectará a las televisiones autonómicas. Durante su intervención en el Foro Nueva Economía, González abrió la puerta de la compañía a posibles fusiones con otras cadenas, pero constató que se han de estudiar “sin urgencia” todas las opciones y que la decisión final se producirá "si crea valor" para los accionistas. (Expansión. Javier Montalvo. 17-4-09)