En su afán por imponer su referéndum el 1-O, Puigdemont repite una y otra vez que representa “a la mayoría de catalanes que defienden el derecho a decidir”. Comprobemos los números, y el resultado será que las “mayorías” de las que alardea Puigdemont son una más de las mentiras que difunden.
Comencemos por los resultados electorales, donde la población a través del voto puede pronunciarse sin intermediarios.
Las fuerzas partidarias de este referéndum jamás han podido superar la barrera de la mitad de los votos. Pero si cogemos su peso con respecto al censo total, se reduce a poco más de un tercio en el mejor de los casos.
En las últimas generales, los partidarios del referéndum de Puigdemont apenas recibieron el voto de un 20% del censo.
Pero cojamos el escenario más favorable para ellos. Las autonómicas catalanas del 27-S de 2015, convocadas por Artur Mas como un plebiscito por la independencia. No solo lo perdieron, al quedarse en el 48% de los votos cuando aspiraban a superar el 50%. Es que apenas recogieron el apoyo de un 36% del censo.
Es decir, dos de cada tres catalanes han manifestado, en todas las elecciones en que han podido hacerlo, el rechazo a quienes hoy dicen representar “a la mayoría de la sociedad”.
Puigdemont se escuda en “la mayoría que quiere votar”. Otra mentira. Más de un 70% de catalanes defienden poder pronunciarse en un referéndum. Pero según todas las encuestas -desde las que organiza la propia Generalitat hasta las de los medios más contrarios a la independencia- más de un 60% se pronuncia en contra de un referéndum unilateral -el que se ha convocado para el 1-O-, que solo apoya poco más de un 30%.
La Generalitat ha exhibido el apoyo al referéndum de 500 ayuntamientos, el 80% de los municipios catalanes. Pero ocultan que solo representan al 43% de la población. Porque los consistorios de todas las grandes ciudades se han pronunciado en contra.
La realidad es que la mayoría de los catalanes rechaza el referéndum “estafa” que pretende imponer Puigdemont. Por eso tienen que violentar la propia legalidad catalana, aprobando por mayoría simple una ley de referéndum para la que el estatut exige el respaldo de al menos dos tercios de los diputados del parlament.
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