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En los últimos meses los centros de poder globales vienen anunciado cuál es el marco de exigencias ineludibles con el que tendrá que lidiar el nuevo gobierno que salga de las elecciones, sea del color que sea.
Todos coinciden en tres puntos esenciales: La continuidad del atraco monopolista con la inflación y el expolio financiero con los tipos de interés altos. La obligación del gobierno de cumplir los compromisos con Bruselas. Y emprender los ajustes necesarios para cumplir con las reglas para reducir el déficit y la deuda marcadas por la Comisión Europea.
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Desde Washington, el FMI en su informe sobre las perspectivas de la economía mundial, publicado días antes de las elecciones, pregona el fin de las medidas que se tomaron para paliar los efectos de la pandemia y la invasión rusa de Ucrania cargando los costes sobre el Estado para proteger a bancos y monopolios. Y se alinea con la Fed, el banco central de Estados Unidos, y el BCE, el Banco Central Europeo, fijando como “prioridad política número uno la inflación” y recomendando “que se mantengan los tipos de interés altos el tiempo que sea necesario”. Pese a reconocer los efectos negativos sobre el mercado laboral y la asfixia de las familias.
En su informe el FMI asegura que a nivel mundial la economía se ralentizará en 2023. Aunque sobre España dice que podría crecer un 2,5%, por encima de la media europea. Y urge a los gobiernos, especialmente de los países de la Eurozona con más deuda y más déficit, entre ellos a nuestro país, a poner de su parte en la lucha contra la inflación recuperando una de sus viejas recetas: hacer recortes y subir impuestos. Insistiendo en que “los países con más deuda y déficit deben elaborar planes de ajuste y recortes en los presupuestos hasta reducirlos a niveles anteriores a la pandemia”.
Bruselas: disciplina fiscal con recortes y cumplir los compromisos
A partir de la primavera del próximo año los países de la Unión Europea tendrán que volver a cumplir las reglas fiscales fijadas por Bruselas. El futuro gobierno no lo va a tener fácil para cumplir con las exigencias de la UE.
Bruselas acaba de aprobar una revisión del Pacto de Estabilidad Fiscal que mantiene en el 3% los límites del déficit público y en el 60% del PIB el nivel de la deuda. España, con un déficit que ronda el 3,9% y una deuda pública del 113%, está en el bloque de países con mayores desequilibrios, junto con Francia, Italia, Bélgica, Portugal y Grecia.
Los países con déficit y deuda excesiva deberán negociar con Bruselas una senda de ajuste adaptada a su coyuntura económica, pero con un ajuste mínimo anual del 0,5% del PIB. Bruselas actuará contra los países que no respeten ese objetivo o no acaten las recomendaciones.
El gobierno de coalición envió a finales de mayo una actualización del Plan de Recuperación aprobado en 2021, donde se comprometía -entre otras cosas- a bajar el déficit al 3% en 2024 para recibir los pagos pendientes de subvenciones y acceder a los 84.000 millones en préstamos.
Pero en Bruselas desconfían del objetivo y ya han empezado a llegar las “recomendaciones de obligado cumplimiento”.
Para empezar avisan a nuestro país de que a partir de la primavera de 2024 la Comisión iniciará la apertura de procedimientos por déficit excesivos sobre los datos de 2023.
La Comisión emplaza al gobierno a un ajuste fiscal, no del 0,5%, sino del 0,7%; es decir: recortes por 9.450 millones anuales que van a marcar los Presupuestos del próximo año. Pide que el nuevo gobierno empiece retirando las medidas para contener la inflación (como las ayudas fiscales a los alimentos y combustibles, las ayudas del transporte o a los alquileres…).
Además exige “más énfasis” en la reducción de la deuda. Y el cumplimiento de las reformas pendientes y compromisos negociados por el gobierno de coalición con Bruselas, como la Reforma Fiscal y los nuevos impuestos incluidos en el Plan de Recuperación.
Entre esos compromisos están los peajes por el uso de las carreteras del Estado. El nuevo gobierno tendrá difícil negociar la retirada de la tasa, considerada por la Comisión como “impuestos medioambientales” y se arriesga a que Bruselas imponga un bloqueo parcial de los fondos por recibir.
El futuro gobierno tendrá muy poco tiempo, hasta el 31 de diciembre, y solo podrá negociar cambios puntuales sin alterar los fundamentos del Plan de Recuperación. Bruselas sólo aceptaría “modificaciones tácticas”.
También la OTAN
Las exigencias al nuevo gobierno no vienen solo por los canales del FMI y Bruselas. España también debe cumplir sus compromisos militares con la OTAN y EEUU que siguen presionando para que aumente los gastos de Defensa hasta el 2% del PIB. Objetivo que el gobierno de coalición se ha comprometido a cumplir desde el 1,2% actual* hasta alcanzar el 2% en 2029; lo que supondrá duplicar los gastos actuales de Defensa, casi 11.000 millones de euros más cada año.
Una exigencia que complica aún más el ajuste de cuentas que se le va a reclamar al nuevo gobierno, y que puede acabar aumentando los recortes sociales, Sanidad o Educación para dar cabida a las exigencias de la OTAN.