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Nadie puede negar que en España, durante la última década, hemos sufrido un insoportable aumento de las desigualdades y un empeoramiento de las condiciones de vida en muchos sectores. Pero cuando esto se explica apelando a “los efectos de la crisis”, o señalando solo a “las consecuencias de los recortes sobre la población”, se está falseando la realidad.
En España el dinero nunca ha desaparecido. Incluso en los peores años de la crisis, el PIB español nunca bajo de un billón de euros, y desde 2013 no ha parado de crecer. Lo que se ha impuesto es un gigantesco atraco, donde unos, el 90% de la población, teníamos que perder, para que otros, una minoría de grandes bancos y monopolios nacionales y el capital extranjero, no solo mantuvieran, sino que aumentaran sus ganancias.
Es fundamental presentar los números que nadie quiere sacar, saber cuánto nos han quitado a la mayoría, y, sobre todo, quién se ha quedado esa riqueza. Unos números que no solo ponen luz a la dimensión oculta del saqueo que seguimos sufriendo, sino que evidencian la necesidad de una auténtica política de redistribución de la riqueza.
Si sumamos los efectos de las rebajas de salarios y pensiones, los recortes sociales y la subida de impuestos, el resultado es una cifra impactante: 367.130 millones de euros (que antes percibíamos y ahora ya no). Su impacto real solo aparece claramente cuando lo individualizamos. Es como si a cada uno de nosotros le hubieran quitado 7.907 euros. Para el 47% de trabajadores que cobran menos de 1.000 euros, eso significa que, en los hechos, durante un año nos han obligado a trabajar gratis de enero a agosto.
A través del aumento del paro y de las dos reformas laborales, se ha impuesto un recorte de salarios que se ha convertido en estructural. Si observamos el reparto del PIB, comprobamos que, de 2008 a 2017 (últimos datos disponibles), el peso de los salarios ha bajado, pasando del 50,21% al 46,98%, mientras el de las rentas del capital ha subido, del 41,67% al 44,7%. Esto significa que los trabajadores hemos dejado de percibir en nuestras nóminas 220.369 millones de euros, que hubiéramos cobrado si se hubiera mantenido la distribución de la riqueza vigente hace una década.
El hachazo a las pensiones no ha sido menor. Los efectos de las sucesivas reformas han supuesto que los pensionistas hayan dejado de percibir 7.877 millones de euros. Y, según el FMI, el recorte en los próximos diez años será del 30% de la pensión, o lo que es lo mismo, cada jubilado dejará de cobrar 350 euros.
A esta situación hay que añadir recortes sociales por un valor de 87.600 millones de euros, que se han quitado a la sanidad y la educación públicas, las ayudas sociales, etc. Los “compromisos” con la Unión Europea van a imponer que, a pesar de que crezca el PIB, el gasto social en España se siga recortando. En el Programa de Estabilidad 2017-2020 se fija que el gasto en educación descenderá del 4% al 3,67% del PIB, y el de sanidad, del 6% al 5,57%. Son 16.144 millones de euros que dejarán de destinarse a gastos sociales.
El negocio de bancos y monopolios
Todo ese dinero que nos han quitado a la mayoría de la población no se ha “evaporado”. Alguien se lo ha quedado. Mientras se recortaban salarios y pensiones, sanidad y educación, los beneficios del Ibex-35 en la última década alcanzaron los 346.970 millones de euros. Es una cifra que permitiría pagar las pensiones de los casi nueve millones de jubilados durante 2,5 años.
Estas ganancias de los bancos y monopolios no solo se han mantenido, sino que han aumentado. Y no ha sido principalmente por la “recuperación económica”. De 2013 a 2017, el PIB español creció un 12,13%, pero los beneficios del Ibex-35 aumentaron un 87,06%, es decir, más de siete veces más.
Quien ha hecho un gigantesco negocio a pesar de la crisis ha sido la gran banca, con 109.425 millones de euros de beneficios en los últimos diez años. Este sector está controlado en un 77% por tres grandes bancos: Santander, BBVA y La Caixa. La gran banca se ha quedado con los beneficios y nosotros hemos pagado los gastos. El total del dinero público comprometido en el rescate bancario, y que el propio Banco de España da por perdido en su mayoría, asciende a 130.000 millones de euros.
La oligarquía española ha privatizado las ganancias y socializado las pérdidas. La deuda pública se ha disparado, pero no para fortalecer las pensiones públicas o crear empleo, sino para rescatar a la banca. Además, al ser propietaria de casi la mitad de la deuda del Estado, la oligarquía ha recibido en los últimos diez años, solo con el pago de los intereses, más de 150.000 millones de euros que hemos pagado todos.
El gran capital extranjero o el ladrón más oculto
El atraco de mayor volumen es ―y no es casualidad― el más ocultado. La transfusión forzada de rentas desde el 90% de la población a grandes bancos y monopolios culmina en un gigantesco trasvase de la riqueza nacional al capital extranjero. El saqueo ha sido impuesto desde el exterior, a golpe de los dictados del FMI o la Comisión Europea, y también hay que buscar en el exterior a sus principales beneficiarios. A través de diferentes mecanismos, el gran capital extranjero ha obtenido de España desde 2008 hasta hoy beneficios por un valor de 1,1 billones de euros. Es como si en la última década toda la riqueza producida por los más de 46 millones de españoles durante un año hubiera volado fuera de nuestras fronteras.
El capital extranjero es propietario del 46% de las acciones del Ibex-35, y se apropia así, vía reparto de dividendos, de una parte importante de la plusvalía que los bancos y monopolios españoles arrancan a la población. Los grandes bancos y fondos extranjeros han triplicado en los últimos diez años su peso en la propiedad de la deuda pública española, lo que les permite apropiarse de más de 140.000 euros solo cobrando los intereses de sus títulos de deuda. Y el peso de las multinacionales extranjeras en la economía nacional les permite apropiarse directamente de casi la mitad de toda la plusvalía generada en la industria española.
Estas son las cifras que permanentemente nos ocultan, para esconder la magnitud del saqueo sufrido. Y, sobre todo, para proteger a quien se ha apropiado de una riqueza que nos ha sido arrebatada. Hay que poner encima de la mesa estos números en estas elecciones y exigir revertir el saqueo, que devuelvan lo robado, mediante una política de redistribución de la riqueza.