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El caso de los «niños robados» -arrebatados a sus madres y entregados ilegalmente en adopción- quiere presentarse como un ejemplo de los «abusos» del franquismo. ¿Por qué entonces los «ladrones de niños» pudieron actuar con impunidad hasta bien entrada la democracia?
Un genocidio lanificado El caso de los “niños robados” hunde sus raíces en los oscuros años de la posguerra, y forma parte del genocidio planificado desde las altas instancias del Estado para afianzar el nuevo régimen por la fuerza del terror. Las más de 150.000 personas enterradas en fosas comunes -asesinadas una vez concluida la Guerra Civil, bajo la impunidad de los pistoleros fascistas- dan fe de la magnitud de la guerra sucia desatada desde el Estado. Los “niños robados” son otro de los filamentos del terror instaurado en la posguerra. El auto del juez Baltasar Garzón eleva hasta 30.000 los hijos de familias comunistas, anarquistas o republicanas que habrían sido objeto de secuestro y aún siguen en paradero legal desconocido, continúan en estado de desaparición forzada. No estamos hablando de la actuación de un grupo de desaprensivos, amparados en el estado de guerra, sino de un “trafico de niños” planificado desde el Estado. Bajo la cobertura ideológica de las teorías filo-nazis del psiquiatra de cabecera de la dictadura, Antonio Vallejo Nájera, quien ideó una suerte de "eugenesia positiva", casi hitleriana, para "multiplicar a los selectos y dejar que perezcan los débiles”. Consideraba al marxismo como una enfermedad mental y llamaba a arrancar a los hijos de las madres presas para “reeducarlos” bajo los preceptos del régimen. Y amparados en los dos leyes dictados por Franco al concluir la guerra, según las cuales la patria potestad de todos los hijos de las madres encarceladas o los niños que entraban en el Auxilio Social pasaba a manos del Estado, que de esa manera podía cambiarles el nombre y entregarlos a quien quisiese. A otros niños se los llevaban recién nacidos, horas antes de fusilar a sus madres, de centros como la Prisión de Madres Lactantes de Madrid, que habían montado junto al río Manzanares. Y a muchos los fue a raptar al extranjero el Servicio Exterior de la Falange, a menudo, a los campos de concentración donde habían ido a parar los exiliados. El mismo infierno de la dictadura argentina -donde el robo de niños a madres asesinadas fue una práctica habitual- se reprodujo en los años más negros de la posguerra, como parte integrante de un genocidio político cuyo objetivo era “erradicar el marxismo de España”. ¿Sólo es un “remanente” del franquismo? El origen del caso de los “niños robados” se remonta, efectivamente, a la represión franquista… ¿pero es sólo un claro ejemplo de “los abusos de una dictadura”, como se empeñan en difundir los grandes medios? Varios hechos desmienten esta “versión tranquilizadora”, auténtico cortafuegos para que la parte sustancial de la verdad permanezca todavía oculta. Los secuestros de niños no se paralizaron con el franquismo. Muerto el perro no se acabó la rabia. Los casos de “niños robados” se documentan hasta bien entrada la democracia. Sólo la reforma de la Ley de Adopción en 1987 atajó este tráfico inmoral de seres humanos. En su preámbulo, la misma ley reconocí que “se acusaba en la legislación anterior una falta casi absoluta de control de las actuaciones que preceden a la adopción (…) que permitía en ocasiones el odioso tráfico de niños”. Paradójicamente, el reconocimiento del delito no dio lugar a su persecución. Muy al contrario, las familias que se atrevían a denunciar el caso ante las instituciones se encontraban con un muro de silencio. Como han denunciado las víctimas, todavía en 1994, la Diputación de Málaga rechazaba admitir a trámite las reclamaciones de las familias afectadas. Sorprende que, ya en 1981, en plena democracia, las investigaciones realizadas por la Brigada Judicial de Madrid en la clínica San Ramón -uno de los principales centros de tráfico de niños- fueran archivadas por la justicia. La policía llegó a detener a seis personas, y acumuló indicios suficientes para sospechar que se estaba produciendo la compraventa de recién nacidos. Entre ellos, las declaraciones de 14 matrimonios que reconocían haber abonado 150.000 pesetas de la época por adoptar niños. Pero, sorprendentemente, esta investigación no fue más allá ni ningún juez exigió una mayor profundización. Si sólo estamos ante un caso de “abusos del franquismo”, ¿entonces por qué, en plena democracia, se han interpuesto tantos obstáculos a las reclamaciones de las familias? La realidad es que el caso de los “niños robados” ha estallado gracias a la tenacidad de las familias, que ha obligado a las instituciones a dar, de mala gana, un paso al frente. El escándalo salió a la luz pública cuando los representantes de Anadir (Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares) presentó denuncia ant la Audiencia Nacional y la Fiscalía General del Estado. Hoy, las denuncias admitidas a trámite superan el millar, y afectan prácticamente a todas las provincias españolas. Gracias a la tenacidad de las familias -y al escándalo entre la opinión pública al hacerse público los hechos-, la Fiscalía General del Estado ha admitido la verosimilitud de las denuncias, pero curiosamente la ha dado un cauce legal que, lejos de buscar esclarecer la verdad, parece amparar a los culpables. Rechazando que existiera concierto previo de los autores del crimen -evitando así investigar los fundamentos de la trama institucional que planificaba y amparaba el tráfico de niños-. Y negándose a aceptar la demanda conjunta de los afectados, lo que conduce a dispersar la investigación remitiendo cada caso a la fiscalía territorial correspondiente. Justo el mismo instrumento utilizado para entorpecer y paralizar la investigación de las fosas comunes del franquismo. Un secuestro de clase Una cosa es que estemos ante la actuación de un grupo de desaprensivos -vinculados a la Iglesia y al aparato del franquismo-, que se ampararon en la impunidad de un régimen dictatorial para robar los hijos de brazos de sus madres y hacer negocio con su venta. Estaríamos hablando de crímenes individuales, perpetrados por personas desaprensivas. Pero la realidad es mucho más inquietante. El tráfico de niños sólo pudo ejecutarse -durante varias décadas y en la más absoluta impunidad- porque existía una trama delictiva organizada e institucionalizada, sostenida por poderosos círculos sociales y que contó con el amparo del aparato del Estado. La trama comenzaba en algunos de los servicios sociales vinculados a la Iglesia, que se encargaba de “captar” futuras madres en situaciones precarias. Continuaba por una red de médicos -vinculados a clínicas privadas- que desviaban a las madres escogidas a los hospitales de la trama. Culminaba con notarios o jueces que despejaban los obstáculos burocráticos y daban validez jurídica a la adopción ilegal. El “secuestro” del niño se producía siempre de la misma manera. Las madres eran sedadas al dar a luz. Y a las pocas horas, se les informaba de que el bebe había fallecido. Las causas de la muerte eran certificadas por los médicos implicados. Utilizando los vacíos legales existentes para arrebatar el hijo con absoluta impunidad de los brazos de la madre. Pero lo que se oculta en todo este entramado criminal es el marcado carácter de clase del robo de niños. Las familias víctimas del secuestro eran cuidadosamente elegidas entre las clases más humildes. Madres sin recursos, familias en dificultades económicas. Sectores vulnerables que no tuvieran capacidad de defensa ante el poderoso entramado criminal. Los cerebros de la trama eran gente adinerada, con especiales contactos en la administración, la Iglesia o las élites médicas. Se utilizaba la posición de poder para perpetrar el crimen con impunidad, y se utilizaba las dificultades de las víctimas para sustraerle cualquier derecho sobre sus hijos. Estamos hablando de una trama criminal que tiene el reverso tenebroso del lucro privado a través de una actividad tan indigna como el robo de niños. Según se documenta en la investigación, los precios pagados por los niño oscilaban entre las 50.000 pesetas de entonces -al cambio serían unos 6.000 eros- y el medio millón. La impunidad del Estado No estamos, pues, sólo ante la actuación de una pequeña banda criminal, sino ante un nuevo caso de como el Estado, amparado en su impunidad, tritura nuestras vidas. El hecho más destacable es la impunidad para poder haber ejecutado el crimen durante varias décadas, y el manto de silencio que, hasta bien entrada la democracia, se ha vertido desde la instituciones sobre el tema. Tal y como denuncia la presidenta de la asociación de familias afectadas “que no haya tenido trascendencia hasta ahora se debe principalmente a que se ha jugado con el miedo. También por las ramificaciones que tienen estas adopciones entre ellas las de personas íntimamente ligadas al Estado, Iglesia, política, medicina, abogacía y otras profesiones que por su calibre verían comprometido su buen nombre. Todo ello ha hecho que se esté ojo avizor con este tema para parar cualquier tipo de investigación o reclamación que puedan hacer tanto los hijos adoptivos como las madres biológicas. Incluso me atrevo a decir que por parte del Estado y de la Iglesia, si hubiese algún tipo de investigación será indiscutiblemente entorpecida por las mismas personas que rodean este tema. Todavía tienen el peso suficiente para ejercer su influencia, igualmente muchos involucrados forman parte hoy día de la sociedad mas exquisita y con puestos tan importantes como para que conozcamos a algunos de ellos a través de los medios. Su caché social les hace intocables”. Uno de los escollos que los familiares de las víctimas deben sortear es la actitud de la fiscalía de la Audiencia Nacional. Semanas atrás, organizaciones de derechos humanos se reunieron con el fiscal Javier Zaragoza, quien se mostró esquivo a impulsar la investigación judicial pero sí les propuso crear una oficina administrativa para atender a los familiares. “Esa es una táctica dilatoria, es una forma de contener el deseo de saber de las familias”, denunció el abogado de la ARMH. Y agregó: “Es absurdo que un fiscal haga una recomendación de este tipo ya que no es su función. Está ejerciendo de político. No se está sometiendo a la ley de procedimiento criminal”. Una oficina similar a la propuesta por el fiscal Zaragoza existe desde 2009 para canalizar la búsqueda en las más de mil fosas comunes pero poco se ha avanzado en esa tarea, a pesar de que así lo ordena la ley de Memoria Histórica promulgada en diciembre de 2007. A pesar de que los principales juzgados de España tratan de dar vuelta esta página de la historia, las organizaciones de víctimas del franquismo no se dan por vencidas. En España, la Convención sobre la Desaparición Forzada entró en vigor hace menos de tres semanas. Ese tratado estipula que la desaparición de personas es un delito continuado, es decir, que es un crimen que se prolonga hasta que la persona no aparezca. Por lo tanto, no sería un delito prescriptible. Asociaciones » Anadir (Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares) www.anadir.es Teléfono: 670 95 60 29 » Plataforma de Afectados Clínicas de toda España. Causa niños robados. www.facebook.com/group.php gid=136844721192. E-mail: plataformabebesrobados@gmail.com Teléfono: 607526513 » Afectados Clínica San Ramón. www.afectadosclinicasanramon.com/ Teléfonos: 622459471 o 622479471 » Adoptados http://adoptadosbilbao.blogspot.com y www.adoptados.org