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Aunque han sido rápidamente retirados de la circulación por la mayoría de los medios de comunicación, que no han querido darles ninguna publicidad, todos conocemos los contundentes resultados que ha ofrecido el barómetro de marzo del Centro de Investigaciones Sociológicas, una de las encuestas más fiables que se publican en España. Lo que dice la encuesta del CIS es que EL 80% DE LOS ESPAÑOLES ESTÁN EN CONTRA DE LA REFORMA DE LAS PENSIONES.
Concretamente, el 79,8% de los encuestados valora la reforma muy negativamente, tanto el aumento de la edad de jubilación a los 67 años como la amliación a 25 años para calcular la cuantía de la pensión. Y si hurgamos un poco más en los datos de la encuesta, aunque la oposición es mayoritaria en todas las clases, sectores sociales y grupos de edad, resulta que entre el pueblo trabajador, entre los obreros, entre los autónomos, entre los comerciantes, entre los pequeños campesinos el rechazo es todavía superior. Entre el 85 y el 90% están en contra de la reforma de las pensiones. Lo que los datos de esta encuesta ponen de manifiesto es algo sobre lo que nosotros venimos insistiendo desde que en diciembre del año pasado lanzamos la campaña ¡La reforma de las pensiones a referéndum!, a la que más de 100.000 personas se han sumado ya en toda España, respaldándola con su firma. Al atreverse a tocar las pensiones –algo a lo que ni siquiera Franco se atrevió– el FMI y Bruselas, Zapatero y Rajoy se han metido en un terreno pantanoso. En mayo del año pasado, y tras la llamada de Obama a horas intempestivas, a Zapatero le faltó tiempo para poner en marcha el mayor y más drástico plan de ajuste, recortes sociales y rebaja salarial de los últimos 50 años. Todos sabemos en qué consiste: rebaja del sueldo a los funcionarios, congelación de las pensiones, reforma laboral, subida del IVA, recortes en gastos sociales y en inversión pública,… Pero de todas estas medidas, la reforma de las pensiones es el punto más débil de su proyecto, en el que más aislados están, en el que menos apoyos tienen y en el que más rechazo encuentran. En él es donde debemos concentrar nuestros golpes. De nada les ha servido la ofensiva propagandística lanzada por el gobierno los días posteriores a la firma del acuerdo, cuando desde el ministro de Trabajo hasta el propio Zapatero salieron en tromba en todas las radios y televisiones del país para intentar vendernos sus supuestas “bondades”. De nada les ha servido que las cúpulas de los dos mayores sindicatos del país firmaran el acuerdo. De nada les ha valido el gigantesco clima de opinión creado por la inmensa mayoría de los medios de comunicación para hacernos creer que la reforma es inevitable y buena para asegurar el futuro del sistema público de pensiones. Pese a todos sus esfuerzos, no han conseguido mover un milímetro la opinión de la inmensa mayoría: un porcentaje abrumador de la población, 8 de cada 10 españoles, sigue manteniendo firmemente su oposición a la reforma de las pensiones. 8 de cada 10 españoles son conscientes de que la reforma supone rebajarles entre un 20 y un 30% la pensión. Y otros muchos empiezan a ser conscientes también de que no sólo les afecta a ellos, sino que lo hará aún más a nuestros hijos y nietos. De que si a nosotros nos quieren recortar la pensión en un 20 o un 30%, a ellos se la quieren rebajar en un 50 o un 60%. Por eso no es de extrañar que el rechazo sea tan unánime. Y que vaya cada día a más. En la misma encuesta del CIS, 1 de cada 2 españoles cree que este tema, el de las pensiones, no está zanjado con la reforma, y que por lo tanto reaparecerá en el futuro. Es decir, no se resignan, de ningún modo, a aceptarla. Esta es, si sabemos ponerla en marcha, una fuerza imparable. Pero si un porcentaje tan abrumador de la población, 8 de cada 10, se opone a la reforma de las pensiones, ¿cómo es posible que el 95% del parlamento vaya a votar a favor? ¿Dónde están representados entonces los intereses de ese 80%, dónde está su voz? Hace años, los sociólogos norteamericanos llegaron a la conclusión de que el modelo político, económico y social de EEUU sólo podía mantenerse en pie a condición de que la voz y los intereses del 40% de la población más pobre, lo que ellos llaman los “insatisfechos”, nunca lleguen a tener visibilidad política. Porque si ese 40% de insatisfechos llegara a tener expresión política alguna vez, todo el entramado institucional sobre el que está construida la vida del país quedaría en entredicho. En el caso de España, y en el tema de las pensiones, el asunto es todavía peor. No se trata ya de mantener silenciado e invisible al 40, sino al 80% de la población. Para los planes de Washington y Berlín, para los intereses de Botín y un pequeño puñado de banqueros y monopolistas es esencial que la voz y los intereses de ese 80% no aparezcan en la escena política, no sean visibles, no tengan voz, no cuenten con expresión política alguna. Y es esencial porque esa voz y esos intereses representan a los de la inmensa mayoría y están radicalmente enfrentados a los de la ínfima minoría que nos gobierna. Por eso deben estar condenados a la invisibilidad. Por eso no han de tener voz. Porque si la tuvieran, la inmensa mayoría se reconocería inmediatamente en ella. Porque si poseyeran una expresión política visible, la mayoría de la población vería en ella la representación de su intereses. Y todo el entramado político del país, que les asegura un dominio sin sobresaltos y que está construido sobre el esquema de una izquierda que se desvive por ejecutar las órdenes de Obama y Botín, y de una derecha que enloquece por aplicar fielmente los mandatos de Merkel y el FMI, quedaría puesto en cuestión. Por eso es tan importante para ellos que el 80% esté condenado al silencio y no sea visible políticamente. Al proponer como primer punto central de nuestro programa electoral la exigencia de un referéndum sobre las pensiones, nuestras candidaturas queremos empezar a romper esa situación, abrir una grieta en ese muro de silencio. Queremos ser la voz del 80% de la población que hoy está amordazada y condenada al silencio. Porque no puede ser que en las instituciones supuestamente más cercanas a las necesidades problemas e inquietudes de los ciudadanos como son las autonomías y los ayuntamientos no se levante una sola voz exigiendo el referéndum sobre las pensiones. Porque no podemos permitir que tras el 22-M esto siga siendo así. Porque tenemos que aprovechar la oportunidad que se nos presenta para que nuestra voz y nuestros intereses más fundamentales entren en ayuntamientos y parlamentos autonómicos. Nuestras candidaturas De Verdad contra la Crisis-Unificación Comunista de España son candidaturas de la gente y para la gente. Son candidaturas de unidad popular contra la crisis que defienden los intereses del 90% de la población y en las que queremos que el 90% esté representado. Por eso están abiertas a que todos participéis activamente en ellas, en la selección de los candidatos, en la elaboración de los programas, en la difusión y extensión de un programa que representa los intereses de la mayoría. Y por eso también nos comprometemos a rendir cuentas periódicamente ante nuestros votantes en asambleas de electores Y por eso queremos que todo el mundo apoye, participe y colabore activamente con nuestras candidaturas. Porque hacerlo es luchar porque la voz de la mayoría se escuche, porque los intereses y la opinión del 80% de la población empiece a ser visible y cuente políticamente.