La verdadera cacerí­a de Bermejo

A la tensión entre los jueces y el Ministerio se añade ahora la denuncia de los Secretarios de los Juzgados de haber recibido una circular del Ministerio de Justicia en la que se les obliga a informar de las vistas alazadas por los jueces con motivo de la hulga convocada para mañana. “No queremos ser los chivatos de nadie”. Con estas palabras reaccionaron los funcionarios al recibir la nota del Ministerio. Sin embargo, el documento deja bien claro que la orden es de «de obligado cumplimiento». "Tenemos que cumplirlo porque la orden nos viene dada desde el Ministerio, tanto por el secretario de Gobierno como por el secretario coordinador provincial de Valencia. No somos ningunos chivatos pero si no lo hacemos nos pueden sancionar", afirmaba un funcionario de la Ciudad de la Justicia de Valencia. Según diversos medios locales, en informaciones confirmadas por los propios Secretarios, los funcionarios deben remitir los datos por correo electrónico antes de las tres de la tarde el mismo día de la huelga. A ello hay que añadir las actuaciones suspendidas e información detallada acerca de los órganos judiciales que no respeten el horario de audiencia pública. Para evitar que parezca que se trata de una medida de control sobre la movilización de los jueces, la nota evita, en todo momento, hablar de huelga. En un fragmento dice "La Secretaría General de la Administración de Justicia ha tenido conocimiento de que el día 18 de febrero podrían producirse circunstancias que repercutirían en el normal funcionamiento de la actividad" lo que repercutirá en el servicio ofrecido a los ciudadanos. Esta nueva medida, tomada a última hora por parte del Ministerio, parece el último de una serie de intentos de amedrentar a los convocantes de la huelga. La huelga está convocada, dentro de la legalidad, desde el pasado seis de febrero, tal y como han informado los convocantes –la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente–. Establecido el derecho de los jueces a su convocatoria y realización, conviene recordar que ya hubo negociaciones con el Ministerio en las que ni los representantes del Gobierno ni los del Consejo General del Poder Judicial establecieron unos servicios mínimos para la movilización. Frente a esta situación, fueron los propios togados los que los establecieron. Durante el último mes, el Ministro de Justicia ha intentado frenar la movilización negociando con el Consejo General del Poder Judicial, la Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces por la Democracia y las asociaciones convocantes. En esa negociación, el gobierno ha conseguido una correlación de fuerzas que ha debilitado la convocatoria neutralizando o ganándose a las tres primeras. En relación a esto, los convocantes solicitaron la dimisión de Gabriela Bravo, Portavoz del Consejo General del Poder Judicial, por las declaraciones realizadas el nueve de febrero, en las que afirmaba que “la huelga no tiene cobertura legal” y que “los jueces tendrán que estar en sus puestos de trabajo el día fijado para el paro”. Estas declaraciones han motivado que el propio CGPJ publique una nota en la que señala que “Consejo no ha entrado a valorar ni a resolver en ningún momento sobre la existencia o inexistencia, legalidad o ilegalidad, de un hipotético derecho de huelga de Jueces y Magistrados, sino que se ha limitado a constatar la ausencia de un específico marco legal regulador del ejercicio de tal derecho y, en consecuencia, la imposibilidad de acceder, por la falta de la necesaria cobertura normativa, a las pretensiones formuladas, es decir, a fijar servicios mínimos y tener por tales los señalados por quienes suscribieron los escritos recibidos. Ni en el Acuerdo adoptado por el Pleno, ni en la declaración institucional, se recoge la más mínima referencia a la existencia o no del supuesto derecho de huelga, ni a las consecuencias de su supuesto ejercicio, ni, mucho menos, a medidas disciplinarias de ninguna clase”. Cabe destacar que la Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces por la Democracia no convocan la movilización del 18 de febrero pero no descartan convocar otra para el mes de junio si el Ministerio no avanza en las propuestas ni en la negociación. De momento, el 18 de febrero, más de 4.500 jueces y magistrados irán a la huelga en 30 provincias españolas. En 18 no se secundarán los paros y en dos, se ha dejado libertad a los magistrados para realizar el paro o no. La cuestión es que, apenas 24 horas de que se realice la huelga, el Ministerio de Justicia, en un último y desesperado intento por impedir lo que sería la primera movilización de la magistratura en España, obliga a los secretarios de los juzgados a “vigilar” a los jueces. El problema que tiene el titular de Justicia es que los Secretarios coinciden en las reivindicaciones de los jueces, además de otras propias como el mantenimiento de la fe pública que otorgan con su presencia en las vistas y que los magistrados sigan siendo los encargado de fijar los señalamientos de las mismas. Este colectivo, que también está en negociaciones sobre la mejora de sus condiciones laborales se encuentra ahora en la situación de tener que hacerle el trabajo al ministerio de Justicia. Parece que no son solo ciervos lo que le gusta cazar al señor Ministro.