El déficit público alcanzó el 5,2% en 2015

La UE nos exige entre 10.000 y 24.000 millones de euros

El gobierno de Rajoy ha confirmado las peores previsiones: el déficit público en 2015 alcanzó el 5,2% del PIB. Un punto más del 4,2% pactado con la Comisión Europea equivalente a 10.000 millones de euros. Bruselas exige la aplicación inmediata de recortes por 10.000 millones por el déficit de 2015. Y advierte que están en juego otros 14.000 más para cumplir con los objetivos de déficit de 2016, fijados en el 2,8%. En total 24.000 millones de euros que Bruselas quiere cobrarse con una nueva oleada de recortes, ajustes y reformas.

La noticia irrumpe en un momento decisivo de las negociaciones para la formación de nuevo gobierno y ya está siendo utilizada para exigir “un gobierno de gran coalición” y que, en cualquier caso, el nuevo gobierno, sea del signo que sea, no puede apartarse de las políticas de ajuste y recortes que exigen el FMI y Bruselas.

El comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, no ha tardado ni un segundo en recordarnos que ellos ya lo advirtieron y que de inmediato hay que aplicar la “recomendación” del 9 de marzo para “garantizar una corrección oportuna del déficit excesivo”, que implica tomar medidas extras y la aplicación rigurosa de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Dejando para final de abril o principios de mayo la posibilidad de adoptar más acciones cuando la oficina de Eurostat valide los datos. Durante todos estos años de crisis los gobiernos autonómicos del PP, PSOE o Convergencia han actuado como auténticos “gestores delegados” para su comunidad de los mandatos del FMI y Bruselas

Sumisos ante la “recomendación” de BruselasRajoy, que levanta la bandera del “gobierno en funciones” para no acudir a sesiones de control en el Parlamento, y ni opone resistencia a las exigencias de Bruselas ni respeta los tiempos democráticos, ya ha empezado a cumplir la primera parte para recortar 10.000 millones de euros. No ha dudado en aplicar de inmediato la “recomendación” de Bruselas poniendo en marcha los protocolos previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Su ministro de Hacienda y Administraciones públicas, Cristóbal Montoro, culpa a las autonomías (principalmente a Cataluña y País Valenciano) del desvío del déficit, y anuncia que exigirá por carta a las 14 que han incumplido un plan de ajuste en los presupuestos de 2016.

Montoro quiere aplicarles el artículo 45 de la Ley de Estabilidad para forzarles a destinar 10.000 millones de euros adicionales que han de recibir del Estado a reducir el déficit. Es decir: aplicar recortes por 10.000 millones de euros en Sanidad, Educación, Dependencia, Ayudas Sociales o subidas de impuestos.

Exigirá además un control mes a mes sobre la marcha de los ajustes, condicionando el acceso al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a la aplicación de los recortes y amenazando con cortar el grifo del FLA en caso contrario.El gobierno de Rajoy demuestra una vez más por qué es un gestor fiel de los intereses de Washington y Berlín y de la oligarquía financiera española.

La rebelión de los “gestores delegados”Los anuncios de Montoro han desencadenado una oleada de críticas en las autonomías, incluso entre los gobiernos regionales del PP que, como el de Castilla y León.

Tienen razón las autonomías cuando responsabilizan al gobierno por asignar un techo de déficit tan bajo (el 0,7%) que “es imposible pagar la Sanidad, Educación o los Servicios Sociales”. O por no haber revisado el modelo de financiación autonómico, tal y como prometieron.

Pero eso no puede ocultar su propia responsabilidad en los recortes aplicados los últimos cinco años y su gestión de los recursos.

Durante todos estos años los gobiernos autonómicos del PP, PSOE o Convergencia han actuado como auténticos “gestores delegados” para su comunidad de los mandatos del FMI y Bruselas. Apoyando que miles de millones de dinero público se destinaran a tapar los agujeros de las Cajas que ellos mismos habían hundido y saqueado. Y aplicando recortes draconianos a la Educación, la Sanidad y sociales mientras seguía el despilfarro, la corrupción, las plantillas infladas de consejeros, las subvenciones sin límites de sus aparatos de propaganda o el mantenimiento de los privilegios fiscales a grandes bancos, empresas y la clase política.

¿Dónde estaban quienes ahora se rebelan cuando recortaban a millones de conciudadanos? Ahora dice el sucesor de Mas, Carles Puigdemont, que sus presupuestos “sólo responderán a las necesidades de Cataluña”. ¿Pero cuántos miles de millones han dilapidado los gobiernos de CIU en subvencionar el “procés” independentista, abrir embajadas o entidades secesionistas mientras se recortaba la sanidad para conducirla a una situación límite? ¿Mientras manejaban la corrupción del 3% y su padrino político Jordi Pujol se llevaba el dinero robado a los catalanes a su cuentas de Andorra o Suiza?

El déficit y la deuda es resultado de la ejecución del proyecto de saqueo para hacer recaer la crisis sobre el 90% de la población. Comprender esto y delimitar tanto a los gestores que actúan desde Moncloa como a los “gestores delegados”, es fundamental para que las nuevas fuerzas emergentes y los incipientes gobiernos regionales y locales, que se han formado después de las elecciones municipales y autonómicas, puedan avanzar para sacar a sus comunidades y municipios, y al país, de la espiral de saqueo y recortes que exige la Troika.

Desde aquí se comprende aún mejor la importancia de empujar desde cada rincón de España para que, se forme un gobierno de unidad nacional contra los recortes y por la regeneración democrática, que hoy pasa por PSOE, Ciudadanos, Podemos, IU y Compromis.

24.000 millones de euros nos amenazanSegún los datos presentados por el gobierno, el déficit conjunto de todas las administraciones en 2015 alcanzó 56.608 millones de euros, que representan el 5,2% del PIB. Un punto más del 4,2% “pactado” con Bruselas y que equivale a 10.000 millones de euros.

El incumplimiento principal está en las Autonomías que han cerrado con un déficit del 1,7%, frente al objetivo del 0,7%. Un punto por encima.

Sólo tres comunidades, Canarias, Galicia y País Vasco han superado el objetivo. Frente a las 14 restantes, encabezadas por Cataluña, seguida por Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana, todas con un déficit por encima del 2,5%.

La Seguridad Social también ha superado el déficit, ha cerrado en el 1,26% , frente al 0,6 establecido.

Con estos resultados, no sólo se supera en un punto el objetivo de 2015, sino que se aleja aún más del objetivo del 2,8% que Bruselas tiene marcado para España este año 2016.

Para alcanzar ese objetivo habría que sumar, al recorte de 10.000 millones que Bruselas exige por la desviación de 2015, otros 14.000 millones para reducirlo al 2,8% al terminar 2016. En total 24.000 millones de euros.

Un objetivo prácticamente imposible de cumplir, pero que Bruselas está dispuesto a llegar los más lejos posible en su aplicación, y a utilizarlo como instrumento de chantaje permanente sobre nuestro país para imponer draconianas condiciones en cualquier negociación.

La amenaza que estos 24.000 millones de euros en recortes representan es una poderosa razón más para apoyar la formación de un gobierno de unidad para no seguir aplicando nuevos recortes y unir fuerzas en la UE para negociar con fuerza en Bruselas.

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