ACTO I
Escena primera: Bolsa de Madrid. Sale Rodrigo Rato con una copa de champán
Nuestro drama arranca en realidad el día de la salida a bolsa de Bankia en julio de 2011. Era la forma de recapitalizar a su matriz, BFA, la fusión de Caja Madrid, Bancaja y cinco pequeñas cajas más, que el Gobierno socialista ha convertido en una cuestión de Estado; el fracaso supondría el rescate de España para salvar su sistema financiero. De ahí que Banco de España y CNMV pusieran facilidades a la operación y que se ‘pasara la gorra’ entre las principales entidades y aseguradoras del país; la única que se negó fue BBVA. La OPV sale adelante pese al rechazo frontal de los inversores extranjeros, y se captan 3.000 millones, 1.800 de los cuales provienen de más de 300.000 pequeños inversores. Su presidente, Rodrigo Rato, brinda por el éxito y anuncia años de crecimiento y beneficios para todos.
Escena segunda: Audiencia Nacional. Salen dos peritos del Banco de España con unos informes
Después de la quiebra, nacionalización y rescate de BFA-Bankia con 22.400 millones de dinero público (y de la sustitución de Rato por José Ignacio Goirigolzarri en mayo de 2012) que arruinó a todos los que acudieron a la OPV, algunos colectivos como el llamado 15M pa Rato, UPyD y distintos accionistas interponen demandas ante la Audiencia Nacional. El juez Fernando Andreu solicita un informe sobre lo que ocurrió entonces al organismo que más garantías le ofrece: el Banco de España, que designa peritos a los inspectores Antonio Busquets y Víctor Sanchez Noguera. Estos entregan su informe en el puente de la Constitución de 2014 y es una bomba nuclear: las cuentas que se presentaron en la salida a bolsa no reflejaban la realidad, la entidad estaba en causa de disolución ya entonces, la propia fusión inicial fue una farsa y la OPV estuvo plagada de irregularidades, como colocar acciones a empresas en mora a cambio de no ejecutarlas. Es decir, una gran estafa.
Escena tercera: Torre KIO. Sale Goirigolzarri con las manos levantadas
El informe de los peritos provoca un auténtico terremoto pues da pie a que los 300.000 pequeños afectados demanden a la entidad para recuperar sus ahorros, y que hagan lo mismo los grandes inversores. Los 3.000 millones están en el aire y rápidamente Goirigolzarri sale a la arena para tranquilizar los ánimos: Bankia no tiene por qué devolver nada puesto que no está condenada y hacerlo implicaría asumir una culpabilidad que no reconoce. Además, sólo habría que devolverlo a los minoristas, y como muchos vendieron en los primeros días (con ganancias) o compraron después de la OPV, en realidad la cantidad sujeta a posible reclamación sería muy reducida. Y en el peor de los casos, BFA tiene recursos suficientes para hacer frente a este coste, que para algo es de Bilbao.
Pero en privado plantea dos prioridades absolutas: la primera es contraatacar por tierra, mar y aire el informe de los peritos para deslegitimarlo y que no haya que devolver nada, tarea en la que cuenta con el apoyo entusiasta del FROB, la CNMV, el auditor (Deloitte) y el propio Banco de España, cuya actuación queda a la altura del betún en los informes de marras; la segunda es establecer cómo se reparte el coste entre BFA (propiedad al 100% del Estado) y Bankia (donde BFA posee el 62,5%). Aunque en abos casos el grueso de la factura sería para el contribuyente, Goiri pretende proteger a Bankia porque es el activo que debe vender el Estado y porque así podrá pagar dividendos a los accionistas que compraron la primera venta de un 7,5% del capital y podrá dar bonus a la maltratada plantilla. El 30 de enero da la campanada: aplaza sine die la presentación de los resultados de 2014, prevista para el 2 de febrero, hasta que el FROB determine ese reparto.
ACTO II
Escena primera: Congreso de los Diputados. Sale Guindos en el escaño y después ante un periodista
La historia se complica con la irrupción del ministro de Economía. Su primera intervención estelar tiene lugar en el mismísimo Congreso de los Diputados el 10 de dieiciembre. Allí acusa al Banco de España de «mirar hacia otro lado» porque el anterior Ejecutivo «forzó voluntades» al considerar la OPV una cuestión de Estado que fue un error. Estas acusaciones pretenden señalar a los anteriores responsables del supervisor, Miguel Ángel Fernandez Ordóñez, y de la CNMV, Julio Segura, pero tienen una consecuencia inesperada: abren la puerta a una responsabilidad patrimonial del Estado como en las autopistas quebradas, que le obligaría a asumir el coste de las eventuales demandas. Para redondear sus intervenciones estelares, Guindos concede una entrevista a la agencia Reuters en la que, después de hacerse un lío, estima el importe total de las devoluciones en 600 millones y anuncia que se repartirán en función de la participación de BFA en Bankia; es decir, un 62,5% para BFA y un 37,5% para Bankia.
Escena segunda: Ministerio de Hacienda. Sale Montoro con las manos en la cabeza
Hasta ese momento, Montoro se ha mantenido en un segundo plano. Pero cuando su eterno rival en el Consejo de Ministros dice estas cosas, el titular de Hacienda monta en cólera. A su juicio, es inadmisible que el Estado asuma más costes en Bankia después de los 22.400 millones inyectados, ni siquiera aunque no haya que poner dinero nuevo, ya que la disminución de valor consiguiente de BFA debe ser reconocida como una pérdida por el FROB, y eso va a déficit público. Y el objetivo único de Montoro es cumplir el déficit. Además, considera que asumir cualquier coste implicaría una confesión de culpabilidad, como decía inicialmente Goiri, y podrían acusarle de mala gestión de los recursos públicos. Finalmente, esta la cuestión política: en un año electoral clave como éste, el PP (al que no pertenece Guindos) no puede permitirse titulares de que el Estado vuelve a rescatar a Bankia, después de los escándalos de las tarjetas black, relojes, coches, indemnizaciones, etc. Así que pone pie en pared y se niega a que el FROB asuma ningún coste, postura en la que encuentra el apoyo de los asesores económicos de Rajoy.
Escena tercera: Audiencia Nacional. Sale Andreu rodeado de decenas de abogados
A todo esto, las peripecias judiciales del caso Bankia continúan su curso. El juez monta un interrogatorio de los peritos del Banco de España para que se ratifiquen en sus informes que deviene en un pim, pam, pum por parte de los abogados de BFA, Bankia (van por separado) y el FROB, que utilizan todo tipo de artillería pesada para desacreditarlos. Pero ellos mantienen su postura contra viento y marea. Al mismo tiempo, empieza la lluvia de contrainformes elaborados por las partes, empezando por el encargado por Bankia al profesor Leandro Cañibano. Pero no sirve de nada. Andreu sigue considerando artículo de fe los informes de los peritos e impone una fianza de 800 millones (los 600 de Guindos más el 33% adicional que conllevan las fianzas) a BFA, Bankia, Rato, Olivas, Norniella y Verdú. No especifica cómo se reparte, así que tanto BFA-Bankia como la abogacía del Estado -que también irrumpe en el drama- pretenden sacar el máximo posible de los seguros de estos consejeros y del contratado por Rato a su amigo Jaime Castellanos para la OPV.
Acto III
Escena primera: Torre KIO. Sale Goirigolzarri con cara desafiante
El tiempo sigue corriendo, se acerca la fecha tope para que las sociedades cotizadas rindan cuentas (el 28 de febrero, es decir, hoy) y la negativa de Hacienda impide que el FROB oficialice el reparto anunciado por Guindos. En esa tesitura, Goirigolzarri decide tirar por la calle de enmedio y anuncia la presentación de resultados el último día del plazo. Y a falta de un reparto, decide con su nuevo auditor, Ernst & Young, que debe dotar el grueso del posible coste por un criterio de prudencia. Eso hundiría el beneficio de Bankia y, aunque no llega a meterla en pérdidas, supondría decir adiós al dividendo y al bonus prometidos. Todo parece solucionarse así con la victoria de Montoro. Y sin embargo…
Escena segunda: sede del FROB, calle General Perón, Madrid. Salen todos los actores más Soraya Sáenz de Santamaría
… Y sin embargo, los acontecimientos dan un giro inesperado en el último minuto. El enfrentamiento entre ministerios, FROB, Banco de España y Bankia amenaza con dejar heridas incurables. Algo que Moncloa no se puede permitir en un momento político tan delicado. Así que se moviliza para acercar las posturas de todos los implicados. Un acercamiento que se escenifica en una reunión de urgencia de la comisión rectora del FROB -en la que se sientan representantes de Economía, Hacienda y Banco de España- que comienza a las 8 de la tarde del jueves 26 y se prolonga hasta la madrugada. Al final, fumata blanca: el FROB formalmente autoriza a Gorigolzarri para que sea él quien decida el reparto del coste, aunque no le deja las manos libres: el Estado asumirá como mucho el 60% del mismo, lo que viene a coincidir con el reparto propuesto por Guindos. Y con un tope de 780 millones, también casi idéntico a la fianza de Andreu.
Escena tercera: torre Kio. Sale Goirigolzarri sacando pecho
Goirigolzarri no pierde un minuto y ayer mismo, día 27, restriega su triunfo a Montoro: anuncia un dividendo, el primero de su historia, de 202 millones (0,0175 euros por acción), de los que 126 corresponden al Estado y suponen una devolución de parte del rescate, según recalca bien recalcado la entidad. Eso implica que va a dar un beneficio suficiente para que el BCE -el nuevo supervisor bancario- le permita remunerar a sus accionistas (el 40% de los 780 millones suponen 312 millones, y como el beneficio esperado por el consenso de analistas es de 950 millones, tras la provisión se quedará en unos 640, en teoría). Y, sobre todo, le permite a Goiri ponerse la medalla de defensor de los contribuyentes. La acción lo recibió con una subida del 4,76% hasta 1,30 euros, aunque sigue a años luz de los 1,58 que debe alcanzar para poder vender un nuevo paquete de acciones en el mercado. La escena se completará hoy a las 10 de la mañana cuando el ex CEO del BBVA presente los resultados ante la prensa.
Pero éste no es el fin del drama. Todavía queda mucha tela que cortar, sobre todo en la Audiencia Nacional. Andreu cerrará la instrucción y habrá un juicio que puede dar con los responsables del desastre, empezando por Rato, en la cárcel. La previsible lluvia de demandas probablemente fuerce la puesta en marcha de un arbitraje parecido al de las preferentes para los accionistas particulares. Y no hay que descartar que los institucionales, al menos Mapfre, Caixa y Popular, también reclamen su inversión por el falseamiento de las cuentas, lo que elevaría la factura muy por encima de los 780 millones. Esta tragicomedia va a seguir ofreciendo espectáculo. Y en El Confidencial se lo seguiremos contando los primeros.