Cargando...Amparándose en la Ley de Servicios de la Sociedad de Información de 2002, que obliga a las páginas web a publicar tanto los datos del administrador como un modo de poder contactar con él, la SGAE está compilando un directorio muy completo de futuras víctimas de la sangría. A través de las denuncias que presenta ante el Ministerio de Industria consigue datos de los administradores de páginas con enlaces a descargas. Mientras el juicio a Pablo Soto «madura», la SGAE no pierde el tiempo y «acumula» como una hormiguita su fuente de ingresos: nuestros bolsillos.
A través de este rocedimiento la entidad “protectora” de los derechos de propiedad intelectual, emprende acciones legales contra estos “webmasters” por violar la propiedad intelectual de las obrasLa estrategia es sencilla, porque recuerda a los sencillos métodos de la STASI. Presentan una denuncia contra la página por motivos técnicos o administrativos – como que falta la identificación fiscal en la página, incluso en ocasiones falsa -, para luego obtener a través del Ministerio los datos del denunciado. El último paso ya es interponer la verdadera demanda que se busca.Primero te llega una denuncia, que puede ser falsa o sin importancia, en la que se reclaman 1.000 de multa por una pequeña infracción – que ya es el sueldo de un mes -, y a continuación llega la denuncia estrella que pide el cierre de la página y una cifra astronómica.Después de que Teddy Bautista reclamara a las teleoperadoras el cobro de un nuevo canon digital, colocándose en frente de la mayoría de usuarios y, posiblemente, de la opinión pública, la SGAE da un paso más – que conozcamos – en el camino de convertirse en unos auténticos servicios de control y espionaje con el único objetivo de cobrar las supuestas rentas que le corresponde a sus socios.Si tenemos en cuenta que solo el 10% de esos ingresos van a parar a los autores y que un 90% lo perciben las discográficas, la SGAE debería dejar de levantar la bandera de la defensa de los intereses de sus socios, sirviéndose de ellos como escudo y enfrentando a los creadores con el conjunto de la población. Los casos son muchos y de una naturaleza tan reaccionaria que son injustificables: festivales benéficos, obras representadas por niños deficientes, fiestas populares, bandas de música…Lo que debería ser una entidad puesta al servicio de la promoción de la cultura, la creatividad, el aumento de la calidad y su popularización, se está convirtiendo, en manos de un pequeño reducto de burócratas que no representan a la gran mayoría de artistas, ni a los asociados a la propia entidad, que promueven el desprestigio y el rechazo hacia la profesionalización de la creatividad.