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En apenas 8 años, la población española ha conocido un vertiginoso incremento de 6 millones, sólo comparable al de las grandes megalópolis del Tercer Mundo. Sin embargo, los servicios básicos que presta el Estado a los ciudadanos no crecen, ni de lejos, al mismo ritmo. Lo que es causa de continuos roces y conflictos desatados por la mayor competencia para acceder a ellos. Este es el apropiado caldo de cultivo para que aparezcan los brotes de racismo y xenofobia. Un Estado que regala cientos de miles de millones a los bancos pero que regatea la atención básica a la población. Ahí está la semilla del diablo.
Sanidad y educación, seguramente los dos servicios más fundamentales que un Estado ha de roveer a sus ciudadanos, son lo que más sufren la carga de este verdadera agresión a nuestras condiciones de vida. Ataque que se ve reforzado además por ser dos competencias que están transferidas prácticamente al 100% a la Comunidades Autónomas. Donde las burguesías burocrático-administrativas regionales que las controlan (a través de un sistema cada vez más semi-caciquil o neo-feudal ideado por ellas mismas), no se ven obligadas a rendir cuentas ante nada ni ante nadie de sus políticas. La resultante de este autentico despropósito es que comunidades como Madrid, Cataluña o Andalucía –las tres que junto a Valencia y Murcia son las que mayor proporción de inmigrantes soportan– han ido reduciendo año tras año el gasto en sanidad por habitante o el número de camas hospitalarias, mientras se incrementaba en la misma proporción el número de alumnos por aula o la cantidad de pacientes por médico. La desproporción llega a tales niveles que entre las dos que más recursos destinan por paciente (País Vasco y Extremadura) y las que menos (Andalucía y Madrid) la diferencia llega a ser de más de un 40%.Pero, como es lógico, esta degradación no se reparte por igual. Es en los barrios y pueblos de clase trabajadora, donde la presencia de una nueva clase obrera inmigrante ha crecido ininterrumpidamente estos años, donde las condiciones se han vuelto más insoportables para su habitantes, antiguos o nuevos, españoles o de fuera.De esta situación se desprenden, por su propio peso, dos conclusiones. La primera, que es hora ya de revisar el sistema de transferencias entre el Estado y las Autonomías a fin de asegurar que todos los que trabajamos y vivimos en España –al margen del territorio que lo hagamos– disfrutemos de las prestaciones y servicios básicos en condiciones de calidad, suficiencia e igualdad.La segunda, la necesidad de levantar una alternativa política nacional, democrática y progresista, dispuesta y capaz de poner los recursos del Estado al servicio de los intereses y las necesidades de la mayoría, y no de unos cuantos oligarcas y banqueros atrapados ahora por su insaciable ambición de nuevos y mayores beneficios.Sí se puede. De nosotros depende conseguirlo.