El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral máxima legal de 40 a 37,5 horas semanales sin recortes salariales. Además en el anteproyecto de ley se incluyen otros dos cambios: hacer más estricto el registro horario y garantizar el derecho a la desconexión de los empleados.

El texto es fruto del acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT. Con el rechazo de la gran patronal CEOE y Cepyme.

A la ley aún le queda un largo camino por recorrer hasta su aprobación definitiva en el Congreso haciendo frente a las presiones para tumbarla.

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Según el gobierno más de 12,5 millones de trabajadores se podrán ver beneficiados por la nueva ley y los cambios que introduce en el mercado laboral. ¿Cuáles son esos cambios principales?

Menos horas sin recorte salarial.

Este es el cambio legal más importante recogido en el texto. “La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual”.

Supondrá media hora menos de trabajo, de lunes a viernes, para quienes hoy en día hacen 40 horas semanales. Si ya se trabajan menos horas de 40, la reducción será proporcional. El cambio no afectará a los trabajadores y trabajadoras si la jornada pactada ya es de 37,5 horas o menos.

Las horas por encima de las 37,5 que hagan los trabajadores a partir de que entre en vigor la nueva jornada máxima serán consideradas extraordinarias. El límite máximo de horas extra se mantiene en 80 horas anuales.

Para proteger el salario, el anteproyecto recoge que las empresas no podrán reducir el salario proporcionalmente a las 37,5 horas; ni podrán eliminar, compensar o absorber complementos salariales y otros beneficios salariales de los trabajadores.

Empleo parcial.

Para los trabajadores con jornadas parciales, la suma de las horas ordinarias y complementarias no podrán exceder las 37,5 horas. Los trabajadores cuya jornada parcial fuera de 37,5 horas o superior se convertirían automáticamente en contratos a tiempo completo, y tendrían derecho al incremento proporcional de su salario.

Nuevo registro horario.

El actual sistema de registro horario será más estricto para las empresas y accesible de forma remota para la Inspección de Trabajo. Se elimina el registro a mano, tendrá que ser realizado “por medios digitales”. Y se endurecen las sanciones a los empresarios, con multas de hasta 10.000 euros por trabajador.

Además, las jornadas a tiempo parcial y las horas extra deberán entregarse al trabajador con una copia junto a la nómina mensual.

Derecho a desconectar del trabajo.

El anteproyecto introduce medidas que obligan a las empresas a garantizar la desconexión laboral de sus empleados.

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Un camino plagado de obstáculos

Al anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros le queda un largo camino por recorrer antes de poder beneficiar a los 12,5 millones de trabajadores que calcula el gobierno. Estos son el 86,5% de las personas protegidas por algún convenio colectivo (ya sea sectorial o de empresa), mientras que el 13,5% restante ya tienen una jornada inferior a las 37,5 horas semanales.

El texto ha de someterse a los informes del Consejo de Estado y del CES (Consejo Económico y Social) antes de volver al Consejo de Ministros y, como proyecto de ley, ser presentado en el Congreso, donde se verá sometido a las enmiendas de los grupos parlamentarios. PP, Vox y Junts-Puigdemont se han pronunciado en contra de la reducción de la jornada laboral.

La ley deberá afrontar también las fuertes presiones que llegan desde los poderes económicos y las grandes patronales. Desde la CEOE a la gran patronal de la burguesía catalana. Habrá que prestar especial atención a la ofensiva lanzada por la lideresa de la oligarquía, Ana Patricia Botín del Banco Santander, y sus declaraciones durante la presentación sobre los resultados del Santander (que bate un nuevo récord de beneficios: 12.574 millones en 2024) atacando la reducción de la jornada laboral y defendiendo la “menor regulación” que Trump está implantando en Estados Unidos.

El objetivo de todos ellos será someter su debate en el Congreso a todo tipo de presiones desde dentro y desde fuera para que no salga adelante o para introducir enmiendas que la cambien.

Las 37,5 horas es una batalla que la clase obrera y el pueblo trabajador, los sindicatos y todas las fuerzas de progreso sociales y políticas tenemos que ganar

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Ganar una batalla y afrontar los problemas más graves

La propuesta de reducción de jornada es un avance e incluye una serie de mejoras que hay que apoyar. Apoyarla en todas las empresas, en los comités de empresa y en los sindicatos, y saliendo a la calle si fuera necesario.

Apoyarla denunciado todos los intentos por tumbarla o cambiarla.

Esta es una batalla que la clase obrera y el pueblo trabajador, los sindicatos y todas las fuerzas de progreso sociales y políticas tenemos que ganar.

Y al mismo tiempo hemos de abordar los graves problemas a los que nos enfrentamos como la pérdida del poder adquisitivo de los salarios o las horas extras no pagadas.

Todos los estudios indican cómo los salarios pierden poder adquisitivo y las graves consecuencias de los bajos salarios a pesar de las subidas del Salario Mínimo. Según le INE el 59% de la población ha perdido poder adquisitivo. Gracias a los bajos salarios el 12% de los trabajadores son trabajadores pobres. La OCDE dice que España sigue siendo uno de los países europeos donde más se ha recortado el salario real y la inflación se ha comido los aumentos salariales.

Así que el problema no es prevenirnos de “que no nos disminuyan el salario” con la reducción de jornada, que por supuesto, sino que la lucha es por aumentar los salarios redistribuyendo la riqueza.

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PARA NO OLVIDAR

Pensiones. Atentos al informe de la AIReF

Se cumplen tres años de la reforma de las pensiones de 2022 y Bruselas se dispone a ejecutar la primera revisión sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) anuncia que presentará antes del 1 de abril el informe exigido por Bruselas que evalúa el impacto de la reforma de las pensiones en los ingresos del sistema.

Un informe sobre la “sostenibilidad de las pensiones” que será clave para que la Comisión Europea tome decisiones y valore si es necesario o no activar la llamada “cláusula de cierre” y, en su caso, tomar medidas adicionales.

Por lo que vamos conociendo sobre los ingresos del sistema, el informe señala que las transferencias del Estado a la Seguridad Social desde los presupuestos generales deben considerarse como ingresos. Así como otras medidas que aumenten el número de las personas obligadas a cotizar o las reformas del mercado de trabajo que incidan en el fortalecimiento de los ingresos del sistema público de pensiones.

Este informe se ha de cruzar con el informe de gastos que debe presentar el ministerio de Inclusión y Seguridad Social a la AIReF. Ese cruce de datos será el que determine si se activa la “cláusula de cierre”.

En 2024 un informe de la Comisión Europea sobre envejecimiento ya apuntaba a que España tendría que ajustar un desfase del 0,8% del PIB, casi 12.000 millones, en el sistema público de pensiones.

Con la espada de los 12.000 millones sobre nuestras cabezas entramos en estado de alerta por las pensiones.