Cargando...Resulta bastante evidente, y todos los datos así lo indican, que uno de los efectos queridos, y quizá perseguido como principal, por la revolución neoliberal que comienza a expandirse por el mundo a mediados de los setenta es el incremento de las desigualdades. Ello parece bastante lógico. La liberalización de mercados tanto de productos y servicios como financieros conduce a que el capital pueda imponer sus condiciones a los poderes públicos o, al menos, a que estos se escondan tras la globalización para aplicar medidas reaccionarias que de otra manera las sociedades no permitirían.
Pero es en el proyecto de la Unión Europea donde aparece de forma más clara el intento de subversión del capital respecto de las ataduras democráticas. En la UE los mercados, los de mercancías al igual que los de capital, se hacen plenamente supranacionales mientras que todos los aspectos políticos y el resto de los aspectos económicos quedan confinados en los Estados nacionales. La Unión Monetaria ha venido a perfeccionar este panorama dejando inermes a los gobiernos y obstaculizando su política redistributiva. El resultado solo puede ser el incremento de la desigualdad y de los desequilibrios no solo personales sino también regionales, al carecer la Unión de mecanismos redistributivos entre los países.
Tradicionalmente, el Estado Social y de Derecho se basa, con mayor o menor intensidad, sobre una cuádruple unidad: comercial, monetaria, fiscal y política. Es sabido que las dos primeras generan desequilibrios regionales, tanto en tasas de crecimiento como en paro, desequilibrios que son paliados al menos parcialmente mediante las otras dos unidades, la fiscal y la política. La unión política implica que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y obligaciones independientemente de su lugar de residencia. La unión fiscal, como consecuencia de la unión política y de la actuación redistributiva del Estado en el terreno personal (el que más tiene más paga y menos recibe), realiza también una función redistributiva en el regional, que compensa en parte los desequilibrios creados por el mercado.
Confirmación de lo anterior la tenemos en el comportamiento de cualquier Estado, federal o no, y por más liberal que sea. Incluso cuando después de la Segunda Guerra Mundial, los aliados -con el fin de evitar que Alemania pudiese repetir en el futuro los comportamientos pasados- imponen su partición y la división de la zona occidental en una serie de länder, se tiene muy presente la necesidad de este equilibrio interterritorial. Principio que se recoge en la Constitución de Bonn de 1949, que se concreta en la Ley de 1950, aún en vigor, y que obliga a que los Estados más fuertes ayuden a los más débiles con “el fin de mantener la uniformidad en las condiciones de vida”. Así mismo, en 1991 con la unificación de las dos Alemanias se creó el pacto de solidaridad por el que los cinco länder del Este recibían, y seguirán recibiendo hasta 2019, 105.000 millones de euros para paliar su déficit en infraestructuras y 1.000 millones anuales para asistencia social y desempleo. Todo ello se financia con el llamado impuesto de solidaridad, un recargo del 7,5% en el impuesto sobre la renta hasta 1998, que se ha convertido en el 5,5% desde esa fecha hasta 2019.
La Unión Monetaria europea ha roto este equilibrio creando una unidad comercial y monetaria pero sin que se dé, ni se busque, la unidad fiscal y política entre los países, lo que genera una situación económica anómala. La UM está produciendo resultados muy desiguales, beneficiando en gran medida a Alemania y a algún que otro país pequeño de su órbita y perjudicando a todos los demás. La renta per cápita del país germánico que antes de la creación del euro perdía posiciones respecto a la media europea a partir de la constitución de la UM las gana, mientras que la mayoría de los otros miembros de la Eurozona las pierden. Sin esa unión fiscal, la UM deviene imposible porque lo que ahora se está produciendo es una transferencia de fondos en sentido inverso, transferencia a través del mercado, opaca y encubierta, pero no por eso menos real. El mantenimiento del mismo tipo de cambio entre Alemania y el resto de los países empobrece a estos y enriquece a aquella; genera un enorme superávit en la balanza de pagos del país germánico mientras que en las de las otras naciones se provoca un déficit insostenible. Se crea empleo en Alemania y se destruye en los demás países miembros.
La UM no solo está incrementando la disparidad y el enfrentamiento entre los países de la Eurozona, sino que propicia las fuerzas centrífugas dentro de cada país. De hecho, algunas Comunidades Autónomas aspiran a copiar el modelo de desarticulación fiscal europeo y que incurramos dentro de nuestro país en unos desequilibrios territoriales semejantes a los que se están generando en la Eurozona. Cataluña o la Italia del Norte pueden preguntarse por qué tienen que financiar ellos a Andalucía o a la Italia del Sur, si Alemania no lo hace, obteniendo beneficios similares o mayores de la unión mercantil, monetaria y financiera.
El ejemplo ha cundido y ha llegado incluso a los länder alemanes. Los Estados ricos del sur, Baviera, Hesse y Baden-Württemberg, los tres con un PIB per cápita superior a los 36.000 euros, se quejan, protestan e incluso recurren al Tribunal Constitucional porque consideran que transfieren demasiados recursos a los Estados con menores rentas per cápita, principalmente Berlín (29.000 euros) y Sajonia oriental (23.000 euros). Es la rebelión de los ricos.
En nuestro país, a pesar de que las diferencias de renta per cápita entre las regiones son bastante mayores que en Alemania (la de las cuatro primeras, País Vasco, Madrid, Navarra, Cataluña, casi dobla a la de las dos últimas, Extremadura y Andalucía), también se ha producido la rebelión de los ricos. Comenzando porque el País Vasco y Navarra lograron introducir en la Constitución un régimen fiscal especial, el concierto, que los deja al margen de toda política redistributiva. El mantenimiento de este sistema no es ajeno al puesto que ocupan en el ranking de renta per cápita.
Aunque el nacionalismo catalán lleva ya mucho tiempo protestando por lo que considera un exceso de solidaridad, ha sido a partir del Estatuto y principalmente en los momentos actuales con el pacto fiscal cuando la ofensiva se ha hecho más radical, hasta el punto de amenazar con la independencia en el caso de que no se conceda a Cataluña un régimen de financiación parecido al del País Vasco. Incluso los políticos madrileños que siempre han estado al margen de estas reivindicaciones comienzan a quejarse de que a Madrid no se la trata adecuadamente.
Detrás de todo lo anterior se encuentra la pretensión de los ricos de romper los mecanismos redistributivos, es decir, de copiar el modelo de la Unión Europea, que implica la integración de los mercados y una moneda única, pero sin querer oír hablar de unión presupuestaria y fiscal. Los resultados de ese modelo en Europa están claros, abrir progresivamente una enorme brecha entre el Norte y el Sur que cierra toda perspectiva de futuro y que abocará, se quiera o no, a la marcha atrás. Es un modelo condenado al fracaso. Repetirlo miméticamente dentro de los Estados miembros, amén de injusto resulta totalmente inviable porque la ruptura fiscal y presupuestaria entre las regiones conduciría a romper también la unidad monetaria y de mercado.