Cargando...Desde el día uno de enero Grecia ocupa la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Lo cierto es que esta función ha quedado infravalorada y disminuida desde que se creó la figura de presidente del Consejo; pero, así y todo, la llegada del país heleno a la presidencia de turno no ha sido pacífica. Especialmente en Alemania se han levantado muchas voces manifestando la aparente contradicción de que ocupe la presidencia de la Unión un país intervenido; incluso algunas han pedido de manera expresa que Grecia renuncie. Pero la única y verdadera contradicción se encuentra en la propia configuración de la UE que, mientras en teoría se define como una unión entre países libres y soberanos fundamentada sobre principios democráticos, en la práctica propicia que se intervengan naciones, controladas por otras o por instituciones no democráticas.
La prueba más evidente de que la función de la presidencia de turno ha perdido toda su relevancia, si es que alguna vez la tuvo, es que se ha permitido a Grecia ejercerla. Podemos tener por seguro que si su ejercicio conllevase verdadero poder, Alemania no consentiría que la ocupase ningún país del Sur, al igual que los está expulsando en cuanto le resulta posible de los órganos verdaderamente decisorios, como el BCE.
No obstante, la presidencia griega va a tener al menos la virtualidad de colocar de nuevo a este país bajo los focos de la información. Casi nos habíamos olvidado de él; al igual que el avestruz, los mandatarios internacionales meten la cabeza debajo del ala, prescinden de los riegos potenciales, fingen que no existen por el expeditivo hecho de no considerarlos. Sin embargo, todo apunta a que, antes o después, Grecia provocará el cortocircuito que hará que arda toda la instalación. Económica, social y políticamente la situación del país heleno es insostenible.
Grecia lleva seis años consecutivos de recesión, en los que el PIB presenta tasas negativas, de forma que esta magnitud se ha reducido en más del 25%, es decir, los griegos han perdido en estos años la cuarta parte de su renta nacional, y lo peor es que los decrementos continúan, a pesar de las previsiones optimistas del primer ministro de que el PIB crecerá el próximo año el 0,6%. En los primeros nueve meses de este ejercicio el PIB se ha reducido el 4%. El stock de deuda pública es ya del 156,9% del PIB, a pesar de la quita realizada en el pasado. La casi totalidad del actual endeudamiento es con el resto de países de la Eurozona que han colaborado (cada uno en función de su PIB) en los rescates y terminaron por hacerse cargo de las deudas que Grecia tenía con la banca extranjera, especialmente con la alemana.
Los dos rescates suman 240.000 millones de euros y en plenas elecciones alemanas se rumoreó que precisaba un rescate adicional de otros 10.000 millones de euros. El rumor, independientemente de que pudiera ser interesado, no es en modo alguno descabellado. Todos los datos nos conducen a la conclusión de que Grecia tendrá que recurrir de nuevo a los fondos de la Eurozona, ya que los mercados van a permanecer cerrados para el Tesoro griego durante mucho tiempo, y el monto de la deuda pública tenderá a incrementarse. En 2013 el déficit público se mantendrá por encima del 10% del PIB y el déficit de la balanza por cuenta corriente, alrededor del 3%.
Es más, hay que pensar que se deberá ir a una nueva quita de la deuda, aunque en este caso las pérdidas no correrían a cuenta de los bancos sino de los contribuyentes de los demás países de la Eurozona, también de los del Sur, lo que pondría contra las cuerdas a países como Portugal, Irlanda, Italia o España, todos ellos con un stock de deuda pública muy por encima del 100% del PIB, excepto nuestro país que está a punto de sobrepasar este porcentaje. El peligro se encuentra en que se produzca el fenómeno de las fichas del dominó en el que cada uno de los países, comenzando por Grecia, termine desestabilizando al siguiente.
Es difícil que Grecia pueda incrementar aún más su política de austeridad como pretende la Troika. En el país heleno casi ha desaparecido la clase media. El paro alcanza al 27,4% de la población activa, amplios sectores de la sociedad se encuentran en la indigencia; 3,8 millones de griegos en situación de pobreza o exclusión social; 350.000 hogares sin luz por impago de facturas y un 30% sin acceso a la sanidad pública. Estos y otros muchos datos que se podrían dar crean un escenario con muchas posibilidades de que se produzca una explosión social ante cualquier nueva medida regresiva que pueda tomarse, tal como la pretendida por la Troika de poner fin a la moratoria antidesahucios, que pondría en la calle a 150.000 familias.
La inestabilidad social se transmite a la política. El Gobierno de Samaras se ha quedado tan solo con el respaldo de 153 diputados de los 300 que componen la Cámara de representantes. Aquí, igual que en materia social, el equilibrio es en extremo precario. Cualquier nueva medida podría dejar al primer ministro en minoría, con lo que se vería forzado a convocar elecciones cuyo resultado sería impredecible, pero con grandes probabilidades de que Syriza las ganase. Este estado de cosas es conocido por Merkel y las autoridades europeas, lo que es aprovechado por Samaras para jugar en cierta forma al chantaje, dejando entrever que su gobierno fácilmente puede perder el poder, hecho que temen más que nada tanto en Berlín como en Bruselas.
Parece evidente que la oligarquía política y económica de la Eurozona quiere mantener como sea el euro y con ese objetivo están poniendo todos los medios para que Grecia permanezca en la Unión Monetaria, conscientes de que su salida supondría el principio del fin de la moneda única. Están dispuestos a prolongar sine díe los plazos de devolución de la deuda de Grecia sin exigir el reembolso. Este planteamiento tiene dos graves inconvenientes. Primero, que todos los datos indican que no exigir el reembolso de la deuda actual no será suficiente, sino que Grecia necesitará financiación adicional y seguramente nuevas quitas. Segundo, que será difícil que la sociedad y los mismos políticos griegos acepten una situación de dependencia permanente y una pérdida de soberanía sin que se vislumbre el fin de la intervención.