Cargando...La gran patronal catalana rechazó ayer participar en las reuniones que impulsa el Gobierno de Artur Mas para preparar la consulta soberanista. La junta directiva de Fomento del Trabajo decidió por unanimidad aceptar el documento sobre el derecho a decidir elaborado por el expresidente del Parlamento catalán Joan Rigol, puntualizando que su ejercicio debe ser acordado con el Gobierno central y enmarcarse dentro de la legalidad. La organización que preside Joaquim Gay de Montellà, no obstante, también acordó no acudir a las cumbres a las que son convocadas las entidades que apoyan la celebración de la consulta.
Antes de la reunión, a la que estaban convocados más de 90 empresarios, el entorno de Gay de Montellà ya confiaba en que no sería necesario forzar una votación. La solución de Gay de Montellà contentaba a todos. Los sectores nacionalistas, entre los que se hallan sobre todo las organizaciones territoriales y las pymes, quedaron satisfechos al lograr que Fomento estampara su firma en un documento cuyo contenido había sido rebajado para favorecer su entrada, pero que en cierto modo le hace tomar partido por el derecho a decidir.
Aun así, ese apoyo está muy matizado. El manifiesto elaborado por el democristiano Joan Rigol incluye una petición que la patronal se encargó de destacar tras la reunión en un comunicado: la apertura de “un diálogo con las instituciones del Estado para hallar las condiciones legales para el ejercicio del derecho a decidir”. Es decir, la patronal se reiteró en lo que ha venido advirtiendo hasta ahora: solo apoyará una consulta que sea legal, dentro de la Constitución, y pactada con el Gobierno central. En cambio, en el texto no aparecen ni la palabra “consulta” ni la expresión acuñada por CiU como “estado propio”.
Esos matices contentaron a los sectores más reacios al órdago soberanista de Mas, en el que fuentes de la directiva incluyen al propio Gay de Montellà. La junta, a su vez, rechazó entrar dentro del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, en el que se han ido sumando decenas de entidades. Entre estas, están las patronales Fepime y Cecot —que sí forman parte de Fomento—, Pimec, los sindicatos CC OO, UGT y Usoc, la Asamblea Nacional Catalana y organizaciones como la Federación de Asociaciones de la Tercera Edad o la Confederación de Asociaciones Vecinales y los partidos que defienden la consulta (CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP).
En las últimas semanas, según fuentes empresariales, CiU había redoblado la presión sobre Fomento, no solo para que se posicionara a favor de la consulta, sino para que también participara en las reuniones del pacto. Fuentes de la federación albergaban la esperanza de que la patronal no osaría quedarse sola fuera de ese consenso, puesto que ya en su día los empresarios abrazaron la propuesta de pacto fiscal de Artur Mas. Sin embargo, la organización consideró que el pacto es “una plataforma de acción política”, cuya “actividad se aleja de las funciones de Fomento como organización empresarial y los compromisos de representación respecto a sus asociados”.
Los empresarios reiteraron ayer que su opción para lograr el encaje de Cataluña pasa por “construir un marco estable de convivencia” a través del pacto fiscal —la propuesta de un concierto económico— y el “diálogo institucional” entre los gobiernos central y catalán. Gay de Montellà ya había invitado a Mas en público a aparcar su apuesta soberanista y centrarse en pactar un nuevo modelo de financiación para Cataluña.
La decisión de Fomento del Trabajo, añadieron estas fuentes, también facilita que Gay de Montellà defienda la posición de la patronal catalana en las reuniones de la CEOE. El presidente de la entidad ya ha tenido que explicar en sesiones de trabajo de la patronal española algunos acuerdos adoptados en Barcelona, como la defensa del pacto fiscal, que no fue entendida por todas organizaciones regionales.
Un empresario explicó que en la junta se respiró un cierto hastío sobre el debate político de Cataluña. Según este directivo, en los últimos tiempos “la política se ha colado demasiado en los debates de las patronales”. “No ha sido por gusto. Ahora ya está, hemos cumplido con el trámite. Aceptaremos una consulta, y dentro de la legalidad, pero no participaremos en el proceso”, afirmó. El comunicado que remitió Fomento, de hecho, señala que la junta decidió limitar su actividad a la defensa de los “intereses del colectivo que representa” con el objetivo de “contribuir al progreso económico y social de Cataluña”.
El otro gran foro económico que tampoco ha querido entrar dentro del Pacto por el Derecho a Decidir es el Círculo de Economía, que hasta ahora ha presidido el exministro del Partido Popular Josep Piqué y que en breve liderará el catedrático Antón Costas. El lobby empresarial ya se quedó al margen del pacto fiscal, pero no del debate territorial. En una nota de opinión, la institución abogó por una reforma constitucional para rehacer las relaciones entre Cataluña y el resto de España.