El tercer informe del Grupo de Estados contra la corrupción (Greco), un organismo dependiente del Consejo de Europa ha sido dedicado al estado de la financiación de los partidos en España. Este demoledor informe, sólo en los hechos porque usa ese lenguaje falso de «lo políticamente correcto», afirma que los partidos políticos españoles son opacos en sus cuentas, especialmente a nivel local, que poco o casi nada se conoce de las finanzas de fundaciones y empresas que funcionan a su alrededor, y que son particularmente vulnerables ante los bancos debido a las condiciones de los préstamos que obtienen.
Aunque las certeras críticas del informe estén revestidas del rotector ropaje del “se debería adoptar las medidas apropiadas”, expone las razones basadas en hechos. Señala que las contabilidades de los partidos nada dicen de los ingresos y gastos de sus sedes locales, muchas de ellas en ciudades de más de 20.000 habitantes. Sigue diciendo que en la contabilidad de los partidos no hay cuentas consolidadas, que la mayoría de los datos se limitan a las sedes centrales o provinciales, y que poco se sabe de la contabilidad de las fundaciones y empresas que funcionan a su alrededor. Un problema que aparentemente se quería resolver con la reciente Ley de Financiación de 2007. Pero precisamente es en la financiación local donde interviene la corrupción urbanística. Pero las cuentas que los partidos tienen que presentar ante el Tribunal de Cuentas no incluyen las de sus empresas y fundaciones y tampoco las de sus organizaciones locales, ya que la obligación legal sólo llega hasta el nivel de los aparatos provinciales. Y ello, pese a la importancia que tienen las organizaciones locales y los grupos municipales en el mantenimiento económico de los partidos, un 25%. Además, el Tribunal de Cuentas tiene falta de medios, incapacidad para promover inspecciones y escasa coordinación con sus homólogos a nivel autonómico. “El que hace la ley, hace la trampa”. Otro aspecto en el que la crítica es significativamente dura son las deudas de los partidos con las entidades de crédito, ya que el Greco considera que los partidos españoles están en una posición “vulnerable/dependiente” de los bancos. El Greco señala que en 2005 las deudas de los partidos con bancos ascendían a 144,8 millones de euros y que se habían cancelado deudas sólo por valor de 19,1 millones. En aparente contradicción, el informe del Greco señala que la financiación privada “es la más modesta de Europa”. Obviamente se refiere a la declarada oficialmente. Porque la otra no es “declarable”. Pero para que cualquier partido pueda expresar sus posiciones políticas sin ninguna servidumbre, sin complejos y sin hipotecas, sin ataduras y sin dependencias es absolutamente necesario que tenga independencia económica. Es la condición básica para la regeneración democrática del sistema democrático de partidos políticos. Y la transparencia de su financiación es el procedimiento clave para el control ciudadano.