Reunión con los grupos parlamentarios

La MERP lleva al Congreso su demanda de blindar las pensiones en la Constitución

Tras presentar el pasado año 370.000 firmas ciudadanas de apoyo a esta exigencia a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, -a la que en breve se le entregará una nueva oleada que sumará un total de más de medio millón de firmas- la MERP tomó la decisión en su última asamblea plenaria celebrada a finales de 2014 de trasladar el debate al Congreso de los Diputados.

A las reuniones de ayer miércoles asistieron 29 representantes de 25 organizaciones sociales, culturales, sindicales y políticas -de las 152 que, sin distinción de ideología, credo o siglas partidistas, componen la MERP-, así como los diputados Joan Coscubiela de Iniciativa per Catalunya-Izquierda Plural, Joan Baldoví de Compromís, Xavier Errekondo y Sabino Cuadra de Amaiur, Teresa Jordà de ERC y Carles Campuzano de CiU. A lo largo de las próximas semanas la MERP tiene previsto reunirse con el resto de grupos parlamentarios para trasladarles la necesidad del blindaje constitucional de las pensiones públicas y su poder adquisitivo, a través de un amplio debate ciudadano y un referéndum vinculante.“A lo largo de las próximas semanas la MERP tiene previsto reunirse con todos los grupos parlamentarios” El acto ha sido presentado por el representante de Unificación Comunista de España en la MERP, Joanen Cunyat, que ha leído los nombres de los asistentes y a la organización a la que pertenecen en orden alfabético. A continuación se ha leído el comunicado unitario, entre Sara García, secretaria de Acción Sindical de USO, y Teresa Rodríguez, secretaria general de AST. Tras él se ha abierto un vivo debate entre los representantes de todas las organizaciones presentes. Los representantes de los grupos parlamentarios han expresado su apoyo a la iniciativa, pero planteado al mismo tiempo la imposibilidad de poder avanzar nada en el Congreso en la actual legislatura. Aunque sí la posibilidad de “acumular fuerzas tanto en el Congreso como en la calle, hasta que otra correlación de fuerzas en el gobierno lo permita”.Los representantes de la MERP han explicado a los diputados por qué descartaron la vía de presentar una Iniciativa Legislativa Popular, constreñida a unos plazos muy limitados y a las actuales mayorías parlamentarias, decantándose por entregar todas esas firmas a la Defensora del Pueblo que tiene el mandato constitucional de “defender a los ciudadanos de leyes injustas o de su aplicación injusta”. “Que es precisamente lo que está ocurriendo ahora con las pensiones”, explica Nuria Suárez, portavoz de Recortes Cero presente en el acto. “Dos reformas consecutivas, añade, que están trayendo -y lo harán todavía más en el futuro- un creciente empobrecimiento de los pensionistas, tal y como reconoce el propio gobierno en un informe remitido a Bruselas donde explica que el gasto en pensiones en España será en 2060 el mismo que en 2010, aunque entonces habrá en España varios millones de jubilados más”. “La MERP propone un amplio debate ciudadano y un referéndum vinculante sobre las pensiones” Recortes en el sistema de pensiones públicas que, según Joanen Cunyat, “van en paralelo a una ofensiva de los planes privados de pensiones, que en España nunca han conseguido implantarse precisamente por la fortaleza de nuestro sistema público de pensiones que, en lo principal, ha proporcionado hasta ahora una protección suficiente a los ciudadanos cuando le llega la hora de su jubilación”. Son estas circunstancias las que hacen necesario, a juicio de la MERP, abrir un gran debate público en que todas las opiniones puedan debatir en condiciones de igualdad, y no que una decisión que va a afectar a millones de ciudadanos durante el resto de su vida se decida en cerradas comisiones de supuestos “expertos” nombrados a dedo por el gobierno de turno para hacer prevalecer su criterio. Por eso, la MERP, fundada ahora va a hacer 2 años, propone un amplio debate ciudadano y un referéndum vinculante en el que la ciudadanía se pueda posicionar ante la propuesta de blindar las pensiones públicas en la Constitución, prohibiendo su privatización total o parcial y asegurando el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones, y por tanto la imposibilidad de que ningún tipo de medida, ya sean recortes, subidas de impuestos, copagos, aumento de las tarifas de los servicios básicos o cualquier otra pueda afectar a las pensionistas, excepto aquellas que sean favorables para ellos.

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