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La situación en Alcoa-San Cibrao se encuentra en un momento complejo y fluido, por eso los trabajadores continúan movilizándose y dispuestos a seguir aprovechando todas las posibilidades para defender sus puestos de trabajo. Hay empresas dispuestas a comprar, pero Alcoa no quiere vender, quiere que el gobierno español sea comprador intermediario para que realice después la elección y la venta. El sector del aluminio es básico en un plan de reindustrialización, pero los fondos europeos no llegan para esto.
Hay compradores. Y son empresas con proyecto industrial, entre las interesadas se encuentran dos del sector del aluminio -Sidenor, española, y Aludium, extranjera- y otras cuatro multinacionales, que son Liberty, Metalcorp, Aldel y Trafigura -conglomerado multinacional con minas y fundiciones y comerciante de metales. Estas compañías tienen solvencia y envergadura económica. No como el fondo suizo Parter y el Grupo Riesgo, compradoras de las plantas de A Coruña y Avilés (ahora Alu Ibérica), que se encuentran sometidas -junto con Alcoa- a un proceso judicial por venta fraudulenta.
Aquí hay claramente dos caminos. Uno es seguir aceptando empresas extranjeras sin garantías consolidadas para la continuidad del desarrollo industrial de nuestro país y manteniendo nuestra dependencia. Y otro es apostar por una empresa española integrada en el tejido industrial de nuestro país.
La apuesta de Sidenor -fabricante de aceros largos especiales- es diferente a todas las demás, con una implicación a largo plazo, centrada en el mantenimiento y desarrollo de la actividad y el empleo. Con sede en Basauri y centros de producción repartidos en País Vasco, Cantabria y Cataluña, el 53% de las ventas se concentran en el mercado español, el 44% en Europa y el 3% en el resto del mundo.
Alcoa quiere irse sin litigios legales
Alcoa presiona al gobierno español para que sea el comprador intermediario, y evitar así otro posible proceso judicial como el de Alu Ibérica, y desviar el objetivo de la lucha de los trabajadores. La dirección de la empresa quiere deshacerse de la última de las diez plantas que mantiene en España y que adquirió a precio de saldo con la privatización de la empresa pública Inespal.
El 28 de mayo del año pasado Alcoa lanzó un ERE para despedir a 534 trabajadores en San Cibrao -más unos 400 de empresas auxiliares- cerrando la planta de aluminio primario. Ahora está jugando a ganar tiempo, esperando que el Tribunal Supremo le dé la razón contra la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que anuló el despido colectivo.
El gobierno español ni firme ni claro y la Xunta se lava las manos
A día de hoy, realmente no se sabe qué posición mantiene el gobierno central. Parece que no quiere hacer de comprador intermediario porque teme los problemas que pueda crearle con la Unión Europa debido a que la SEPI es estatal; y tampoco se sabe qué postura va a llevar la ministra de Industria, Reyes Maroto, a la entrevista con los principales ejecutivos de Alcoa, en una visita que va a realizar a domicilio, a su sede central en Pittsburgh, EEUU.
La Xunta no plantea ningún proyecto alternativo, pero deposita toda la responsabilidad en el gobierno de la nación. Sin embargo, podría presentar un proyecto -solo autonómico o conjuntamente con el Ministerio- que aprovechase los fondos europeos.
La industria del aluminio primario es un sector básico
El aluminio primario, posteriormente trabajado y moldeado, o como materia prima para las aleaciones de aluminio, se utiliza en una gran variedad de productos, incluyendo latas, láminas, utensilios de cocina, marcos de ventanas, barriles de cerveza y piezas de aviones. Es por tanto una industria básica para diversos procesos industriales. Tener una industria propia en España es un factor de desarrollo económico independiente.
La producción de aluminio primario es un proceso de consumo electrointensivo. Y los elevados precios energéticos en España -por el dominio monopolista en el sector eléctrico- también perjudica a la gran industria electrointensiva. En España el precio llega a 87,96 euros el megavatio/hora (MWh), mientras en Francia es de 40,66 -la mitad- y 58,97 en Alemania.
La lucha de los trabajadores es también por la reindustrialización
El comité de empresa de Alcoa insiste en que para los trabajadores es indispensable la participación de la SEPI en la venta, para garantizar la compra por parte de un inversor industrial solvente. Y si no participa tiene que estar claro qué garantía se va a poner a cambio que garantice los puestos de trabajo y las inversiones. Y hay cada vez más premura porque el tiempo se acaba.
Hace falta un proyecto de reindustrialización que implique no solo salvar empresas de sectores básicos sino también integrarlas en el proceso de transformación de nuestra economía convirtiéndolas en base de la reindustrialización de España.
¿Por qué no usar los fondos europeos también para invertir en este sector básico que alimenta los nuevos desarrollos industriales acordes con las orientaciones de la economía sostenible? ¿Por qué no exigir a Alcoa la devolución de todas las ayudas recibidas de las administraciones central y autonómica para su instalación y continuidad?