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Con la propuesta de «Ley de Economía Sostenible» – curioso eufemismo -, la Ministra Ángeles González Sinde alcanza el cenit en su flagrante lucha contra lo que ellos denominan «piratería», combatida a base de medidas dictatoriales contra la mayoría de la población. El objetivo son los miles de sitios independientes en Internet, incluidos blogs personales, que contengan vínculos con contenidos audiovisuales susceptibles de estar protegidos por derechos de autor. Aunque ni siquiera estén albergados en la propia web, ni disponibles para descarga. Una gigantesca lista de «potenciales delincuentes» que la Ministra y sus socios han empezado a elaborar, intentando emular al servicio secreto de cualquier régimen totalitario.
La medida se uede sintetizar de la siguiente manera. Las aves de rapiña de la omnipresente SGAE, llevan tiempo persiguiendo todo lo que se mueve por Internet, y después de los sistemas de archivos compartidos P2P (de persona a persona), han decidido ir a por los sitios que simplemente vinculan información. Por ejemplo como se haría con una nota bibliográfica en un libro. El problema es que esto, por mucho que se empeñen algunos, no es ningún delito, mucho menos relacionado con la “piratería”, y los jueces nunca condenan este tipo de prácticas. La Ministra ha encontrado una “fácil” solución: Ignorar a los jueces, y sustituirlos por lo que, en un nuevo gesto de demagogia, ha venido a denominar “Comisión Independiente”. Ignorar por completo a los jueces iba a ser algo difícil, así que al final han permitido que un magistrado tenga que ratificar el cierre de una página, aunque en los hechos se evita que una autoridad judicial estudie en profundidad si realmente existe algún tipo de actividad delictiva. Así , la dichosa “Ley Sostenible”, ridículamente disfrazada de “progre”, no sólo pone en el punto de mira a los simples usuarios de Internet, bloquea la libre circulación de información y cultura, y ataca a la libertad de expresión en espacios públicos (como lo es la Red), sino que además carga frontalmente contra el Poder Judicial y su competencia en estos casos, creando una especie de “comité de censura” escogido a dedo. Mientras esta ley espera ser aprobada por el Congreso, las diversas organizaciones de internautas no sólo se han movilizado, sino que se han agrupado en una plataforma unitaria, que continuamente adhesiona a todo tipo de movimientos, relacionados o no con Internet. En palabras del representante legal de HispaLinux, José María Lancho, “la medida va a poner gravemente en desventaja a nuestra industria en la Red para proteger a una industria de contenidos extranjera, que actuará a modo de monopolio en España a través de su filial de facto, que será la SGAE o la entidad de gestión de turno”. Aunque también los juristas se oponen mayoritariamente a esta ley, por conceptos introducidos como los de "ánimo de lucro indirecto" o "pretensión de causar daño" que podrían dar lugar a decisiones judiciales con un determinante componente subjetivo de fondo. Según el abogado Javier Maestre, experto en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías, el texto, en definitiva, es un "cajón de sastre". El más rápido recurso para obtener información y unirse a esta campaña es entrar en wwwlalistadesinde.net . "La Lista de Sinde" recoge un listado de las páginas web que se han ido "autoinculpando" de intercambiar cultura libremente mediante la integración de un buscador de descargas. Su objetivo es responder con esta nueva lista de otras 200, 2.000 o 20.000 páginas web que el Gobierno debería también censurar por la misma razón.