La ILP para exigir una auditorí­a del déficit de tarifa ya recoge firmas

“Supongamos que compras pan durante 15 años en el mismo establecimiento. Un día llama a tu puerta el panadero y te dice que no tenía bien cubierto el coste de producción de su producto y que, por tanto, le debes 15.000 euros. A nadie se le ocurriría pagar”. Con este ejemplo, el magistrado Elpidio Silva trataba de explicar lo incongruente del pago del déficit de tarifa. Su exposición supuso la clausura del acto que organizó el pasado jueves en el Ateneo de Madrid la Asociación Española para la Calidad de la Edificación (ASECE), impulsora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que exige que se audite este supuesto déficit. Tras la aprobación del Congreso y el Senado, se encuentra en plena recogida de firmas.

“Además -prosiguió Silva-, legalmente hay una regulación que impide que se efectúe ese pago porque el precio es liberatorio. En la Edad Media el siervo no podía liberarse mediante el pago pero ya se supone que hemos superado esta etapa”. Según el magistrado, la acumulación de esta presunta deuda de 45.000 millones de euros que el Estado tiene con las cinco grandes eléctricas que operan en España ha sido posible gracias a “una profunda desmovilización social que ha hecho que los ciudadanos se despreocupen durante mucho tiempo por estos asuntos. Aunque no solamente son responsables los diferentes gobiernos y los ciudadanos, sino que hay agentes intermedios que no han actuado como deberían”, denunció.

Tanto el presidente de ASECE, Adrián Sánchez Molina, como su vicepresidente, Sergio Muñoz Abad, fueron los encargados de explicar por qué y para qué surgió la ILP. “Ya que el Gobierno no demuestra ni que existe el déficit de tarifa, ni qué lo ha generado, somos los ciudadanos los que debemos tomar la iniciativa y responsabilizarnos de exigir esta información”, contaba Sánchez. “Además, la mala gestión en el sector energético tiene un impacto negativo en la construcción o rehabilitación de edificios, que no cumplen con la directiva europea que exige un consumo de carbón cero”.

Sánchez explicó que quienes deseen adherirse a esta ILP, pueden hacerlo hasta noviembre mediante un formulario online disponible en la página web habilitada con motivo de esta iniciativa o en los centros de firmas abiertos en diferentes localidades españolas que indican en esta web. La ASECE está ultimando un acuerdo con los notarios españoles para que cualquier ciudadano que lo desee pueda acercarse a una notaría cercana a su domicilio, firmar allí la ILP y facilitar a los ciudadanos que participen.

Muñoz, por su parte, señaló que el “aparente déficit de tarifa que arrastra el sector energético provoca falta de competitividad entre las empresas”. El vicepresidente de la ASECE también puso de relevancia que “la edificación es el sector productivo que más energía consume, pero no podemos construir casas bajo los criterios de eficiencia energética que impone la UE porque ni las leyes españolas se han adaptado a la normativa europea, ni hay un marco legal estable para saber a qué atenernos”.

El representante de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Jorge Morales de Labra, explicó que el déficit se define como “la diferencia entre los costes reconocidos a las empresas del sector eléctrico y los ingresos regulados (peajes)”. También quiso recordar que la facturación de la electricidad ha pasado por dos etapas. En la primera, hasta junio de 2009, la tarifa estaba integrada. “Se pagaba según un precio que establecían en el BOE y que, curiosamente, el Gobierno ya sabía que era insuficiente para cubrir los costes”.

A partir de esta fecha, la factura pasó a dividirse en dos partes: la liberalizada, -“que paradójicamente está regulada por más de 150 normas”-, y refleja los costes que supone generar energía; y la regulada, que es donde se imputa el déficit de tarifa. “Durante el último año –prosiguió- se han generado 3.000 millones de euros de déficit, el 0,3% del PIB, pero en los últimos 15 años el total acumulado asciende a 45.000 millones, de los que el 45% se generó en la etapa anterior a junio de 2009”.

Morales de Labra no quiso finalizar su intervención sin hablar sobre quién es el encargado de financiar esta deuda. “Actualmente esta deuda tiene un saldo vivo de 30.000 millones de euros. Al principio lo financiaron las grandes eléctricas, pero después la titularizaron. Ahora los dueños de esta deuda, en su mayoría, son varios bancos de inversión. Además, desde 2009 las eléctricas están avaladas por el Estado, por lo que hay una relación directa entre el déficit público y el déficit de tarifa. Si las eléctricas no pagaran su deuda, los bancos de inversión podrían exigírselo al Estado español”, alertó.

Durante su intervención, el secretario general de Asociación de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER), Juan Castro Gil, quiso explicar cómo la legislación que se ha ido desarrollando respecto al sector energético desde 2008 se corresponde con una intención deliberada de los poderes fácticos de atacar la energía fotovoltaica e impedir así la democratización de la generación energética.

“A finales de 2008 aparecieron 55.000 nuevos operadores en la producción de energía, lo que supuso una amenaza para el oligopolio que controla el sector energético. A esto hay que añadirle que al año siguiente se publicó una directiva comunitaria para fomentar las renovables por lo que, sumado a lo anterior, provocó que los poderes fácticos tomaran una serie de medidas para atajar la amenaza que los nuevos generadores les suponían”, aseveró. Y, para explicarlo, enumeró la relación entre el crecimiento de la generación de energía solar y las consecuentes actitudes demostradas tanto por las grandes eléctricas como por los diferentes gobiernos.

– Primero. Durante tres años, la intensidad con la que los políticos españoles pasan a formar parte de los consejos de dirección de las eléctricas aumenta considerablemente. “Esto es algo que siempre ha sucedido en España, pero nunca tanta cantidad de personas en tan poco tiempo”.

– Segundo. Se lanza una campaña mediática para criminalizar a los productores de energía fotovoltaica, a los que se los acusa de fraude en la generación de energía. Al final, se confirma que este fraude no existe ya que, de estos 55.000 operadores, únicamente le retiraron las primas a alrededor de 60. Sin embargo, “los medios no se esmeran tanto en publicar este dato”.

– Tercero. Miguel Sebastián aplica por primera vez los peajes retroactivos a la energía solar. Hasta diciembre de ese año tendrán que abonar el 30% y durante el resto de la vida, el 10% con la excusa de que deben paliar el déficit de tarifa, aunque los números han demostrado que era un argumento “falso”. “Era una forma de lanzar el mensaje de que invertir en fotovoltaica no era seguro”.

– Cuarto. A pesar de ello, los costes para generar este tipo de energía se reducen en un 50%, por lo que siguen apareciendo inversores. Para tratar de evitarlo, aplican peajes a aquellos que intenten montar instalaciones. Los costes de instalación de paneles solares continúan descendiendo hasta el punto de que se convierte en la primera tecnología renovable que se puede producir sin tener que recibir primas o subvenciones públicas.

– Quinto. A consecuencia de ello, los responsables políticos dan un paso más y, tras surgir la figura del autoconsumidor, que no necesita conectarse a la red para obtener energía, se impone el peaje de respaldo, conocido como el impuesto al Sol. Quienes no decidan acogerse a este mecanismo se expondrán a una multa de 60 millones de euros (las multas por fugas nucleares se han establecido en 30 millones).

“Por tanto, no es una cuestión de que cueste mucho dinero, sino de que la democratización de la generación de energía atenta contra la concentración de poder y el oligopolio”, afirmó Castro Gil. “La ILP, por tanto, es imprescindible para saber si realmente existe el déficit, cómo se ha generado y de cuánto dinero exactamente estamos hablando. Y antes de despedirme voy a lanzar una pregunta que cada uno se la tendrá que responder: ¿A quién beneficia que estos datos no se conozcan?”, concluyó.

Jorge Morales de Labra. Representante de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético: “Casi el 10% de la factura de la luz se destina a pagar los costes pasados que no están auditados y que han ido reconociendo los diferentes gobiernos a las eléctricas”.

Francisco Valverde. Presidente de la Asociación Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética: “Esta ILP Sirve para atajar la puerta giratoria y tratar de evitar que los intereses políticos o los de las grandes empresas sean los que inspiren las medidas que se le imponen a este sector. Además, cada español le debe 1.000 euros a las eléctricas. Lo lógico será que sepamos de dónde sale esa deuda y a dónde va a ir a parar el dinero que tenemos que pagar para satisfacerla”.

José Luis García Ortega. Responsable de Investigación e Incidencia de Greenpeace: “La generación de energías fósiles es la causa principal del cambio climático. Si seguimos a este ritmo, nos exponemos a que en dos generaciones la vida en este planeta sea inviable”.

Javier García-Breva. Presidente de N2E: “Dijeron que en 2012 el Gobierno había gastado 10.000 millones de euros en las primas de las renovables. Fueron 6.107 millones. La media entre 2009 y 2012 asciende a 5.500 millones. También dijeron que entre 2005 y 2012 se han invertido 50.000 millones de euros en este sector. Falso, no llega a los 27.000 millones de euros en primas. Además, el ahorro en el mercado mayorista que ha supuesto la inclusión de este tipo de energías ha sido de 32.000 millones de euros. Es decir, que por cada euro que se le ha pagado a las renovables entre 2005 y 2012 se han generado 1,2 euros”.