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¿Se hará realidad un gobierno PP-Vox, como las encuestas pronostican, o se producirá una movilización de voto progresista que, como sucedió en 2023, pueda evitar sufrir un ejecutivo trumpista?
Esta es la pregunta clave que, sí o sí, va a dilucidarse en este curso político que ahora abrimos. Sea en julio o antes de las municipales, en febrero o marzo, como muchos anuncian, se celebrarán unas elecciones generales que van a determinar el rumbo del país.
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La amenaza
Acabamos de vivir un ciclo electoral en cuatro autonomías -Extremadura, Aragón Castilla y León y Andalucía- que ofrece una fotografía del momento político. Se ha saldado con victorias del PP y una estabilización del voto a Vox. En las cuatro autonomías se ha normalizado un gobierno con la ultraderecha, y la aplicación de medidas xenófobas como la “prioridad nacional”.
Al otro lado, el gobierno de coalición está en un momento de extrema debilidad. Salpicado por numerosos casos de corrupción. Y el cerco judicial contra el gobierno va a estrecharse. El “caso Zapatero” es un torpedo en su línea de flotación. Se puede inculpar al PSOE como partido, se investiga si hay financiación ilegal del PSOE, o incluso se plantea la posibilidad de inculpar a Sánchez.
La posibilidad de que acabemos sufriendo un gobierno PP-Vox es cada vez más real, y supone una grave amenaza para el país, el pueblo y la izquierda.
Sabemos que supondría ver a Abascal de vicepresidente. Vox es una ultraderecha apadrinada por Trump, que es ariete de las alternativas más reaccionarias.
Pero también Feijóo está anunciando todo un programa de gobierno ultrareaccionario: un giro en la política exterior para acatar el genocidio en Gaza o la guerra de EEUU e Israel contra Irán; anticipa que cumplirá con el 5% del PIB en gasto militar que exige Trump, algo que conllevaría drásticos recortes sociales; anuncia un nuevo marco laboral que arremete contra derechos históricos de los trabajadores, desde acabar con los sindicatos en las pymes a señalar a los trabajadores en baja, presentándolos como vagos…
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De donde viene el peligro, y de donde no
Hay fuerzas interesadas en imponer un gobierno PP-Vox. ¿Pero cuáles son? Hay quien señala a los círculos reaccionarios en la justicia, o en las “cloacas del Estado”, que han retorcido la ley para atacar al actual gobierno, como en los casos que afectan a la mujer y al hermano de Pedro Sánchez o el que le costó el puesto al Fiscal General del Estado. Existen, y actúan, pero no son los directores, ni los guionistas, de esta obra.
Año y medio después de la llegada de Trump a la Casa Blanca ha estallado en España la tormenta política perfecta. EEUU no puede aceptar ya que un gobierno de coalición de izquierdas, por la presión popular, no acate algunos de sus mandatos. Encabezando en la UE la denuncia del genocidio en Gaza o enfrentándose a la guerra desatada por EEUU e Israel en Oriente Medio.
Y el Ibex-35, los nódulos de la oligarquía española, han ganado mucho con los gobiernos de Sánchez, pero quieren más. A través de organizaciones como el Círculo de Empresarios, o la CEOE, reclaman unas elecciones anticipadas en condiciones favorables para que se forme un ejecutivo de PP y Vox. Quieren un gobierno que no tenga que ofrecer concesiones a la izquierda, y que pueda ejecutar “recortes sin complejos”.
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No es la corrupción, es la cartera
Se amontonan los casos de corrupción que afectan al gobierno. Algunos están “prefabricados”, como el que ha condenado al hermano de Sánchez o va a llevar a su mujer al banquillo. Pero otros son reales. Y muy graves. El “caso Zapatero” es una bomba en el corazón del PSOE, pero también son pesadas losas el “caso mascarillas”, por el que ha sido condenado Ábalos, o los escándalos de Cerdán y Leyre.
Pero este gobierno, si sucede, no caerá por los casos de corrupción, sino por la cartera. La realidad es que, bajo unos gobiernos de coalición de izquierdas, las condiciones de vida de una mayoría de la sociedad han empeorado. Mientras que bancos, monopolios y fondos extranjeros, especialmente los norteamericanos, encadenan récords de beneficios.
En los ocho años de gobiernos presididos por Sánchez, se han adoptado medidas sociales positivas, como una espectacular subida del 66% en el salario mínimo, pero en términos de distribución de la riqueza hemos retrocedido. Hoy el país es más desigual. Y los salarios de una gran mayoría se recortan por los alquileres abusivos, las subidas en los precios de productos y servicios esenciales…
Esta es la contradicción que está detrás del “malestar social”. Y es la principal debilidad del gobierno. Lo que desmoviliza a más votantes progresistas.
Sin abordarla, a través de una auténtica política de Redistribución de la Riqueza, será imposible evitar un gobierno trumpista.