SELECCIÓN DE PRENSA NACIONAL

La extraña privatización de Bankia

Hay que reconocerle arrojo a Luis de Guindos. Mucho arrojo. Es verdad que nada más llegar al Gobierno, minimizó el verdadero calado de los problemas del sistema financiero. Desde luego, no porque desconociera la intensidad del desaguisado, sino, más bien, porque nadie en su sano juicio podía pensar que en plena vorágine contra la solvencia del Reino de España, el Gobierno podía enfrentarse a una nacionalización de entidades en quiebra que suponía aumentar el déficit de forma exponencial. De hecho, ese fue el principal argumento de Fernández Ordóñez para mirar a la luna de Valencia mientras el país se desangraba. «No hay dinero», decía cuando se le preguntaba en petit comité.

Este quiero y no puedo justifica el nacimiento de los decretos 1 y 2 que llevan su apellido, y que en el fondo eran una mera maniobra de aproximación a un problema que no se podía resolver sólo aumentando provisiones para cubrir las pérdidas del ladrillo. El arrojo del ministro fue cortar por lo sano -mientras veía con espanto cómo se disparaba la prima de riesgo– y pedir el rescate de una parte del sistema financiero. Es mejor ponerse una vez rojo que ciento colorado, que dice el saber popular.

Era una posición difícil en unos momentos en los que el país estaba al borde del colapso, pero al final, como casi siempre ha ocurrido en la historia de España, la solución vino de Europa. Guindos (con el dinero de otros) acertó. El cambio de actitud de Berlín y Fráncfort respecto de los países periféricos (que ya habían recibido su medicina a través de sus políticas de ajuste) hizo el resto. Y así fue cómo el Estado volvió a ser banquero de la noche a la mañana.

Ahora, como todo el mundo sabe, intenta desandar lo andado, pero la errática política de privatizaciones (si es que hay alguna) sólo induce a pensar que algo falla en la coordinación del Gobierno. Conocido es que el ministro Montoro no quiere saber nada de vender el ajuar del sector público (al menos por ahora), pero sorprende que una privatización parcial tan significativa como la de Bankia -que ha consumido más de 46.690 millones de recursos públicos en inyecciones de capital (la mitad) y en avales- no se enmarque en un proceso global de enajenaciones con la vista puesta en devolver a los contribuyentes su dinero.

Privatizar para bajar impuestos

De hecho, sería la mejor forma de financiar la prometida rebaja de impuestos. Bruselas no aceptará nunca una significativa reducción de la presión fiscal con un déficit que en 2014 se situará cerca del 6% del PIB, por lo que lo razonable es que el Gobierno utilice las privatizaciones para aligerar la carga fiscal. Sin embargo, una cosa es querer recaudar y otra muy distinta es hacerlo deprisa y corriendo mirando sólo a los mercados y no al interés general, como explicaba felizmente McCoy hace unos días. La ‘marca España’ no se recupera con golpes de efecto aunque sea muy loable querer aumentar la liquidez de la compañía en bolsa.

Esa ausencia de un proyecto global es lo que puede explicar la extraña privatización de un 7,5% del capital de Bankia por 1.304 millones de euros. Lo extraño no es el precio, sino el procedimiento, toda vez que se ha ninguneado a órganos como el Consejo Consultivo de Privatizaciones, que mientras no se diga lo contrario algo tiene que decir cuando el sector público vende algunas de sus propiedades. De lo contrario, es mejor liquidarlo.

Aunque es verdad que la venta se ha hecho a un precio por encima de sus fundamentales (incluso se ha valorado la entidad más que la media de la banca europea) el Estado no es un bróker de bolsa, y cuando vende lo tiene que hacer de forma reglada para salvar el principio de legalidad. Por eso, son necesarios organismos externos que fiscalicen todo el proceso. Mal vamos si son los bancos de inversión o los inversores institucionales (con legítimo apetito de banca española para completar sus carteras) quienes imponen el ritmo de las privatizaciones.

La extrañeza es todavía mayor si se observa la secuencia de los acontecimientos. En enero, el ministro De Guindos calentó el valor anunciando que en “en las próximas semanas o meses” se vendería una parte de Bankia. Días después, el 5 de febrero, el Frob publicó en la Plataforma de Contratación del Estado un anuncio para contratar un banco que llevara a cabo el diseño de la estrategia de desinversión en Bankia. Hasta aquí todo normal.

Apenas unos días después, la Comisión Rectora del Frob -Economía y el Banco de España- decide en su sesión del 11 de febrero -sólo seis días después de publicarse las condiciones de contratación y con un fin de semana por medio- seleccionar a siete entidades (Deutsche Bank, Credit Suisse, Merrill Lynch, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS y Goldman Sachs) por tener la mejor puntuación. Pero esa resolución no se publica en la Plataforma de Contratación del Estado hasta el 27 de febrero, es decir, un día antes de que haga la colocación, anunciada ese mismo día por la tarde.

Trabajar gratis para el Estado

Lo estrambótico es que esa convocatoria aclara que se hace con un presupuesto base de licitación de cero euros -sí, han leído bien-. Como se ve, no sólo los becarios trabajan gratis. Es sabido que gana Goldman Sachs tras obtener la mejor puntuación técnica-económica. La fecha del acuerdo es del 14 de febrero. Y en la resolución se dice que se hace por procedimiento restringido, según la normativa interna de contratación del Frob.

Nadie con dos dedos de frente puede pensar que una empresa trabaje gratis para el Estado, y todavía es más difícil creer que en plazos tan acelerados se pueda ofrecer el ‘diseño de una estrategia de desinversión’, como explicitaba el folleto de contratación. Goldman Sachs, por lo tanto, ha sido un mero mariachi en este asunto, que legítimamente ha pilotado el Ministerio de Economía con los plazos que ha creído convenientes.

La operación es tan peculiar que nada se sabe sobre los pormenores de las condiciones de contratación de los tres colocadores (Deutsche Bank, Morgan Stanley y UBS), que han hecho su trabajo de forma eficaz poniendo en el mercado 864 millones de euros.

El fondo del problema, sin embargo, no es la forma en que se ha vendido una parte del patrimonio público, sino la incoherente política de privatizaciones que hace, por ejemplo, que la Sepi (que en teoría es una entidad destinada a desinvertir sus participaciones industriales) adquiriera a Bankia el pasado mes de agosto -en pleno ajuste del gasto público- el 20,13% de Indra –una empresa privada- por 337 millones de euros. O que BFA -la matriz de Bankia- continúe teniendo una participación de casi el 5% en Iberdrola. O que la Sepi siga manteniendo en su balance el 2,71% de IAG (Iberia). Mientras que, al mismo tiempo, la enajenación de Aena o la privatización de Renfe para viajeros siguen en vía muerta, lo cual denota una gran coherencia. O que la privatización del servicio público de correos que se está llevando a cabo en Europa (Reino Unido, Bélgica o Portugal) pase de largo en España sin planes a la vista.

En todo caso, y a la vista del precio pagado por Bankia (por encima de su valor en libros) cabe preguntarse si no hubiera sido mejor colocar un 15%, pero siempre respetando los procedimientos. Pero para eso debería haber una estrategia general de enajenaciones públicas que desde luego no hay.

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