El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acaba de efectuar una notoria y significativa remodelación del Consell Executiu de la Generalitat en vísperas de un agosto corto en el que la política catalana apenas hará vacaciones.
Abandonan el Govern, la consellera de Presidència y portavoz, Neus Munté; el conseller de Interior, Jordi Jané; la consellera de Educació, Meritxell Ruiz, y el hasta ahora secretario del Consell Executiu, Joan Vidal de Ciurana. Todos ellos son miembros del Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat), heredero directo de Convergència Democrática, la principal fuerza dirigente del país desde 1980. El presidente Puigdemont se ha enrocado con vistas a la convocatoria unilateral del 1 de octubre, a costa de su propio partido, cada vez más erosionado. Esquerra Republicana sale del trance sin ningún rasguño. Este podría ser el primer balance del singular episodio vivido ayer en Barcelona.
La coordinadora del Govern y portavoz, el responsable de los Mossos d’Esquadra, la responsable del funcionamiento de los centros escolares y el encargado de la certificación de los acuerdos. Coordinación, comunicación, seguridad pública, escuelas y supervisión jurídica. Puigdemont ha movido piezas clave. Jordi Turull, hasta ahora jefe de filas del grupo parlamentario de Junts pel Sí, ocupará la cartera de Presidència y ejercerá de portavoz. Joaquim Forn, veterano concejal del Ayuntamiento de Barcelona, se hará cargo de Interior. Clara Ponsetí, soberanista independiente, activista de la Assemblea Nacional Catalana, dirigirá el departamento de Educació. Víctor Cullell, antiguo miembro del equipo de Artur Mas, pasa a ser el nuevo secretario del Consell Executiu. Cuatro oficiales sin aparentes dudas sobre la viabilidad de la convocatoria del 1-O, sustituyen a cuatro cargos que habrían transmitido a Puigdemont sus dudas o su incomodidad personal ante la vía emprendida. Enroque.
A las cuatro bajas de ayer hay que sumar la reciente destitución del conseller Jordi Baiget, titular del departamento de Economia i Empresa, también miembro del PDECat, que expresó en público sus dudas y temores sobre la apuesta unilateral. En total son cinco los miembros de la antigua CDC que abandonan el Govern de la Generalitat, semanas antes de la anunciada convocatoria de un referéndum de autodeterminación sin consentimiento del Estado español. Cinco bajas en un momento crucial. Cinco bajas de la principal fuerza dirigente. Se van cinco de los nueve cargos del PDECat en el Consell Executiu formado en enero del 2016, tras la azarosa retirada de la candidatura de Artur Mas. Siguen el presidente Carles Puigdemont, Santi Vila (antes en Cultura, ahora en Economia i Empresa), Josep Rull (Territori) y Meritxell Borràs (Governació), esta última después de haber puesto algunas condiciones para su continuidad. Es del todo evidente que no estamos ante una simple remodelación.
Puigdemont ha excluido a los moderados. Se ha desprendido de aquellos que tienen razonables dudas sobre la viabilidad de la convocatoria unilateral de un referéndum de autodeterminación, sin contar con una mayoría social en favor de la independencia (así quedó claro en las últimas elecciones al Parlament), con el Gobierno español dispuesto a utilizar todos los mecanismos constitucionales a su alcance para evitarlo, y sin apoyos internacionales relevantes. Ayer mismo, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, volvía a repetir que una Catalunya independiente quedaría fuera de la Unión Europea.
Dudas, objeciones, temores y también quejas sobre la manera cómo se está operando, enmarcan esta crisis de Gobierno. Son especialmente significativas las quejas por la existencia de un comité invisible.
Puigdemont elogió ayer a los consejeros salientes sin precisar muy bien los motivos de su relevo, puesto que negó haber perdido la confianza en ellos (motivo esgrimido en el cese de Baiget hace dos semanas). Se van –lo sabe todo el mundo– porque no tienen fe ciega en el 1-O. Se van porque no han querido disimular sus dudas y temores, compartidos por otros consejeros que se quedan y que han optado por el disimulo o por el cálculo de oportunidad. La señal de debilidad del unilateralismo, ante la sociedad catalana, ante el conjunto de la sociedad española, ante el Gobierno de España, ante las instituciones europeas y ante la diplomacia internacional, es del todo evidente.
Lo hemos escrito en ocasiones anteriores. La actual estrategia del Govern de Catalunya es fruto de un error de interpretación de los resultados de las elecciones al Parlament del 27 de septiembre del 2015. Se pidió a la sociedad un voto plebiscitario y el plebiscito no se ganó. Detrás de la estrategia de choque frontal con el Estado no hay una nítida mayoría social en Catalunya. Hay muchos deseos de protesta –así lo atestiguaba, una vez más, la última encuesta publicada por La Vanguardia hace quince días–, pero también hay grandes deseos de pacto.
Hay dudas, muchas dudas, en la sociedad catalana sobre la vía emprendida por sus gobernantes, y los consellers salientes son el vivo ejemplo de ese estado de ánimo. La exclusión de los moderados reduce la base del Gobierno catalán, dificulta la capacidad de articulación social de la Generalitat, y ensancha el margen de maniobra del Gobierno de Mariano Rajoy, encerrado en el castillo del quietismo. El movimiento Puigdemont sólo convence a los irreductibles y a los que nunca tienen dudas: es decir, a una minoría.
Erosión continua del PDECat y fortalecimiento táctico de ERC, clara ganadora de esta crisis de Gobierno y gran beneficiaria electoral de la dinámica política en curso, como acreditan todas las encuestas. Puigdemont, y detrás de él Mas, parecen decididos a quemar a su propio partido. Curiosa estrategia. Quizá tengan en la cabeza la reedición, dentro de unos meses, de una coalición unitaria al estilo de Junts pel Sí, que Esquerra Republicana, fortalecida, no querrá aceptar.