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«Hoy tendrá lugar en la comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados una de las votaciones más importantes de la legislatura. Que callen para siempre quienes, frívolamente, sostienen que la política se ha desvanecido, que el populismo ya lo invade todo, y que los asuntos verdaderamente importantes han dejado de decidirse en el Parlamento. Que callen, porque esta tarde se va a votar en la Carrera de San Jerónimo un importante cambio en la anatomía del poder económico en España.»
Estamos hablando de La Enmienda, la enmienda urgente del PSOE –del alacio de la Moncloa, para ser más exactos– a la insulsa ley de Auditorías, trastocará la relación de fuerzas en algunas de las principales empresas del país. En pocas palabras: se pretende reforzar el poder accionarial de las grandes constructoras, la mayoría de ellas en una situación de notoria debilidad, para que puedan tomar el control de las empresas energéticas en cuyo accionariado participan, o, en su defecto, forzar la venta de activos para así poder paliar su delicada situación financiera (LA VANGUARDIA) EL CONFIDENCIAL.- La situación de endeudamiento nacional convierte a España en una economía extremadamente vulnerable en el entorno de crisis crediticia. Citando un informe de Mc Kinsey “el nivel de deuda nacional español como % del PIB supera al de todos los países desarrollados, exceptuando al Reino Unido y Japón”. Una subida de tipos de interés agravará este problema. Una eventual salida del euro dispararía el coste de esta deuda, de ahí que bajo ningún concepto España se pueda plantear esta posibilidad. La corrección de este desequilibrio provocará muchos años de sacrificio EXPANSIÓN.- El presidente Zapatero cometió el pasado verano la irresponsabilidad de conceder 11.000 millones de euros a las autonomías –en el marco de la nueva financiación condicionada por el Estatut catalán–, cuando ya el agujero de las cuentas públicas era insostenible, y ayer mismo éstas se enteran de que el Gobierno quiere dar marcha atrás en su compromiso de compensarles por la pérdida anual de 2.000 millones de euros como consecuencia de la supresión del Impuesto de Patrimonio. O sea, que Zapatero carga sobre las espaldas autonómicas uno de sus gestos electorales. Opinión. La Vanguardia La Enmienda Enric Juliana Política mayúscula en el Congreso: una comisión decide, sin mucho foco, la anatomía del poder económico en España Hoy, miércoles 24 de marzo del 2010, tendrá lugar en la comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados una de las votaciones más importantes de la legislatura. Que callen para siempre –o al menos durante una buena temporada– quienes, frívolamente, sostienen que la política se ha desvanecido, que el populismo ya lo invade todo, y que los asuntos verdaderamente importantes han dejado de decidirse en el Parlamento. Que callen, porque esta tarde se va a votar en la Carrera de San Jerónimo un importante cambio en la anatomía del poder económico en España. El asunto no es fácil de resumir en pocas líneas porque viene muy codificado y se ha llevado con bastante sigilo. Estamos hablando de La Enmienda. Piadosamente bautizada como "la norma antiblindajes" (asombrosa es la capacidad del lenguaje para disimular la sustancia real de las cosas), la enmienda urgente del PSOE –del palacio de la Moncloa, para ser más exactos– a la insulsa ley de Auditorías, trastocará la relación de fuerzas en algunas de las principales empresas del país. En pocas palabras: se pretende reforzar el poder accionarial de las grandes constructoras, la mayoría de ellas en una situación de notoria debilidad, para que puedan tomar el control de las empresas energéticas en cuyo accionariado participan, o, en su defecto, forzar la venta de activos para así poder paliar su delicada situación financiera. Las citadas compañías constructoras dan empleo a centenares de miles de personas. La eliminación de los blindajes que reducen el peso político de los accionistas en minoría permitiría a la ACS de Florentino Pérez lanzarse a la conquista de Iberdrola, o forzar, por ejemplo, la venta de la filial Scottish Power, venciendo la numantina resistencia de Ignacio Sánchez Galán, actual presidente de la compañía, la briosa oposición de la BBK y las barricadas del Partido Nacionalista Vasco, tutor de la caja de ahorros vizcaína y de la principal compañía energética del Norte. Con el blindaje de Repsol levantado, Luis del Rivero gana la partida a Antoni Brufau y podría forzar la venta de derechos de extracción en Brasil (modificando así la orientación estratégica de la multinacional española del petróleo) para apuntalar a Sacyr. El Instituto de la Empresa Familiar está que trina, porque La Enmienda puede debilitar a las estirpes familiares que han buscado financiación en bolsa. Horrorizado, el PNV fuma en pipa después de haber ayudado al Gobierno a atravesar el desfiladero parlamentario del IVA. Al lehendakari Patxi López la camisa no le llega al cuerpo. El PP tiende a la abstención. Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro no quieren dar árnica al Gobierno, pero hay indicios más que suficientes para creer que José María Aznar vería bien un voto positivo. Y en el centro de todas las miradas, Convergència i Unió, que debe atender los intereses de la empresa familiar, interpretar los sinuosos intereses estratégicos de las finanzas catalanas y no romper puentes con nódulos decisivos de la economía española. El sistema España se somete hoy a votación, sin muchos focos, en comisión (dotada al efecto de potestad legislativa) y con el camuflaje de cartón piedra de la ley de Auditorías. Política. Pura política. Política por todo lo alto. La Enmienda. La Encomienda. LA VANGUARDIA. 24-3-2010 Opinión. El Confidencial Wharton. Pain in Spain Ignacio de la Torre “El rápido declive de una de las economías de mayor crecimiento de Europa ha dejado a muchos buscando culpables. ¿Cómo pudo el país, infante beneficiado de la integración económica y monetaria europea de repente encontrarse alineado junto a economías más pequeñas y enfermas como las de Grecia, Portugal e Irlanda?”. Así abre un pequeño artículo publicado recientemente por la prestigiosa escuela de negocios norteamericana. En él, se defienden varias tesis: Primera: el éxito o fracaso de los políticos españoles en revertir la desastrosa situación fiscal será clave para el futuro del euro. En esta tesis se apoyan en analistas de renta fija de JP Morgan, que a su vez aducen el enorme tamaño del mercado de bonos español, comparado a otros más pequeños como el griego o el portugués (la economía española es dos veces superior a la lusa y griega juntas). Un default soberano español (con o sin rescate alemán) supondría probablemente la ruptura del euro y un aumento del proteccionismo a nivel mundial. Por supuesto, la escuela de negocios menciona los incidentes lamentables de las declaraciones de un ministro del Gobierno achacando la debilidad de los bonos a una “conspiración internacional” y al hecho de que el gobierno pusiera a trabajar al CNI en investigar los “ataques especulativos”. España cerró en 2009 con un déficit fiscal del 11,4% del PIB. El plan es reducir el mismo al 3% en 2013, pero como se observará en el siguiente párrafo el denominador de esta ecuación no resulta muy creíble (España proyecta un crecimiento del 1,8% del PIB en 2011, mientras que The Economist Intelligence Unit pronostica un modesto 0,8%). Segunda: la burbuja inmobiliaria es la génesis última de la actual situación de España. La burbuja no solo se gestó en la vivienda de primera o segunda residencia, sino que afectó al mercado de oficinas y a todo tipo de infraestructuras “el 45% de la construcción total de Europa estaba teniendo lugar en España” afirma el profesor de Wharton Mauro Guillén, probablemente refiriéndose a la zona euro (Europa del Este también pecaba de los mismos males patrios). Al ser la construcción un sector intensivo en mano de obra, cuando la burbuja explota se magnifica el impacto en la economía vía desempleo, déficit público y hundimiento del consumo. Eso explica que el PIB español probablemente siga en negativo 2010, cuando la mayoría de los países de la zona Euro experimenten ya terreno positivo. Tercera: la situación de endeudamiento nacional convierte a España en una economía extremadamente vulnerable en el entorno de crisis crediticia. Aquí hay que recordar que el endeudamiento nacional es la suma del endeudamiento de los agentes públicos, empresas y ciudadanos. El gobierno italiano tiene más deuda que el español, pero empresas y ciudadanos italianos están mucho menos endeudados que los españoles. Citando un informe de Mc Kinsey “el nivel de deuda nacional español como % del PIB supera al de todos los países desarrollados, exceptuando al Reino Unido y Japón”. Una subida de tipos de interés agravará este problema (el 95% de las hipotecas españolas están contratadas a tipo variable). Una eventual salida del euro dispararía el coste de esta deuda, de ahí que bajo ningún concepto España se pueda plantear esta posibilidad. La corrección de este desequilibrio provocará muchos años de sacrificio. Cuarta: la raíz estructural de esta situación es la baja productividad española, y ahí también reside la esperanza: una mejora de la productividad mejorará la situación competitiva de España, muy deteriorada desde la entrada en el euro. Sin embargo, el ajuste, de nuevo, provocará muchos años de sacrificio. Releyendo sobre el artículo se me plantean varias reflexiones: I) el ajuste del nivel de deuda no implicará un sacrificio de años, como dice Wharton, sino de generaciones; el endeudamiento asumido es similar al provocado en una guerra de primer nivel; el Reino Unido, por ejemplo acabó de pagar en 1900 las guerras napoleónicas, II) el impacto del reconocimiento entre medios e instituciones académicas extranjeras de los males de la economía española tendrán una externalidad negativa: la imagen del país se deteriora a ritmos agigantados, y esa imagen afectará sin remedio a la capacidad diplomática, financiera y empresarial de España, III) precisamente gracias a esa imagen negativa se limitará el populismo y la estulticia de la clase política; los políticos tienen al toro delante, que es el mercado (the bond vigilantes), y cuando se está delante del toro no caben soflamas: cambiar a Colón de sitio con los ahorros de nuestros hijos (que por cierto no votan) no crea valor. En fin, destacar una frase de esperanza que utilizamos en el IE: el mejor remedio ante una pésima clase política es una excelente clase empresarial. EL CONFIDENCIAL. 24-3-2010 Editorial. Expansión Acuerdo vacío para el ajuste en el gasto El Gobierno reunió ayer a las autonomías con el objetivo de concretar el ajuste presupuestario de éstas en 10.000 millones de euros como contribución al recorte de 50.000 millones al que se ha comprometido el Gobierno para reducir el déficit público al 3% del PIB en 2013. El Gobierno se ha presentado en la reunión con un gran déficit de credibilidad y una gestión contaminada de incoherencias en su política territorial, puestas ayer de manifiesto, que en poco contribuyen a engrasar la imprescindible implicación de los ejecutivos autonómicos en la estabilidad fiscal. El presidente Zapatero cometió el pasado verano la irresponsabilidad de conceder 11.000 millones de euros a las autonomías –en el marco de la nueva financiación condicionada por el Estatut catalán–, cuando ya el agujero de las cuentas públicas era insostenible, y ayer mismo éstas se enteran de que el Gobierno quiere dar marcha atrás en su compromiso de compensarles por la pérdida anual de 2.000 millones de euros como consecuencia de la supresión del Impuesto de Patrimonio. O sea, que Zapatero carga sobre las espaldas autonómicas uno de sus gestos electorales. Tampoco predicó el Gobierno con el ejemplo, cuando el viernes pasado, con el pretexto de sufragar la llamada deuda histórica, trasladó el Consejo de Ministros en Andalucía para regar dicha comunidad con una lluvia de millones en una estrategia indisimuladamente electoralista, ante los desfavorables resultados de las encuestas. Mal forma de empezar la reunión. Pero las autonomías no han hecho mucho por allanar el terreno. Al menos cuatro comunidades –Andalucía, Cataluña, Valencia y Baleares– se presentaron ayer sin el plan de equilibrio al que están obligadas por haber excedido los límites de la ley de estabilidad. A ello se suma que la mayoría de las comunidades ya han presupuestado para este año un déficit superior al límite del 2,5% autorizado. El Gobierno es el primero que siembra dudas sobre su voluntad real de acometer el impopular ajuste del gasto. La llamada de atención de los mercados internacionales hace unas semanas, que indujo a Zapatero a moverse para presentar el plan de ajuste, es sólo una muestra del calvario que le espera a la economía española si las administraciones públicas –central, autonómicas y locales– no asumen que tienen que olvidarse de los lujos que se han permitido hasta ahora –televisiones públicas, embajadas autonómicas en el exterior, empresas y entes públicos, mastodónticas nóminas de cargos públicos y funcionarios…–, emprenden con urgencia una drástica cirugía en sus estructuras de gasto y se conciencian del deber de gestionar los recursos del contribuyente con austeridad. Aunque para los políticos españoles eso es tanto como pedir peras al olmo. Si no, ahí queda el resultado de la reunión de ayer: una patada hacia delante al problema, para que siga engordando. EXPANSIÓN. 23-3-2010