Cargando...«Una buena parte del ahorro que el Gobierno espera obtener en el sistema proviene de los ajustes que se aplicarán cada cinco años a partir de 2027. Ese factor de sostenibilidad, al que el Ejecutivo ha otorgado una importancia modesta en público, permitirá ahorrar un punto de PIB en 2050, casi un tercio del 3,5% esperado. Y, si se aplica según lo previsto, elevará de nuevo la edad de jubilación a 69 años.»
Los detalles que ofrece el documento de Economía avalan esa lectura de un retiro a los 69 años. "El imacto del factor de sostenibilidad se ha calculado considerando que elementos similares a los modificados en esta reforma [de pensiones] cambian según la evolución de la esperanza de vida a partir de 2032". Es decir, que para estimar el ahorro se han empleado variables como la edad de jubilación, la ampliación del periodo de cómputo de la pensión y el aumento de los años requeridos para acceder a la prestación máxima. (EL MUNDO) EL CONFIDENCIAL.- Los datos estremecen y ponen de manifiesto hasta qué punto la crisis ha destruido buena parte del tejido productivo del país. Desde que estalló la crisis, hace tres años, 178.468 empresas se han visto obligadas a echar el cierre. O lo que es lo mismo, una de cada ocho empresas inscritas en la Seguridad Social ha sido liquidada ante la caída de la demanda. Eso significa, ni más ni menos, que el 12,7% de las empresas se han esfumado desde el año 2007. Un porcentaje verdaderamente espectacular que ha afectado de manera primordial a las empresas que contaban con más de seis trabajadores y menos de nueve. En este caso, se ha destruido nada menos que el 18,9% del tejido productivo. O lo que es igual, casi una de cada cinco empresas ha desparecido. EL MUNDO.- Hace unos días, el director del FMI, Dominique Strauss-Kahn, reconocía que los economistas del organismo internacional habían fallado en sus previsiones. Elena Salgado aprovechó estas palabras enfatizando que Rodrigo Rato era entonces el responsable del FMI. «Se las da de listo y tampoco vio la crisis», dijo la ministra. Pero hay economistas y expertos que sí vieron lo que se nos podía venir encima como es el caso de los inspectores del Banco de España, que, en mayo de 2006, enviaron un escrito al vicepresidente Solbes en el que señalaban con meridiana claridad que la expansión del crédito inmobiliario era muy peligrosa y que el sistema financiero podía colapsar a causa de su imprudente endeudamiento. Leído hoy, este documento inédito que publica EL MUNDO resulta profético. Pensiones. El País La edad de jubilación se retrasará a los 69 años en 2050 Lucía Abellán La mayor reforma de pensiones que se ha aplicado nunca en España es casi tan importante por lo que modifica como por lo que fía al futuro. Una buena parte del ahorro que el Gobierno espera obtener en el sistema proviene de los ajustes que se aplicarán cada cinco años a partir de 2027, cuando se alcancen los 67 años completos como edad legal de jubilación y el resto de parámetros que se endurecen paulatinamente con la reforma. Ese factor de sostenibilidad, al que el Ejecutivo ha otorgado una importancia modesta en público, permitirá ahorrar un punto de PIB en 2050, casi un tercio del 3,5% esperado. Y, si se aplica según lo previsto, elevará de nuevo la edad de jubilación a 69 años. Paradójicamente, el impacto económico de la reforma no figura en la información divulgada hasta ahora por el Ministerio de Trabajo, sino en un rincón mucho más recóndito y destinado, en principio, a los inversores extranjeros. Se trata de un informe publicado en inglés en la página web del Ministerio de Economía, en el apartado The Spanish Economy. Ese texto, directo y muy centrado en el ahorro -lo más atractivo para inversores y organismos internacionales- detalla el menor gasto que soportará el sistema a partir de 2030 e identifica las medidas más eficaces. Sorprende que el ajuste quinquenal de los parámetros del sistema ahorre tanto como el retraso en la edad de jubilación y la ampliación a 25 años del periodo de cómputo de la pensión (un punto de PIB cada elemento). La sorpresa es menor cuando se analiza en qué consiste ese factor de sostenibilidad previsto. Lo define claramente el documento: "Los parámetros del sistema se revisarán cada cinco años por la diferencia entre la esperanza de vida a los 67 en el año de la revisión y la esperanza de vida a los 67 en 2027". Fuentes del Gobierno matizan que la respuesta a ese aumento en la esperanza de vida "no tiene por qué ser la edad de jubilación; puede ser cualquiera de las variables fundamentales del sistema". El objetivo, según estas fuentes, es neutralizar el gasto que originan esos dos años adicionales de cobro de pensión que habrá en 2050, pero no necesariamente a través de la edad legal. Pese a todo, se trata de la herramienta más potente. El documento de Economía, además, refuerza esa tesis al citar las proyecciones que realizó el Instituto Nacional de Estadística en 2010 como base de cálculo. Con esas cifras, el ajuste quinquenal de la edad de jubilación según la esperanza de vida desplazaría a 69 años la referencia de retiro en 2050. Si se trasladase estrictamente lo que explica Economía, el salto no sería brusco, sino que comenzaría en 2032 (cinco años después de la aplicación completa de la reforma), con un aumento de medio año en la vida laboral y así progresivamente hasta 2047, cuando ya se sumarían dos completos, según la esperanza de vida del momento. Esa referencia se mantendría en 2050, año que el Gobierno ha tomado como horizonte para calcular el ahorro. Los detalles que ofrece el documento de Economía avalan esa lectura de un retiro a los 69 años. "El impacto del factor de sostenibilidad se ha calculado considerando que elementos similares a los modificados en esta reforma [de pensiones] cambian según la evolución de la esperanza de vida a partir de 2032". Es decir, que para estimar el ahorro se han empleado variables como la edad de jubilación, la ampliación del periodo de cómputo de la pensión y el aumento de los años requeridos para acceder a la prestación máxima. El argumento de los 69 cobra aun más fuerza al observar que el efecto de la sostenibilidad se corresponde, a grandes rasgos, con un hipotético aumento de dos años en la edad de jubilación. El ministerio calcula que ese factor ahorrará un punto de PIB en 2050, lo mismo que la ampliación de 65 a 67 en la edad legal de jubilación una vez esté totalmente implantada. No todo el saneamiento de las cuentas de la Seguridad Social provendrá de los recortes. Una pequeña parte derivará del mayor potencial de crecimiento. Economía espera que el PIB resulte entre un 1,4% y un 1,7% superior a lo que sería sin la reforma de pensiones, principalmente por un aumento de la población activa. Y ese mayor volumen de PIB reducirá dos décimas el peso de las pensiones en 2050. EL PAÍS. 21-2-2011 Crisis. El Confidencial Más de 430 empresas cierran cada día tres años después del inicio de la crisis C. Sánchez Los datos estremecen y ponen de manifiesto hasta qué punto la crisis ha destruido buena parte del tejido productivo del país. Desde que estalló la crisis, hace tres años, 178.468 empresas se han visto obligadas a echar el cierre. O lo que es lo mismo, una de cada ocho empresas inscritas en la Seguridad Social ha sido liquidada ante la caída de la demanda. Eso significa, ni más ni menos, que el 12,7% de las empresas se han esfumado desde el año 2007. Un porcentaje verdaderamente espectacular que ha afectado de manera primordial a las empresas que contaban con más de seis trabajadores y menos de nueve. En este caso, se ha destruido nada menos que el 18,9% del tejido productivo. O lo que es igual, casi una de cada cinco empresas ha desparecido. En el caso de las empresas con plantillas situadas entre 3 y 5 trabajadores, el cierre ha afectado al 14,7% de las empresas, por encima del 8,5% de sociedades con un 1 o dos trabajadores. Lo peor, con todo, es que pese a que la economía ha salido de la recesión y crece ya a un ritmo anual del 0,6% en el cuarto trimestre de 2010, la destrucción de empresas no cede. En enero de este año, de hecho, cerraron 13.377 empresas. O lo que es lo mismo, cada día del mes pasado 431 empresas dejaron de existir, lo que supone una mortandad verdaderamente extraordinaria tras tres años en crisis. En enero, por decirlo en otros términos, 28.806 se dieron de alta en la Seguridad Social, pero otras 42.183 procedieron a darse de baja, lo que pone de relieve la intensidad del ajuste. Como es lógico, dada la mayor vulnerabilidad financiera de las empresas pequeñas, las grandes compañías son las que han resistido mejor los embates de la crisis. Su numero ‘sólo’ ha descendido un 3%. En enero había en España 955 empresas con más de 1.000 trabajadores, no muy lejos de las 988 que había al comenzar la crisis económica. Son pocas, pero absorben buena parte del empleo. Casi el 30% de los 12,8 millones de trabajadores del régimen general tienen su centro de trabajo en empresas con más de 1.000 trabajadores. Pero otro 30% está empleado en compañías con menos de 10 trabajadores. Datos reales y no ficticios Los datos proceden del fichero de Cuentas de Cotización a la Seguridad Social del Régimen General y de la Minería del Carbón, y, por lo tanto, son empresas reales, no instrumentales o ficticias, ya que cuentan con al menos un trabajador. Y los datos de enero muestran que en estos momentos 1.227.470 empresas están dadas de alta en el sistema público de protección social, lejos de las 1.405.938 que había al comenzar la crisis económica. ¿Y qué sectores han sido los más perjudicados por el ajuste? Pues como no podía ser de otra manera, la construcción, que ha visto como desaparecían nada menos que 94.780 empresas en apenas tres años. Es decir, que una de cada dos compañías que han echado el cierre tiene que ver con el ‘ladrillo’. En el sector servicios, la mortandad ha afectado a 60.714 empresas, mientras que otras 23.536 proceden del sector industrial. Curiosamente (dada la caída de la renta agraria), el único sector que ha visto crecer el número de empresas desde que estalló la crisis fue el agrícola, con 577 sociedades que se han dado de alta como cotizantes a la Seguridad Social. Los datos de creación de empresas a la luz de la Seguridad Social nada tienen que ver con los ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en cuanto a sociedades mercantiles creadas. Son registros y ficheros distintos. En el primer caso, los empresarios, como requisito previo e indispensable al inicio de sus actividades, deben solicitar su inscripción en el Sistema de la Seguridad Social a nombre del titular de la empresa. Mientras que en el segundo se trata de sociedades inscritas en el Registro Mercantil en el mes de referencia, independientemente de la fecha en la que comenzaron a realizar operaciones comerciales. Pueden estar, por lo tanto, operativas o no. Y tener o no tener trabajadores en nómina. En este caso, y en el año 2010, se crearon 79.963 sociedades mercantiles, un 2,2% más que en 2009. El capital suscrito para su constitución casi alcanzó los 7.999 millones euros, un 66,9% más que en el año anterior. EL CONFIDENCIAL. 21-2-2011 Editorial. El Mundo El gobierno no les hizo ningún caso y ahora… SE HA DEBATIDO mucho en los últimos años sobre la previsibilidad de la crisis. Hace unos días, el director del FMI, Dominique Strauss-Kahn, reconocía que los economistas del organismo internacional habían fallado en sus previsiones. Elena Salgado aprovechó estas palabras para reabrir la polémica, enfatizando que Rodrigo Rato era entonces el responsable del FMI. «Se las da de listo y tampoco vio la crisis», dijo la ministra. Pero hay economistas y expertos que sí vieron lo que se nos podía venir encima como es el caso de los inspectores del Banco de España, que, en mayo de 2006, enviaron un escrito al vicepresidente Solbes en el que señalaban con meridiana claridad que la expansión del crédito inmobiliario era muy peligrosa y que el sistema financiero podía colapsar a causa de su imprudente endeudamiento. Leído hoy, este documento inédito que publica EL MUNDO resulta profético. Nadie podía anticipar en mayo de 2006 la dimensión de la crisis internacional que se avecinaba y el derrumbamiento del sistema financiero de EEUU, pero el informe de los inspectores del Banco de España ponía sobre aviso al Gobierno de los gravísimos riesgos contraídos por bancos y cajas y de la inevitabilidad del estallido de la burbuja inmobiliaria si no se adoptaban medidas de corrección. Era un diagnóstico de los males específicos de nuestra economía y de las medidas que había que tomar, pero el Gobierno prefirió ignorarlo. Jaime Caruana fue sustituido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez en julio de 2006 como gobernador del Banco de España. Fernández Ordóñez no siguió absolutamente ninguna de las recomendaciones de sus inspectores. La crisis de las hipotecas basura estalló en agosto de 2007 y se agudizó durante el primer semestre de 2008 hasta llegar a la quiebra de Lehman Brothers el 15 de septiembre de ese año. Nueve días después del estallido y en medio del desplome de las Bolsas, Zapatero declaraba en Nueva York que España tenía «el más sólido sistema financiero de la comunidad internacional». Zapatero no tenía muchos elementos de juicio para hacer una afirmación tan arriesgada porque, como Mariano Rajoy declaró a este periódico en enero de 2008, el presidente jamás le habló de economía en sus nueve visitas a La Moncloa durante esa legislatura. «Nunca, nunca me habló salvo para decirme que Solbes se ocupaba de ello», declaró el líder del PP. Y era totalmente cierto porque Zapatero se había preocupado durante su primer mandato de alimentar sus fantasías, empleando todo su tiempo en asuntos como la negociación con ETA, el Estatut de Cataluña, el matrimonio homosexual o la Ley de la Memoria Histórica. Era efectivamente Pedro Solbes quien llevaba las riendas de la política económica, pero el vicepresidente prefirió no darse por enterado. Hay que recordar su debate televisivo con Manuel Pizarro en la campaña electoral de 2008 en la que negó la inminencia y la gravedad de la crisis, fingiendo no haber leído el informe de los inspectores del Banco de España e ignorando los claros síntomas de lo que se venía encima. En síntesis ni Zapatero ni Solbes hicieron nada con el argumento de que la crisis pasaría pronto y la recuperación vendría sola. En abril de 2009, Zapatero sustituyó a Solbes por Elena Salgado, pero no fue hasta mayo de 2010 cuando el Gobierno, forzado por las presiones de sus socios europeos, anunció medidas de recorte del gasto y reformas estructurales que se debían haber adoptado mucho antes. Ahora el Ejecutivo aborda la reordenación de las cajas tras suceder exactamente lo que predecían hace casi cinco años los inspectores del Banco de España, a los que el Gobierno no hizo caso. Las responsabilidades de Zapatero y Solbes son evidentes. EL MUNDO 21-2-2011