Cargando...El incremento de la deuda pública española (la vicepresidenta Elena Salgado anunció ayer que el Estado emitirá 211.500 millones en 2010) alcanzará niveles terroríficos: hasta el 136% del PIB en 2016, según estimaciones de Barclays Capital. Para evitarlo, no basta con que la economía se recupere, sino que es necesario un importante ajuste del gasto que reduzca el déficit público de forma drástica. Esta cifra se alcanzará en el escenario económico estimado por el FMI y asumiendo que el Gobierno no toma medidas de ajuste fiscal, sino que confía exclusivamente en la recuperación para reducir el déficit y la deuda.
LA VANGUARDIA.- Alemania lanzará mañana su rimer satélite militar de comunicaciones. El cometido de SatcomBw, será dotar de un sistema de comunicaciones militares independiente a las unidades del ejército alemán desplegadas en el mundo, desde los Balcanes, hasta Afganistán pasando por África. El objetivo es independizarse de los satélites militares de EE.UU. "Queremos poder planificar independientemente", explica un portavoz del Bundeswehr. EL PAÍS.- El debate anual de política general de la Comunidad Valenciana celebrado estos días no ha servido para que el presidente Camps hiciera algo de lo que le habían sugerido Rajoy y Cospedal, sino más bien para que desafiase la autoridad de ambos recordándoles que, sin los votos que Valencia aporta, el PP no ganará las próximas elecciones. Es decir, que no tomen iniciativas que puedan desestabilizar a la dirección valenciana que él encabeza. Opinión. El Confidencial La deuda de España alcanzará el 136% del PIB si no se reduce el déficit Eduardo Segovia El brutal incremento de la deuda pública española para financiar el agujero de las cuentas públicas (la vicepresidenta Elena Salgado anunció ayer que el Estado emitirá 211.500 millones en 2010) durará mucho más de lo que prevé el Gobierno y alcanzará niveles terroríficos: hasta el 136% del PIB en 2016, según estimaciones de Barclays Capital. Para evitarlo, no basta con que la economía se recupere, sino que es necesario un importante ajuste del gasto que reduzca el déficit público de forma drástica. Esta cifra se alcanzará en el escenario económico estimado por el FMI y asumiendo que el Gobierno no toma medidas de ajuste fiscal, sino que confía exclusivamente en la recuperación para reducir el déficit y la deuda. En ese caso, España pasará de tener una deuda del 59% del PIB en 2010 hasta el 96% en 2013 y el citado 136% en 2016. Una evolución catastrófica si tenemos en cuenta que el ratio de endeudamiento se encontraba en el 39,5% en 2008. Para el resto de la zona euro la tendencia es la misma, aunque en niveles más bajos: 103% del PIB en 2013 y 119% en 2016. Es decir, que España, a pesar de partir de un endeudamiento mucho más bajo que el de la media de la zona euro, superará con creces esta media en los próximos años. Sólo superarán la deuda de nuestro país Italia (con un ratio del 147%), Irlanda (165%) y Grecia (con un escalofriante 201%). En un escenario más optimista en el que el PIB vuelve a un crecimiento del 3% anual a partir de 2012, la deuda tampoco se estabilizará hasta 2016, aunque su crecimiento será menor: España alcanzará el 95% en 2013 y el 126% en 2016, mientras que las cifras para el conjunto de la zona euro serán el 100% y el 109%, respectivamente. En ese caso, se abriría más la brecha entre España y los grandes países de la zona euro, debido a que nuestro output gap (la diferencia entre el crecimiento potencial y el real de la economía) se cerrará más lentamente que en el resto de nuestros socios. Otro escenario posible es que la inflación vuelva a niveles del 4% y los tipos nominales al 6%, algo que tendría más efectos benéficos en la deuda que un crecimiento del PIB del 3% (la inflación incrementa el PIB nominal). En el caso español, el ratio de deuda alcanzaría en 93% en 2013 y el 121% en 2016, mientras que en el conjunto de la eurozona llegaría al 100% y al 104%, respectivamente. Por tanto, no basta con la recuperación del crecimiento y la inflación para reducir la deuda pública. La única solución efectiva es acometer un duro ajuste fiscal, que Barclays estima en una reducción del déficit de dos puntos del PIB en el período 2012-2016. Si esta medida se hace efectiva, el ratio de endeudamiento empezará a bajar en 2014 en la región y se frenará en niveles más bajos, pero aun así, no volverá a los niveles anteriores a la crisis. Así, la media de la zona euro se situará en el 97% en 2013 y en el 90% en 2016, y la deuda española sería del 90% del PIB en 2013 y del 106% en 2016 (como se ve, nuestro ajuste llegará más tarde y también superaríamos el 100% y la media de nuestros socios). No obstante, hay que considerar altamente improbable un ajuste fiscal de esta magnitud en España, ante la rotunda negativa del Gobierno de Zapatero a recortar el desbocado gasto público y al escaso impacto recaudatorio de la subida de impuestos anunciada. Lo peor es que esta reducción del déficit no sólo viene exigida por la necesidad de frenar el crecimiento de la deuda pública, sino también por el envejecimiento de la población, que va a incrementar notablemente el gasto público en los próximos años. De nuevo, España aparece como uno de los países más afectados por este fenómeno, con un incremento del gasto de 9 puntos del PIB en el período 2007-2060, según estimaciones de la Comisión Europea. Esto pondrá nueva presión sobre el déficit público y, si no se produce el citado ajuste fiscal, tendrá que financiarse con más deuda. EL CONFIDENCIAL. 1-10-2009 Crónica. La Vanguardia Alemania lanza su primer satélite militar de comunicaciones Rafael Poch Alemania lanzará mañana su primer satélite militar de comunicaciones. El cometido de SatcomBw, será dotar de un sistema de comunicaciones militares independiente a las unidades del ejército alemán desplegadas en el mundo, desde los Balcanes, hasta Afganistán pasando por África, explicó un portavoz del ejército (Bundeswehr). Los satélites son la base de la guerra moderna y el lanzamiento, en Guayana, evidencia el mayor proceso de rearme emprendido por el Bundeswehr en toda su historia. Iniciado en 2006, ese proceso deberá culminar en 2010 y está enfocado a la intervención mundial. El ejército alemán lanzó su primer satélite militar de reconocimiento, "Lupe", el 19 de diciembre de 2006 desde Plesetsk (Rusia). Desde entonces se han lanzado otros cuatro "Lupe", capaces de identificar objetos de medio metro desde el espacio. El SatcomBw entrará en servicio a finales de 2010 con una vida de 15 años y pesa 2,5 toneladas. Pertenece a una nueva categoría, transmisiones, alcanza de América a Asia Oriental, y tendrá un hermano gemelo que se lanzará a principios de 2010. El objetivo es independizarse de los satélites militares de EE.UU. "Queremos poder planificar independientemente", explica un portavoz del Bundeswehr. Desde 2006, las tropas alemanas se han dividido en fuerzas de "intervención", "estabilización" y "refuerzo". La nueva doctrina militar contempla la intervención exterior en el contexto de garantizar, "el suministro de materias primas y mercancías sobre las que se asienta el bienestar" de la nación. Hasta 2010, el ejército de 250.000 efectivos conocerá una modernización de su arsenal terrestre, aéreo y marítimo. En 2006 había unos 9000 soldados alemanes destacados en el extranjero, hoy son 14.000 en cinco escenarios; Kosovo, Bosnia, Afganistán, Líbano y el Mar Rojo. Alemania responde de los mayores contingentes nacionales en las unidades de intervención rápida, tanto de la Otan como de la Unión Europea. Muchos observadores consideran esta tendencia una violación del artículo 26 de la constitución de 1949, que prohíbe tanto la "guerra ofensiva" en concreto, como las "actuaciones que comprometan la convivencia pacífica de los pueblos", en general. Las otras dos antiguas potencias del eje de la Segunda Guerra Mundial, Italia y Japón, conocen tendencias similares. Ambas han roto el tabú de utilizar tropas en el extranjero, descafeinando sendos artículos en sus respectivas constituciones, el artículo 11 en Italia y el 9 en Japón. LA VANGUARDIA. 1-10-2009 Editorial. El País Anomalía democrática El debate anual de política general de la Comunidad Valenciana celebrado estos días no ha servido para que el presidente Camps hiciera algo de lo que le habían sugerido Rajoy y Cospedal, sino más bien para que desafiase la autoridad de ambos recordándoles que, sin los votos que Valencia aporta, el PP no ganará las próximas elecciones. Es decir, que no tomen iniciativas que puedan desestabilizar a la dirección valenciana que él encabeza. Lo dijo de manera más taimada, pero el mensaje quedó clarísimo. Hasta llegar a ese punto, Camps apenas se separó de un guión consistente en contestar con un manzanas traigo a las peticiones de explicación de la oposición. Ni las dio ni tomó ninguna de las decisiones "contundentes" que le había pedido la secretaria general. La más obvia, forzar el cese de la persona que aparece más directamente comprometida, el secretario general Ricardo Costa, tal vez sirviera para apaciguar los ánimos de Génova; pero supondría prescindir de su principal escudo, y no está dispuesto. A los socialistas, que le habían instado a disolver y convocar elecciones anticipadas para contener el deterioro de la vida política valenciana, casi les dijo que podía ser una buena idea, recordándoles que desde que estalló "el lío", él y su partido "arrasan" electoralmente. La idea de considerar que las urnas pueden lavar comportamientos irregulares o hasta ilegales ya fue sugerida meses atrás por Camps, y también por Carlos Fabra, el jefe de los populares en Castellón, investigado por varios asuntos de corrupción. El lío al que se refirió Camps ha entrado en fase crítica tras conocerse un informe policial muy comprometedor para miembros del Gobierno autónomo y dirigentes del PP valenciano, y que deja tocado a Camps. El asunto acabará seguramente en los tribunales, pero entre tanto, la forma como han reaccionado esas autoridades y dirigentes ha provocado un gravísimo deterioro institucional y de la lógica democrática. Está afectando al crédito de la justicia, dada la relación entre Camps y el juez que decidió el archivo de la causa de los trajes. Y a la dignidad del cargo de presidente, rehén (u otra cosa peor) de una cuadrilla de facinerosos corruptores. Pero también a la televisión valenciana, convertida en un testigo de parte especializado en silenciar o minimizar los asuntos que agobian al presidente. Con mayoría absoluta en la Cámara autonómica, el PP ha bloqueado centenares de preguntas parlamentarias o de peticiones de comparecencias sobre el escándalo; y ello pese a que una sentencia del Tribunal Constitucional del pasado abril anuló decisiones similares anteriores argumentando que aceptar como válida la mera negativa de la mayoría supondría "someter a razones de oportunidad el ejercicio de las facultades de control parlamentario". Camps tampoco responde desde hace meses a las preguntas de los informadores que guarden relación con el asunto. Y sigue bloqueada (en represalia) la tramitación de la elección de Leire Pajín como senadora autonómica, con el argumento de que antes debe acreditar su compromiso con los "intereses y las señas de identidad" valencianos, incluida su posición sobre el trasvase del Ebro. Requisito que se guardó de exigir cuando eligió para el mismo cometido a una hija de Fabra. Esta actitud de envolverse en la bandera valenciana para no responder a lo que le preguntan fue también la de Camps en el debate del martes: "Nos quitan el agua y ahora nos quieren quitar también el orgullo de ser valencianos", dijo con aplomo. Con todo ello, la Comunidad Valenciana se está convirtiendo en una anomalía política dentro del sistema. Y el comportamiento de sus gobernantes, en un motivo de vergüenza para los valencianos que conservan un mínimo de dignidad. EL PAÍS. 1-10-2009