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Puede ocurrir en una localidad almeriense como El Ejido o en pleno corazón de la Generalitat valenciana, en los ayuntamientos de la periferia de Madrid o en un templo de la burguesía catalana como el Palau de la Música. Por mucho que intenten desviar nuestra atención hacia los «individuos corruptos», la corrupción se ha convertido en un cáncer sistémico de la política española. Detrás de cada uno de los casos de corrupción hay auténticas tramas de pillaje, cuyos nódulos no son los Bigotes o Correas de turno, meros testaferros ejecutores, sino «venerables» empresas y prohombres políticos, hermanados para vaciar las arcas públicas, para robar -con una impunidad que traspasa la raya de la indecencia- el pan de todos.
Rafael Correa, rincipal imputado en la trama Gürtell, ha pasado a las páginas de los periódicos con el sobrenombre de “Don Vito”, en clara alusión al patriarca mafioso de los Corleone.¿Pero eran realmente personajes de la calaña y estatura de Correa, “El Bigotes” o “El albondiguilla” las cabezas de la red corrupta que ha sacudido al principal partido de la oposición? ¿Puede siquiera pensarse en que lo fueran?Correa y su pandilla no eran más que los intermediarios, los que a través de una red de empresas pantalla negociaban los sobornos, conseguían los contratos y pagaban las comisiones. Utilizaron su puesto para medrar y conseguir aparatosas amistades políticas. Pero jamás pasaron de ser meros ejecutores del robo.Nos han disfrazado al vendedor de periódicos de “Don Vito” para que los auténticos jefes de “la familia” permanezcan a salvo. Sigamos el hilo de la trama y veamos a donde y a quien nos llevan nuestras pesquisas.El negocio más lucrativo del clan Correa consistió en canalizar diez millones de euros en comisiones ilegales, pagadas por siete constructoras y contratistas a cambio de adjudicaciones de importantes negocios inmobiliarios o de prestación de servicios públicos, y entregadas a alcaldes y altos cargos del PP de Madrid.Así lo afirma con pruebas documentales, el informe policial elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica sobre "vinculaciones de la organización con empresas adjudicatarias de proyectos o servicios públicos".¿Y quiénes fueron los “corruptores”, las empresas beneficiarias que pagaron las mordidas?Tropezamos con Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), totem oligárquico y miembro del selecto club bursátil del Ibex-35.Está documentado por la policía que FCC pagó casi dos millones de euros en comisiones -que se repartieron entre los dirigentes del PP Gerardo Galeote, Luis Bárcenas y concejales o alcaldes- a cambio de la adjudicación de obras como la conservación y reparación del arbolado urbano de Boadilla durante ocho años, o la concesión de la gestión de las basuras durante doce años.Servicios municipales extremadamente lucrativos, que el mismo informe policial califica como "de gran envergadura de medios y costes de adjudicación.Encontramos también a Martinsa, rey destronado del boom inmobiliario, que basó su expansión en la adquisición de suelo urbanizable en Madrid. Martinsa habría pagado dos millones de euros en comisiones a través de Gürtell, para hacerse con el suelo en el que se levantarían cientos de viviendas en Arganda del Rey.O también a Constructora Hispánica, una de las principales empresas no cotizadas del sector, que pagó más de cuatro millones de euros en comisiones ilegales, a cambio de jugosas adjudicaciones, como las obras del aeropuerto de Barajas o del AVE. Lo mismo ocurre en el “Caso Millet”, el multimillonario saqueo -se empezó contando 2,5 millones malversados y “la factura” ya alcanza los veinte- de los fondos del Palau de la Música barcelonés-Las tres constructoras que aparecen implicadas en el pago de comisiones a la fundación de CiU -entre las que se encuentra el Grupo Copisa, uno de los pilares inmobiliarios catalanes- figuraron permanentemente, durante los años de gobierno de Jordi Pujol, entre las cinco empresas con más adjudicaciones públicas, captando obras por valor de 35,1 millones de euros.Encontramos una correlación directa entre el pago de comisiones, a través de los fondos del Palau gestionados por Millet, a la fundación de CiU y el trato de favor otorgado por la Generalitat. El 80% de las empresas que aportaron dinero a esta fundación obtuvieron a corto plazo jugosos contratos de la Administración autonómica, concesiones administrativas o recalificaciones de terrenos para desempeñar sus proyectos de futuro.Entre las empresas que compraron los favores encontramos a la flor y nata del mundo empresarial y financiero catalán. Aguas de Barcelona, participada por La Caixa, donó a través de Applus 90.000 euros a la fundación de CiU, y se le prorrogó por resolución urgente la gestión de la Inspección Técnica de Vehículos. Catalana Occidente “aportó” 60.000 euros, y el gobierno de Pujol aprobó la polémica ampliación de las pistas de esquí de Baqueira Beret, propiedad de la aseguradora.La misma historia se repite en todos los casos de corrupción. Un selecto club de “corruptores” que pagan millonarias mordidas, una trama de “canalizadores” y “ejecutores” pueden ser Correa y Orange Market o Millet y el Palau de la Música -el mayor o menor glamour social no afecta a la naturaleza del delito- y una partitocracia que se nutre y financia de las comisiones.Y en el escalón más bajo de esa cadena trófica de depredadores estamos la gente, comprobando como el dinero público, el dinero de todos, se roba a manos llenas.Las tramas corruptas monopolizan las adjudicaciones, imponen unos precios inflados o muy superiores a los de mercado, pagados por el erario público, y los grandes partidos reciben la mordida que santifica la unión de las élites privadas y públicas. ¿Por qué no se inculpa a Esther Koplowitz, como máxima accionista de FCC, por haber pagado comisiones ilegales? ¿Por qué no se persigue a Agbar o Catalana Occidente por participar de la trama corrupta del Palau?No, ellos son “venerables” empresas y “honrados” hombres de negocios. Se levanta un cortafuegos para que no les alcance el incendio, y todo el peso de la ley se reduce a golpear a los Bigotes, Correas y Almondiguillas de turno.Después aparecerán otros Correas, y FCC, Martinsa, Construcciones Hispánicas, Agbar o Catalana Occidente seguirán robando impunemente las arcas públicas.