Cargando...«Sorpresas te da la vida», decía la canción de Rubén Blades. Y sorpresa fue la palabra más oída ayer en el Ministerio de Empleo, donde nadie salía de su asombro tras conocer que los consejeros del Consejo Económico y Social (CES) que representan a la patronal CEOE decidieron respaldar un dictamen -no vinculante- que arremete contra la reforma de las pensiones propuesta por el Gobierno.
Lo que sorprendía en el departamento de Fátima Báñez es que la patronal ha repetido de forma recurrente la necesidad de desligar la actualización de las pensiones de la evolución del IPC. Y eso es, precisamente, lo que hace el texto remitido por el Gobierno al órgano de consulta en materia de relaciones laborales y económicas. Ahora, sin embargo, la patronal se desdice de sus planteamientos, y se muestra en contra del nuevo índice de revalorización de las pensiones, que no garantiza el poder adquisitivo.
Hace pocos días, José María Lacasa, secretario general de la CEOE, había dicho que se debería “desvincular pensiones del IPC e introducir nuevas variables», como la esperanza de vida, el porcentaje entre cotizantes y perceptores o la evolución de los datos macro, entre otras cosas. Y al comienzo del verano, en la Comisión del Pacto de Toledo, el propio Lacasa utilizó los mismos argumentos. Era hora de abandonar el IPC.
Ahora, sin embargo, donde dije digo, digo Diego, y en el dictamen del Consejo Económico y Social se dice que “dada la inmediatez de la propuesta de entrada en vigor, fijada para 2014, el CES considera que con este índice, que busca ser un mecanismo automático que permita la adecuación de las cuentas públicas del sistema de la Seguridad Social, se produce una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones en contextos de crisis como el actual, que en principio no llegaría a recuperarse”. Para los consejeros del CES, “deberían establecerse medidas que complementen a las reformas proyectadas tendentes a la recuperación del poder adquisitivo cuando las circunstancias lo permitan, en el medio o largo plazo”.
Ni clases ni cuantías
No sólo eso: según los consejeros del CES, el Gobierno propone la utilización lineal del índice de revalorización para el conjunto de pensiones contributivas del sistema, “sin diferenciar por clases ni cuantías, lo que a juicio de este Consejo actuaría en contra de la equidad del sistema de pensiones”. Y se pone como ejemplo que en torno al 50% de las pensiones contributivas se sitúan por debajo de los 650 euros mensuales, y que el 27,7 % de las pensiones tienen complementos por mínimo, al no alcanzar la cuantía mínima del sistema.
Para rematar su crítica, los autores del dictamen aseguran que la fórmula del índice de revalorización se basa en estimaciones y previsiones de múltiples variables en el largo plazo que, además de estar sujetas a un alto grado de incertidumbre, muestran un margen de error. Además, existe un alto grado de discrecionalidad en la aplicación de la fórmula, en la medida en que algunas de sus variables dependen de decisiones políticas. Y en este sentido, el CES echa en falta una mayor transparencia en la determinación de la fórmula, para lo cual considera necesario que se clarifique “cuáles son los determinantes concretos de la misma, a fin de no generar confusión y alarma entre los beneficiarios del sistema de la Seguridad Social”.
La conclusión del informe no ofrece dudas. El CES aconseja al Gobierno que reconsidere la oportunidad de sustituir la regulación actual, que garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones a favor del índice de revalorización, que podría conllevar una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones.
El informe del CES, como se ha dicho, no es vinculante, pero es muy significativo debido a que está respaldado por los sindicatos y empresarios, que históricamente han sido los interlocutores del Gobierno en materia de pensiones. La gran mayoría de las reformas que afectan a la Seguridad Social han sido, de hecho, avaladas por UGT, CCOO y la CEOE.
Entre los argumentos que han dado los empresarios para cuestionar el anteproyecto de ley remitido por el Gobierno -aparte de los reflejados en el dictamen- se encuentra la necesidad de respetar el clima de consenso en el que normalmente se desenvuelven las discusiones en el CES. Si bien es cierto igualmente que en esta ocasión se critica también la forma que ha llevado el Ministerio de Empleo las negociaciones con los agentes sociales, a quienes prácticamente se ha marginado en la toma de decisiones.
El significado estratégico de esta posición es una ruptura, de hecho, del Pacto de Toledo, que se manifestará con toda crudeza durante la discusión del proyecto de ley, que debe entrar en vigor antes del 31 de diciembre. La filosofía de aquel acuerdo, firmado en 1995, era sacar las pensiones del debate político, algo que, en realidad, nunca se ha conseguido.