La batalla de los Presupuestos continúa

La pugna en torno a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) acordados entre PSOE y Unidos Podemos sigue abierta. Aunque el juicio contra los líderes del ‘procés’ la dificulta, el ejecutivo quiere insistir en seguir negociando con las fuerzas políticas para aprobarlos. Sin embargo, abre la puerta a prorrogar los Presupuestos de Rajoy como “plan B”

Pedro Sánchez no tira la toalla en su empeño por que se aprueben los PGE acordados con Podemos, unas cuentas públicas que recogen medidas y políticas -aumento del SMI a 900€, revalorización de las pensiones, aumento del gasto social…- favorables a los intereses populares

El juicio contra los líderes del ‘procés’, en el que la Fiscalía ha pedido 25 años por rebelión, ha dinamitado en el corto plazo cualquier posibilidad de que ERC o el PDeCAT voten favorablemente el proyecto de Presupuestos pactado entre PSOE y Unidos Podemos. Quim Torra ha declarado que “ni se sentarán a negociar los Presupuestos del Estado mientras continúe la vulneración de derechos” de los líderes encarcelados. Por su parte Casado y Rivera han exigido por enésima vez al PSOE que renuncie y convoque elecciones inmediatamente.

Pero Pedro Sánchez persiste y se niega a dar por perdida la legislatura. El Ejecutivo mantiene las negociaciones bilaterales con diferentes fuerzas políticas y espera que con el paso de los días o las semanas, al menos el sector más pragmático del independentismo catalán se avenga a las mismas razones que les hicieron apoyar la moción de censura. Curiosamente quien mejor ha sintetizado esa posición -llamando a “reflexionar” a Torra y Puigdemont- ha sido el expresidente de la Generalitat, Artur Mas. “Hay que hacerse esa pregunta, evidentemente [si conviene un Gobierno del PSOE o ir a elecciones]. Porque si no hay un gobierno Sánchez-Podemos, habrá un gobierno PP-C´s”.

Sánchez ha reiterado que no convocará elecciones, y su ministra de economía, Nadia Calviño, ha asegurado que “el Gobierno español está por supuesto determinado a tratar de llevar adelante el plan presupuestario en que estamos trabajando para conseguir consensos, porque pensamos que son los presupuestos que España necesita”. Este, ha dicho Calviño, es el “Plan A” de Moncloa, y ha pedido que no se mezcle la negociación de las cuentas públicas y con “otras cuestiones” que no son del ámbito del Gobierno, como los casos judiciales.

Pero si el gobierno no consiguiera los consensos necesarios para aprobar unas nuevas cuentas, Calviño ha avisado de que el “Plan B”… es prorrogar los presupuestos vigentes (los de Rajoy) “realizando ajustes puntuales”.

Ante esa posibilidad, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha lanzado una advertencia a Sánchez: que negocie los Presupuestos con los nacionalistas o vaya a las urnas. En clara clave electoral, la dirección morada se prepara para señalar al Ejecutivo como responsable del fracaso de que no haya Presupuestos y de que las cuentas del PP se mantengan vigentes vivas un año más.

Hay otros caminos para tener nuevos presupuestos

¿No hay otra forma -como insiste Pablo Iglesias- para aprobar los PGE de 2019 que negociando (y por tanto haciendo inevitables concesiones) a los nacionalistas? ¿No hay más caminos?

Hace unas semanas, Ciudadanos decidió romper el frente que mantenía con el PP en la Mesa del Congreso para bloquear la proposición de ley de estabilidad que podría permitir la aprobación de las nuevas cuentas públicas. La formación naranja se desmarcaba así de un PP con un presidente, Pablo Casado, cada vez más escorado a la derecha y radicalizado en la línea de los movimientos populistas de derecha que avanzan en Europa bajo la sombra Trump. Y sugería la posibilidad de eliminar la capacidad de veto del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, a los Presupuestos.

La posición de la dirección de Ciudadanos ante los PGE pactados entre PSOE y Podemos es bien conocida. Sus diferencias con cuestiones clave como la subida de impuestos a las rentas más altas, o la subida del SMI son obstáculos que no se pueden obviar. Pero esas discrepancias entre las cúpulas políticas se allanan cuando se les pregunta a sus votantes.

Según recoge El País en su análisis sobre el barómetro de octubre “el 79% de la población cree que la subida del salario mínimo es urgente. Hasta un 27% de los votantes del PP dicen que su partido debería apoyar los Presupuestos. En Ciudadanos, son un 41%”

Si las últimas encuestas del CIS han revelado que una gran parte de los votantes de Ciudadanos (e incluso del PP) están de acuerdo con puntos sustanciales de los PGE. ¿Por qué entonces no se pueden llegar a acuerdos?

El cambio de postura de Ciudadanos -aunque tibio, condicional y apenas indiciario- pone de manifiesto que si hubiera voluntad política, sí se pueden aprobar unos Presupuestos que están dictados bajo la influencia de lo que hemos llamado el “viento popular” y la movilización social que recorre la sociedad española. Que sí se pueden aprobar estos PGE sin tener que pagar “peaje” a las fuerzas independentistas, precisamente lo que tanto quiere impedir Ciudadanos. Está en su mano evitarlo. ¿Por qué no?

Y Bruselas ¿qué opina de esto?

No es ningún secreto que las cuentas de PSOE y Podemos no son del agrado de Bruselas ni del FMI. Pero la inestabilidad de la situación europea -que abarca desde el enfrentamiento con el díscolo gobierno italiano, las fricciones comerciales con Washington, las negociaciones del Brexit, o el inestable panorama político alemán- hacen que las potencias centrales de la UE, Alemania y Francia, necesiten contar con el gobierno español. No pueden llevar un conflicto simultáneamente contra Roma y Madrid. Por esta vez, los desajustes de los PGE de Sánchez no serán vetados, como sin duda lo habrían sido hace años.

Pero eso no quiere decir que Bruselas no esté presente, entre bambalinas, en la batalla de los presupuestos española. Aunque no ahogen al gobierno de Sánchez, sus declaraciones “dudando” de las cuentas son un punto de apoyo a las tesis de Casado o de Rivera. “Existe incertidumbre sobre el rendimiento de algunas de las nuevas medidas fiscales”, como “el impacto fiscal del aumento previsto del salario mínimo”, ha dicho el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.

La batalla en torno a unos PGE bajo la influencia de la mayoría progresista

Los PGE acordados entre PSOE y Unidos Podemos están en una dirección de avance de las exigencias populares. Están elaborados bajo la influencia de lo que hemos llamado el “viento popular” y la movilización social que recorre la sociedad española. Proponen medidas que -independientemente de la valoración política que se tenga sobre su contenido- favorecen a amplios sectores de la población, como un importante aumento del gasto en políticas sociales al mismo tiempo que suben impuestos a las rentas más altas y a las grandes empresas del Ibex-35.

La lucha por materializar la aprobación de los PGE o por torpedearlos y boicotear su trámite parlamentario es una de las principales batallas del panorama político, y va pareja a la batalla por la propia pervivencia del gobierno Sánchez, un ejecutivo que para importantes sectores de la oligarquía ha hecho “demasiadas concesiones”. Por ello lo han sentenciado como “el gobierno que no puede ser”, y se han conjurado para crearle el máximo de presiones y turbulencias, con el objetivo de obligarle a convocar nuevas elecciones, o al menos para limitar al máximo su margen de maniobra e iniciativa.

Pero el gobierno de Sánchez, a pesar de todas las dificultades y de una bronca política incesante, insiste en mantener la iniciativa y en que “sí puede ser”.

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