Cargando...La Unión Europea se va a convertir en su mejor aliado. Los bancos esperan que los inspectores de la troika que analizarán el decreto antidesahucios de la Junta tumben esta norma impulsada por la Consejería de Fomento y Vivienda del Gobierno andaluz. “Esperamos a ver qué dice la Unión Europea; está claro que no es el mejor momento para hacer este tipo de cosas”, subrayan a El Confidencial fuentes financieras andaluzas.
El presidente de Unicaja, Braulio Medel, ya mostró su rechazo al decreto de función social de la vivienda de la Junta de Andalucía, que prevé expropiaciones temporales de viviendas a los bancos. “No va a ser bueno para el sector inmobiliario, cuya salida de la crisis será más larga y penosa: bajará la inversión en vivienda y la intención y el interés de los bancos”, resaltó Medel.
El portavoz del Comisario de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, Simon O’Connor, ha adelantado que los inspectores de la troika (formada por la Comisión, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) analizarán la próxima semana en su tercera visita a Madrid si el decreto en tramitación se ajusta a las condiciones del rescate bancario de hasta 100.000 millones de euros concedido por el Eurogrupo a España.
La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, no se amilana y ha desafiado al Gobierno central y la UE a acatar el decreto ley de función social de la vivienda convalidado por el Parlamento autonómico. «Deben obedecer al pueblo andaluz, que soberanamente y conforme a la Constitución ha aprobado un decreto ley sin ningún voto en contra», remarcó Cortés.
En su argumento, la denominada consejera escrache califica de «sorprendente» que la troika censurase el decreto antidesahucios de la Junta cuando todavía se está tramitando, teniendo en cuenta que el Tribunal de Luxemburgo ha tardado 20 años en apercibir al Gobierno central por incumplir mediante la ley hipotecaria la normativa comunitaria de protección de los consumidores.
La supuesta aparición de una carta de Bruselas al Gobierno Central contra esta medida de la Junta de Andalucía ha convertido al presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, en un inesperado antieuropeísta. La misiva no se ha hecho pública y el portavoz del Ejecutivo socialista, Miguel Ángel Vázquez, habla de “coartada” por parte del Gobierno. “Es una norma de indudable calado social y, por ello, ha tratado de buscar argumentos falsos para justificar lo que sería injustificable”.